Canarias esta mal: social, económica y políticamente. Las cifras que se exponen a continuación (cuadro 1), pocas pero contundentes, así lo demuestran.
A pesar de nuestro potencial turístico, estamos en el furgón de cola de las autonomías españolas. Todo esto se debe a los sucesivos y continuos gobiernos de Coalición Canaria.
Pero esto ha de terminar: llega la Hora Cero para los canarios.
Tres son las cosas a cambiar.
- Nuestro sistema electoral.
- La organización administrativa de Canarias.
- Potenciación de nuestros cabildos.
Pero antes de desarrollar estos tres apartados, lo que ya se ha hecho por muchos, incluido el que esto escribe, es necesario y fundamental considerar, qué geografía y grupo humano queremos reformar. Canarias es un archipiélago, con dos provincias y ocho islas habitadas y esto nos condiciona. No se pueden reformar los tres apartados antes citados, ni el gobierno de Canarias, sin tener en cuenta esta singularidad. No se pueden aplicar formulas iguales a las de cualquier autonomía española, como se ha hecho desde la preautonomía, aunque hay formulas parecidas y utilizables, como la vasca, que más adelante comentaremos. El vivir en islas nos condiciona a todos los canarios y es la isla y sus habitantes los que deben ser los protagonistas de su organización y gobierno, con las limitaciones necesarias. Recordemos:
En 1927 bajo la dictadura de Primo de Rivera, el gobierno de la Nación atendió, ¡por fin!, las continuas peticiones de Gran Canaria, creando dos provincias, cada una con su Diputación (ya antes en 1912 la Ley de 1 de julio y el Reglamento del 12 de octubre, tutelados por Leopoldo Matos, habían creado las dos provincias, pero no llegaron a ponerse en funcionamiento, por la habilidad tinerfeña que logro parar este primer intento). Las diputaciones provinciales fueron sustituidas por dos mancomunidades provinciales y constituidas por los cabildos de las mismas: Mancomunidad de Las Palmas por los de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y Mancomunidad de Tenerife para los de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. Todo esto acabo con la provincia única y su diputación, con la consiguiente pérdida de poder de Santa Cruz de Tenerife. La creación de la Autonomía canaria y su Estatuto por Ley Orgánica en 1982, significo una marcha atrás del poder cabildicio y la desaparición de las dos mancomunidades. Debido a ello se han producido numerosas irregularidades en la Administración canaria. A continuación exponemos algunas:
1.- La negativa del Gobierno a ceder competencias a los cabildos, como recoge el Estatuto Canario, titulo 1º sección 3ª y cuando se ha hecho alguna (a cuentagotas), el Gobierno sigue manteniendo el control de lo que transfiere.
2.- La duplicidad de las sedes de Gran Canaria, creando las mismas en Tenerife, controlando sus competencias y minimizando las de Gran Canaria. El ejemplo más escandaloso es la Consejería de Economía y Hacienda, que por Ley corresponde a Gran Canaria.
3.- La Organización administrativa canaria, en la cual se establece la triple paridad en nuestro sistema electoral, lo que significa que el voto del 80% de la población de Gran Canaria y Tenerife vale lo mismo que el 20% restante, el Hierro, Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Como curiosidad, que no entiendo, en nuestro Estatuto no aparece la palabra provincia.
4.- Creación y aumento del centralismo del Gobierno canario, instalado ya en Tenerife y sin posibilidad de alternancia cada cuatro años.
5.- Manipulación de las finanzas canarias para favorecer, siempre que pueden a Tenerife (véase el ultimo reparto del ITE)
¿Para qué seguir?
Desarrollemos los tres apartados antes indicados, cuya reforma es ineludible y urgente.
Nuevo sistema electoral. Para enjuiciar este apartado nos hemos basado, aparte de lo mucho escrito desde el inicio de la etapa autonómica, en el libro de Demócratas para el cambio titulado Textos para la reforma electoral canaria y más concretamente en los artículos nº 1, El sistema electoral canario, de Fernández Esquerra y Ramos Montero, y en el nº 6, La desproporcionalidad del sistema electoral canario, de Álvarez Gil. Dicen los primeros que en Canarias se optó por la circunscripción territorial insular, en lugar del nº de sus habitantes, constituyendo una "extravagancia", por dos motivos: La triple paridad, que como todos sabemos, significa igualdad de votos entre Gran Canaria y Tenerife, igualdad de votos entre ambas provincias e igualdad de votos entre las cinco islas periféricas y las dos capitalinas y a esto se añade el doble umbral electoral del 30% a nivel insular y del 6% a nivel autonómico. Todo ello desvía excesivamente la representatividad de la población de cada isla y produce una gran cantidad de votos desechados; además no se revisan los criterios de población por isla, así p. e. Fuerteventura, con más habitantes que La Palma tiene un diputado menos. El autor califica a nuestra Ley electoral de "extravagante" y de producir una exorbitante desigualdad del voto; añade, además, que la triple paridad carece de sustento jurídico en nuestro Estatuto de Autonomía.
El segundo de los artículos citados, el de Álvarez Gil, incide en las barreras electorales del 30% insular y del 6% regional y añade que un instrumento normativo, llamado a ser temporal, contiene toda la regulación de nuestro sistema electoral y también repite los mismos argumentos respecto a la triple paridad.
Hay más intervenciones en el mismo sentido casi todas, pero seria prolijo repetirlas.
Mi opinión, menos docta que las anteriores, dicha repetidamente es: nuestro sistema electoral es inmoral democráticamente hablando y además injusto, perverso, ilegal, antidemocrático y más cosas. La consecuencia más llamativa es el alejamiento del principio "un hombre, un voto", limite utópico, que al parecer no alcanza ningún sistema electoral europeo, pero todos incluido el nacional, mejores y más justos que el canario.
Principales culpables, Coalición Canaria y el presidente Clavijo.
Clavijo ha sido rotundo, cuando desde diferentes ángulos se le presiono para modificar nuestra Ley electoral, dijo: "La triple paridad no se toca", pero luego para taparnos la boca, creó una comisión parlamentaria, hasta ahora callada. Cuando a nivel nacional se empieza a cuestionar la ley D'Hondt, por la que se rige nuestras elecciones nacionales, mucho más justa que la aberrante Ley canaria, esta no se "toca", pues Coalición Canaria depende de ella para seguir gobernándonos. Culpa tienen también PP y PSOE que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para desbancarla y siempre acaban pactando, uno u otro, con Coalición Canaria.
Para terminar este apartado, mi propuesta, que no es nueva, es la que sigue:
Listas provinciales, a razón de un diputado, por cada 50.000 habitantes o fracción por isla y dos diputados por cada Cabildo. Según el censo actual la composición del Parlamento canario quedaría como se aprecia en el cuadro 2.
Nueva organización administrativa. La propuesta que sigue ha sido reiterada por el Grupo de opinión Tamarán desde hace 21 años y después por diferentes miembros del mismo, entre los que me encuentro.
Añado, todos los isleños, de cualquier isla, sentimos que nuestra institución más representativa y querida es el Cabildo de su isla. Esta afirmación, rotunda, no es exagerada y viene considerándose así desde su creación en el año 1912.
Por ello, ha de recuperase el protagonismo de los cabildos y volver, con matices y actualizaciones, a la situación de 1927 y la reforma de 1972 y ello aunque me tachen de insularista, palabra tergiversada, sobre la que hablaré más adelante. Esto significa, obviamente, la disminución de tamaño del Gobierno regional, procediendo de la siguiente manera:
1.- Reducción de consejerías en el Gobierno canario a cuatro: Presidencia, Sanidad, Educación y Hacienda. Esta última administraría los dineros suministrados por el Estado Español, la Unión Europea y un porcentaje del 20%, aportado por cada isla, como solidaridad, cuya administración llevaría una comisión mixta Gobierno / cabildos.
2.- Los cabildos recaudarían el 20% antes citado y habría que decidir su reparto p. e. en función de su PIB per cápita y qué cantidades recibirían o aportarían cada uno. De todas formas esta es una cuestión "vidriosa" y habría que ver qué variables macro y microeconómicas se escogen.
3.- Modificación de la Ley Electoral, como ya se ha dicho anteriormente.
Insularismo. Esta palabra tiene mala imagen en los medios y entre muchos políticos. A los insularistas se les tacha frecuentemente de insolidarios, egoístas y excluyentes y esto ni es cierto ni responde a la realidad; todas estas características difundidas intencionadamente al constituirse la Autonomía Canaria, ignoran la realidad del isleño, que por serlo, tiene ese sentimiento innato, no pensado y si sentido; es su idiosincrasia natural y siempre fue así, quiere a su isla, aprecia a sus paisanos y se siente bien en la sociedad en que vive.
El nacionalismo representado por Coalición Canaria sí es insolidario, egoísta y excluyente; al propagar tergiversadamente la palabra "insularista", se han autodefinido.
Amable y sufrido lector, si has terminado de leer este largo artículo, me atrevo a sintetizarlo, en tres frases:
Cabildos ahora, ya.
Triple paridad, fuera.
Coalición a la oposición.
