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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Manuel Ángel Santana Turégano

¿Quién quiere a las Autonomías?

En los últimos tiempos se repite mucho la idea de que el estado de las autonomías genera tantos gastos e ineficiencias que es la causa de buena parte de nuestros problemas. Quienes preferirían la vuelta a un estado más centralizado plantean que si en vez de tener 17 consejeros autonómicos, por ejemplo, de sanidad, tuviéramos tan sólo a un ministro, nos ahorraríamos unos cuantos sueldos, y además tendríamos una más rápida y mejor coordinación en la toma de decisiones. Toda forma de organización territorial de un estado es tanto una cuestión de organización burocrática como de representación política. Hay quien defiende que las formas de organización más descentralizadas son más eficaces porque acaban comprendiendo mejor las particularidades locales y contribuyen a una mejor administración, y a favor de este tipo de argumentos citan a menudo el modelo de República Federal Alemana. Pero, más allá de la cuestión burocrático- administrativa, la organización territorial de un estado corresponde también con qué grupos sociales y territorios se consideran que han de tener representación política.

La Unión Europea funciona en la actualidad como una confederación de 27 estados. ¿Cuánto nos ahorraríamos los europeos si en vez de tener 27 ministros, uno por estado miembro tuviéramos un comisario europeo de sanidad que tomara todas las decisiones? Si la idea es que eliminar las autonomías facilitaría la coordinación, ¿no sucedería lo mismo si elimináramos los estados? Y si bien es cierto que puede parecer un poco irracional que haya unas normas en Castellón y otras en Tarragona, no es menos arbitrario, si lo que intentamos es detener a un virus global que no entiende de estados, que haya unas en Gerona y otras en Perpiñán. Plantear que por qué no dejamos que unos superministros a nivel europeo tomen todas las decisiones que afectan a más de 500 millones de habitantes es reducir al absurdo el argumento de que deberíamos cargarnos el Estado de las Autonomías porque en vez de que un consejero de la Generalitat tome decisiones que afectan a 7 millones de catalanes y otro del Gobierno de Aragón gobierne sobre menos de dos millones de aragoneses deberíamos de tener un único que ministro que tome decisiones iguales para toda España. Al fin y al cabo, Letonia, Lituania y Estonia son países independientes, cada uno con sus propios ministros, por más que juntos tengan menos población que Cataluña, y en la Unión Europea hay países como Eslovenia que tienen aproximadamente la misma población que Canarias o el País Vasco y casi la mitad que la Comunidad Valenciana. Si estos países son estados es porque se considera que son sujetos políticos. Cuando se configuró la actual organización territorial del Estado optamos por las autonomías porque entendimos que dentro de España hay comunidades que, pese a no estar al nivel de un estado, también son sujetos políticos.

En los últimos tiempos han surgido muchas voces que plantean que es necesario cambiar la organización territorial del Estado. Hay quien, quizá porque se siente más español que ciudadano de su comunidad autónoma, cree que “España” debería de ser el único sujeto político, que las comunidades autónomas no deberían ser organizaciones políticas sino meramente administrativas. Pero lo cierto es que para lograr eso habría que cambiar cómo están organizadas las cosas, y en este sentido dichos planteamientos no son tan distintos de los de quien, como se siente más europeo y catalán que español quiere un sistema de gobierno distinto, y en base a ello pide la independencia para Cataluña dentro de la UE. Si haría falta un referéndum para la independencia de Cataluña, y es discutible hasta qué punto es legítimo que esto se haga de manera unilateral, y que, como se dice a menudo, que una parte se separe del todo sin que el resto de las partes puedan decir nada, algo similar sería necesario si quisiéramos eliminar las autonomías: ¿puede el todo decidir de manera unilateral las partes que lo componen sin que las partes puedan decir nada? En pleno auge del “procès” los críticos con el mismo planteaban que si una parte de los ciudadanos de Cataluña se quieren independizar ¿qué pasará con aquellos catalanes que no quieren la independencia? Pues algo similar sucedería en una reforma centralizadora del Estado. Si es cuestionable hasta qué punto la parte de la población catalana que es favorable a la independencia tendría derecho a imponer ésta a quienes no son favorables a la misma, ¿qué derecho tendrían quienes son partidarios de un modelo de estado más centralista a imponer éste a quienes prefieren un estado más descentralizado?

Los extremos se tocan, y en el panorama político español actual muchos miembros de Vox y de ERC coinciden en rechazar el Estado de las Autonomías. Éste ha sido de mucha utilidad hasta ahora, pues ha permitido la convivencia en un mismo marco institucional tanto de quienes piensan que España es una única nación, basada en la lengua y cultura de Castilla, como de quienes piensan que, dentro de España, hay territorios con suficientes diferencias culturales y geográficas como para justificar que se conciban a sí mismos como sujetos políticos, incluso en lugares en que la única lengua que se habla es la castellana. Por supuesto, el modelo podría cambiarse. Pero lo importante, si decidimos cambiarlo, es ver cómo nos entendemos a partir de ahora.

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