A la espera de lo que ocurra alrededor de la manifestación convocada para mañana, sábado, se hace recuento de daños y balance de la situación tras las protestas y los disturbios de la semana pasada. En una primera aproximación, destacan los cientos de policías y manifestantes heridos, el número de detenidos, los grandes desperfectos causados en el mobiliario urbano, el saqueo posterior a los enfrentamientos y, en resumen, las imágenes que fijan los hechos en la memoria colectiva. En la batalla campal que tuvo lugar en Barcelona la noche del viernes sumaron fuerzas grupos violentos de origen diverso, independentistas y antisistema, muy organizados y bien pertrechados, que lograron poner en apuros a los limitados efectivos policiales. La tensión ha subido notablemente en Cataluña, donde el independentismo no desaprovecha la ocasión para hacer demostración de su fuerza y su determinación. El presidente del Gobierno español la ha sufrido en carne propia en su improvisada visita a la ciudad condal, en la que estuvo acompañado por un abucheo constante de los Comités de Defensa de la República y fue protegido por excepcionales medidas de seguridad.
Resulta evidente que la cuestión catalana no se reduce a un mero problema de orden público, que esta es la prioridad de la política española, y que para abordarla de forma correcta se necesita un gobierno fuerte y sólido. Los españoles se hacen cargo de la situación y se están mentalizando para enfrentarse a un contencioso que tardará en resolverse. La actualidad política está centrada exclusivamente en Cataluña, pero por fin con la implicación creciente de España entera. El tema monopoliza las portadas de los periódicos, acapara el ambiente electoral y atrae la atención internacional sobre nuestro país. La cuestión catalana absorbe la política nacional. Se reclama por doquier una solución, aunque todo el mundo asume que no será fácil y que, en cualquier caso, el actual gobierno en funciones no está en condiciones de alcanzarla. El modo de proceder de los soberanistas requiere una respuesta del Estado que en el panorama político presente solo puede dar un gobierno en plenitud de facultades y respaldado por una mayoría parlamentaria holgada y un consenso amplio en este punto de la sociedad española. La falta de un gobierno con una dirección política clara ha animado al movimiento independentista a provocar su momento de gloria.
La crisis catalana desemboca así, de manera inevitable, en la formación del próximo Gobierno. Conviene ir pensando en ello. Aunque Cataluña va a actuar en el ánimo de los electores hasta el último día, introduciendo la máxima incertidumbre en el voto, las encuestas hoy coinciden en general en apuntar tendencias firmes que permiten una evaluación preliminar de las diferentes opciones que tendrán los partidos después de las elecciones.
El favorito sigue siendo el PSOE. Pero, de confirmarse los pronósticos, Pedro Sánchez se encontrará en una situación más complicada que en la anterior investidura fallida. Puesto que, según los sondeos, no habrá conseguido su objetivo de aumentar la diferencia de escaños sobre sus rivales, deberá decidir y anunciar por adelantado si propone un acuerdo a Podemos y los nacionalistas catalanes o prefiere un pacto con el PP y Ciudadanos. La primera fórmula tiene el gran inconveniente que supondría integrar en el programa de Gobierno las demandas soberanistas, máxime en estas circunstancias, además de la exigencia de Podemos de estar en el Gobierno. Es preciso recordar que el mismo Pedro Sánchez esgrimió las diferencias sobre Cataluña entre ambos partidos como el principal obstáculo para un Gobierno de coalición. Un Ejecutivo apoyado por Podemos y los nacionalistas ofrecería, sin duda, un flanco débil a los independentistas y, por tanto, podría concitar un mayor rechazo entre los españoles, cada vez más atentos al impacto de la crisis catalana.
Los pasos recientes de Pedro Sánchez, espoleado por la actitud insumisa de los socios que colaboraron en el éxito de la moción de censura, apuntan en dirección a un encuentro con el PP y Ciudadanos, que se vería favorecido por la urgencia con que se impone actuar en el conflicto catalán. La fórmula consistiría en que estos partidos facilitaran su investidura con una abstención y tuvieran cierta permisividad con su Gobierno durante la legislatura, a cambio de un acuerdo programático cuyo cumplimiento someterían a una vigilancia estricta. Este Gobierno estaría anclado en las afinidades que hay entre los tres partidos en relación con Cataluña, en sintonía con las preferencias de la mayoría de los electores, pero quedaría expuesto a las discrepancias que mantiene el PSOE con el PP y Ciudadanos en muchos otros asuntos y su gestión podría verse lastrada por la profunda desconfianza mutua que han alimentado los tres en los últimos años.
En todo caso, Pedro Sánchez tendrá que hacer cesiones, mayores en la medida que el resultado de su partido en las urnas no mejore el de abril o sea peor, como auguran algunas estimaciones. Presidiría un Gobierno con dificultades para ejercer el liderazgo político. A poco más de dos semanas de las elecciones es muy improbable que el tripartito de la derecha consiga una mayoría suficiente para gobernar, pero no lo es tanto que supere al PSOE en número de escaños y Pedro Sánchez gratifique a Podemos y los nacionalistas con tal de evitar que el PP y Ciudadanos le impongan sus condiciones. Este es el escenario deseado por los partidos independentistas, también el de mayor riesgo para el PSOE, y es dudoso que allane el camino a una solución del problema catalán. Porque, en esta cuestión, a partir de ahora habrá que contar con la reacción del resto de España.
