Habría que remontarse décadas atrás con el malogrado Joaquín Casariego al frente del Plan de Barrios o a Eduardo Cáceres en la dirección del PGOU capitalino para encontrar señales en esta ciudad de un urbanismo social, cuya finalidad no fuese otra que convertir al vecino en el centro de una disciplina capaz de aumentar su bienestar social, cultural y educativo. Suena fácil o casi lógico, pero más bien ha sido -y esperamos que amaine- todo lo contrario. Igual que la bonanza económica fomentó una ingeniería financiera, otro tanto de lo mismo ocurrió con la alianza entre urbanismo, especulación y corrupción. Los grandes perdedores del fenómeno son desde hace tiempo los habitantes: una y otra vez desplazadas, pospuestas o fulminadas sus propuestas para obtener espacios libres, o para dejar de ser meras marionetas entregadas por las instituciones a promotores, constructores o multinacionales que devoran el suelo comunal sin cortapisas. Salvo excepciones muy contadas y testimoniales -vamos a llamarlas consoladoras-, el urbanismo de esta capital es un fiel reflejo del poder económico, y muy poco o nada de las necesidades de sus vecinos.
Sin que uno se entregue al aplauso con fervor ruidoso, y consciente de que los caminos son largos, tortuosos y tentadores, creo -y sólo es una impresión- que la actuación que propone el Tripartito municipal para el Cono Sur de LPGC con dinero europeo, llamada estrategia DUSI, constituye un cambio de ciclo frente al amancebamiento pelotazo/ladrillazo. No es lugar este para desgranar cada una de las propuestas de una iniciativa que pretende, por encima de todo, que el urbanismo contribuya a elevar los niveles de bienestar de un zona altamente degradada, castigada por el paro, llena de desarraigos socioculturales, con un fuerte deterioro paisajístico, con una potente vejez estructural, plagada de obstáculos para la movilidad vecinal... No sería exagerado concretar que por primera vez, desde hace décadas, nos encontramos con un urbanismo que retorna al carácter restaurador -en el más amplio sentido- que le fue usurpado en beneficio de unos discursos políticos -de la derecha y la izquierda- que entregaron sus competencias de salvaguarda a la iniciativa privada. El experimento tuvo resultados muy desagradables: la mancha de aceite de la corrupción, uno de los más sangrantes. Otro: la sensación o percepción por parte de la sociedad de que el urbanismo forma parte de un universo oscuro, no apto para el resto de los mortales, del que sólo le corresponden migajas en forma de porciones mínimas de zonas verdes.
En cuanto a la experiencia del Cono Sur, al menos en el enunciado, parece que hay una recuperación por parte del poder público sobre el espacio común. Vuelve otra idea del urbanismo que se nos antoja esperanzadora ante desastres tan llamativos como Tamaraceite, Siete Palmas o la salida de Guanarteme, todos ellos epicentros de masificación comercial con aprovechamientos extraordinarios del suelo. Quizás es verdad que por una vez se va a actuar de otra manera. Los ciudadanos de los barrios necesitan un chute de autoestima, y no seguir viéndose como meros comparsas de un crecimiento que parece querer llevarse por delante un modelo de vida.
