La escuadra, el instrumento que el albañil emplea para levantar su obra, es la imagen que mejor ilustra lo que es una norma jurídica. Una norma es guía, porque indica la línea recta que se ha de seguir para que la construcción progrese. Es también medida, porque permite evaluar, contrastar y corregir todo aquello que se desvíe, en evitación de que el edificio se derrumbe.
La Constitución española del 78 ha desarrollado, a manera de escuadra, esta eminente función civilizatoria. La Constitución ha guiado durante las últimas cuatro décadas, en medio de cambios inauditos y profundas transformaciones sociales, locales y globales, el curso de la sociedad española. Ha impregnado a partir de los valores esenciales en ella proclamados -libertad, justicia, igualdad y pluralismo político- el comportamiento de ciudadanos e instituciones. Ha establecido principios de Derecho inamovibles que amparan los derechos de la ciudadanía, así como instituciones que permiten el desarrollo de la autonomía de los territorios, con sus culturas políticas específicas. La Constitución ha fungido, en fin, como la medida, lo que ha permitido contrastar los conflictos jurídicos y políticos, propios de una sociedad democrática como la española, para someterlos a un juicio sobre su constitucionalidad.
Próximos a la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la vigencia de la Constitución, hemos de saber apreciar como se merece el conjunto de una obra que, desde su momento fundacional, ha sido fruto del esfuerzo colectivo, resultado de un pacto.
La Constitución no es, sin embargo, un programa cerrado al que tengamos que adherirnos para siempre en sus propios términos. Como corresponde a toda construcción democrática y pluralista, establece las reglas básicas de convivencia, pero no determina las opciones de las diferentes fuerzas políticas. Son éstas las que han gobernado, con aciertos y errores, contraviniendo en ocasiones el marco constitucional. La Constitución parte del supuesto de que la sociedad, de la que emana, es una sociedad donde el conflicto (social, político, económico, cultural, generacional, ambiental, territorial, de género) existe y, éste, como la realidad misma, cambia de forma acelerada. Se podría decir que, después de la Transición, la dinámica que impulsa la globalización es la fuente más importante de los conflictos a los cuales nos enfrentamos. Debemos preguntarnos, entonces, si no es hora de llevar a cabo los cambios que la Constitución precisa para que siga cumpliendo la función de guía y de medida que la realidad nos está exigiendo.
Las condiciones actuales para hacer efectiva su reforma son muy distintas de las que presidieron el nacimiento de la Constitución. No cabe esperar el grado de consenso o de compromiso que se dio entonces, entre otras razones porque no se trata de trazar las reglas fundamentales, sino de reformar aspectos parciales que mejor permitan revitalizarla. Hemos de tener en cuenta la fragmentación actual de las fuerzas políticas, los cálculos electorales que éstas traen consigo, al ser portadoras de nuevas reivindicaciones. También hay que tener presente que los cauces constitucionales para llevar adelante su propia reforma son muy estrechos (al ser reglas diseñadas para garantizar el pacto constitucional que está en su base) por lo que cualquier reforma que se pacte en el Parlamento tendrá que pasar la prueba de un referéndum, al que el pueblo español será inevitablemente convocado.
En estas circunstancias, la reforma de la Constitución se presenta, al tiempo, como una tarea necesaria y compleja de gestionar. Son dos los escollos que amenazan su realización: el inmovilismo -creer que nada ha cambiado, que todo va bien- y el adanismo, es decir, que hay que remover sus cimientos en aras de fabricar una Constitución de partido. En medio de estos dos extremos se abre un espacio donde tiene que lucir la responsabilidad de ajustar la Constitución a la realidad, para que continúe fungiendo como norma duradera. Una realidad que pide a gritos, principalmente, abordar los conflictos territoriales y revertir las desigualdades sociales existentes. Alrededor de estos dos focos, se abren a la discusión otros muchos aspectos, algunos técnicos, otros más de fondo, como la calidad del proceso democrático, la independencia de la justicia o la adecuación de la Constitución a la UE y a los espacios económico y tecnológico globales. Ser leales a la Constitución supone hacerse cargo de la necesidad de su reforma, para que continúe siendo la escuadra, que es guía y medida.
