Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

ANÁLISIS

Castigar al que contamina

Enfrentar la crisis climática exige que los actores sean correctamente incentivados; si los agricultores y forestales no reciben su justa compensación por los efectos beneficiosos de los cultivos y los bosques, la ecuación está mal y la transición energética irá coja.

Es probable que, en algunos meses, la Comisión Internacional de Estratigrafía acepte la denominación de Antropoceno para la época actual. Las consecuencias del incremento en el uso de los gases de efecto invernadero, los GEI, son cada día más patentes, aunque no es lineal establecer y delimitar las mismas. A raíz de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que entró en vigor en marzo de 1994, y el subsiguiente Protocolo de Kioto de 1997, se ha establecido un conjunto de normas para mitigar dichas consecuencias, siendo una de las más importantes el establecimiento de un régimen de comercio de los derechos de emisión de dichos gases (ETS, por sus siglas en inglés).

La Cumbre del Clima (COP25) que se ha celebrado en Madrid ha supuesto un paso insuficiente en el fortalecimiento de las herramientas que disminuyen los efectos más perniciosos de la actividad humana. Las más relevantes en relación con los Derechos de Emisión mencionados y con los pasos hacia la llamada descarbonización de la economía, a saber, el uso de combustibles fósiles, no han alcanzado el acuerdo plenario. Por su parte, la nueva Comisión Europea tiene preparadas diferentes medidas para penalizar importaciones de productos con alta huella de carbono, con casos muy notables como el carbón que algunas energéticas compran en Marruecos, país que no está inserto en el ETS, y, por tanto, no tienen que pagar por derechos de emisión.

Cabe escepticismo con relación a la parte que corresponde a la actividad humana en el clima actual pero la comunidad científica, de forma casi unánime expresada a través de los informes periódicos del International Panel on Climate Change, conocido como IPCC, es cada día más rotunda en pintar un futuro alarmante e insistir sobre la imprescindible modificación en los hábitos de uso de combustibles fósiles. Es por ello por lo que proliferan en todo tipo de instancias las llamadas a la "emergencia climática" y la puesta en marcha de planes de lucha contra el cambio climático.

Para emprender esta lucha es necesario establecer una estrategia clara que dé confianza y certidumbre a todos los actores y se promueva una comunidad de intereses alineados al respecto. Uno de los logros en este campo fue hace años la creación del mencionado ETS, dado que la evidencia empírica hasta la fecha mostraba como mejor vía de asumir las consecuencias negativas derivadas de las emisiones de GEI la puesta en marcha de un mercado donde los que más contaminan pagan a los que menos contaminan y, por tanto, se produce una redistribución económica que favorece a todas las partes.

Sin embargo, en este momento, el sistema mantiene un esquema de incentivos difícilmente comprensible. Al mismo tiempo que castiga las emisiones de gases contaminantes con más impuestos y la obligación de comprar derechos de emisión, no premia a aquellas actividades económicas que reducen la huella de carbono y actúan de sumideros naturales. Entre éstas, las tierras de cultivo y el sector forestal participan de los costes pero no de los beneficios. Dicho de otra forma: se socializan los costes, pero se privatizan los beneficios, sin dar la oportunidad a los propietarios, inversores y trabajadores de estos sectores de captar una parte de las rentas que supone ser "sumideros naturales de carbono".

Más tarde o más temprano, esta anomalía tendrá que corregirse, permitiendo que los sectores que ahorran emisiones puedan ser emisores de derechos de CO2 y poder venderlos en el mercado, obteniendo un precio y unas rentas por ello, además de disminuir la presión alcista sobre el precio del derecho de CO2 (puede cerrar el año por encima de los 30 euros). Dentro de la lógica correcta como es el actual Sistema de Emisiones, se generan incentivos positivos y simétricos para todas las partes. Adicionalmente, pero sólo así, se pueden establecer mecanismos de subsidios a actividades que reducen el impacto carbónico en el marco de la Política Agraria Comunitaria (PAC), pero sólo como elemento subsidiario y no como aspecto fundamental.

Así, el terreno cultivable es cada vez más pequeño sin que el propietario forestal se beneficie directamente de su papel como compensador de emisiones de gases de efecto invernadero, dado que el excedente de fijación de CO2 no se convierte en derechos de emisión que pueda poner en el mercado el propietario. Simplemente a día de hoy es un margen del que dispone el Estado para cumplir con las obligaciones de reducción, que además puede ser cedido a otros estados miembros de la UE. Esto desincentiva la gestión de los bosques, perdiendo capacidad de sumideros tal como muestra el IV Inventario Forestal, donde la "capacidad de sumidero" del sector en España se ha reducido de 34 a 30 kilotones de CO2 de un año para otro.

Este planteamiento revaloriza los recursos naturales con los que cuenta España, encajando perfectamente bajo una estrategia de cambio climático y economía circular, donde el aprovechamiento de productos neutros en emisiones es fundamental para producir energía más limpia, menos contaminante y reducir el malgasto que se realiza de los recursos naturales. Esto es lo que verdaderamente genera nuevas economías para que la Transición Energética sea "justa", tal como hemos defendido desde la Asociación en el evento organizado en la reciente Cumbre del Clima Chile - Madrid, que contó con la participación del consejero José Antonio Valbuena, que ha supuesto nuestra aportación para "pasar de las musas al teatro".

Óscar Bermejo y Javier Santacruz. Asociación para la Transición Energética

Compartir el artículo

stats