Todo Estado territorialmente complejo (ya sea una Federación, ya un Estado regional, ya nuestro Estado autonómico) es, antes que nada, una asociación de quejosos, llorones, pedigüeños y agraviados a causa de los pretendidos privilegios y desigualdades de alguno o algunos de los entes políticamente descentralizados que lo integran. El reparto de los dineros siempre ha sido una cuestión sumamente espinosa en los Estados compuestos. Además, resulta inevitable que ello ocurra así, porque, ¿cómo si no podrían justificar los barones o príncipes territoriales ("die Fürsten", precisamente, se les llama de forma irónica en Alemania) las eventuales ineficiencias de sus respectivos gobiernos y administraciones? Por supuesto, la queja puede alcanzar la excelsitud del mito en aseveraciones apodícticas como "España nos roba" o "Roma ladrona", pero no hace falta llegar en los gemidos a tales cumbres de falsedad. No sólo se califica de intolerable que otras regiones, comunidades, provincias, cantones, Estados miembros o Länder tengan mayor riqueza y mejores servicios públicos en sanidad, educación y asistencia social, entre otros, sino que se considera un atentado al principio de igualdad, y de ahí las airadas exigencias de redistribución y nivelación dirigidas aparatosamente a la instancia central, reclamando solidaridad. Solidaridad que los territorios más ricos juzgan, naturalmente, un inicuo expolio a favor de los connacionales más vagos y en detrimento de los más industriosos.
En todo esto no hay nada que nos pueda sorprender, y otro tanto sucede en el seno de la Unión Europea. Ahora bien, muy a menudo las demandas de solidaridad concluyen en propuestas de uniformidad contrarias a la esencia misma del autogobierno propio de las unidades componentes de los Estados complejos. Justamente lo que distingue a éstos es, en efecto, la diversidad de políticas en el ámbito competencial de cada una de esas unidades, según las orientaciones recibidas de la ciudadanía en los correspondientes procesos electorales. Nada más lógico que una Comunidad Autónoma gobernada por la izquierda tenga una política tributaria (de mayor esfuerzo fiscal) y presupuestaria (de mayor gasto social) diferente de otra Comunidad gobernada por la derecha. Algo tan obvio resulta, sin embargo, difícil de entender por muchos conciudadanos nuestros. Así, por ejemplo, un precepto constitucional como el contenido en el artículo 139.1, según el cual "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado", suele interpretarse en un sentido uniformizador totalmente incompatible con el Estado autonómico, como ha declarado desde el principio el Tribunal Constitucional. Cuando en realidad lo que establece el precepto es la igualdad de todos los ciudadanos avecindados en una Comunidad Autónoma, independientemente de su procedencia geográfica, ante las normas y las instituciones de la misma.
Lo curioso es que esta mala inteligencia del autogobierno de cada Comunidad Autónoma, esta falta de cultura federal como cultura de la diferencia, tiene lugar igualmente en la, para tantos de nosotros, siempre modélica Alemania. Así, en un estudio reciente, el profesor de Ciencia Política Roland Sturm, catedrático en Erlangen-Núremberg, comienza afirmando que a los ojos de muchos alemanes el federalismo no es más que una molestia. "La aspiración a ser un Estado unitario está realmente extendida", constituyendo "una proyección paternalista muy potente" que va más allá de los distintos partidos políticos. Añade que, aunque la Ley Fundamental no impone en absoluto la consecución de "condiciones de vida uniformes o equivalentes" en todos los Länder, esta equivocada creencia se halla muy popularizada y se traduce en "la exigencia absurda de un federalismo sin diversidad institucional, económica, cultural o social". El objetivo de semejante apelación a la uniformidad "no es solo la igualdad y la justicia, sino también -y en todos los partidos políticos- el de la eficiencia". Con ello se olvida, advierte Sturm, que el verdadero propósito del federalismo es acentuar la democracia y la separación vertical de poderes. Además, y como observa el periodista Patrick Bahners, lo que la eficiencia demanda no es la uniformidad, sino un "federalismo competitivo" que justifique el enorme gasto que suponen las administraciones paralelas de los 16 Länder.
Alemania, en fin, se lamenta Storm, es un país sin federalistas, en el que el federalismo como principio democrático ha caído en el olvido. En España, por el contrario, el Estado autonómico ha prendido, según acreditan reiteradamente las encuestas, en el espíritu ciudadano, en nuestra idiosincrasia institucional. Realmente la descentralización política emprendida en 1978 ha sido un gran éxito, tanto en clave democrática como de modernización y revitalización del país. Debemos, desde luego, mejorar la forma territorial del Estado construida en estas cuatro décadas, pero se trata, en mi opinión, de un modelo de distribución del poder muy consolidado. Choca, por tanto, la paradoja en que incurren aquellos (y no son pocos) que pretenden que una fórmula constitucional que consagra el derecho a la autonomía se transmute en otra que consagre el derecho a la uniformidad.
