A lo largo de la última semana he tenido la desgracia de leer dos informaciones coincidentes en una misma aberración: arrancar a los hijos de los brazos de sus padres. La primera se desarrolla cerca, en la isla de Gran Canaria. La segunda, más lejos, en la frontera entre Estados Unidos y México.
Por decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, varios menores están siendo separados de sus madres o familiares tras llegar en patera a nuestro archipiélago. Al parecer, dicha separación se mantendrá hasta que las correspondientes pruebas de ADN demuestren, en ausencia de otra documentación acreditativa, el vínculo genético existente entre las partes. Entretanto, la Fiscalía General del Estado asegura que se trata de un criterio de carácter temporal, aunque reconoce que la notificación de dichos resultados conlleva ahora mismo grandes retrasos. Mientras, los voluntarios que se entregan en cuerpo y alma a mitigar este drama llevan más de dos meses escuchando los llantos y los ruegos de unas mujeres que, después de superar una peligrosísima travesía por el océano Atlántico, son separadas de sus vástagos hasta que se resuelva la duda sobre su maternidad. Parece que desde la propia Fiscalía han reevaluado por fin la proporcionalidad de esta medida, habida cuenta que el porcentaje de pruebas que revelan una inexistencia de parentesco es mínimo, y la lógica impone que hijos y padres aguarden juntos el resultado de las analíticas para evitar unas situaciones de semejante desgarro emocional.
Cambiando de continente, y ya en puertas de las elecciones norteamericanas, el aspirante Joe Biden ha criticado duramente la política del presidente Donald Trump que ha acarreado la separación de miles de familias de inmigrantes desde 2017. La Administración estadounidense arrebató a cientos de hijos del seno de unos progenitores que, al parecer en muchos casos, fueron después deportados sin su prole. Todavía no se ha logrado ubicar a los padres de al menos 545 menores separados a la fuerza de sus familias indocumentadas, un fenómeno calificado textualmente por Biden como “una infamia, una falla moral y una mancha en nuestro carácter nacional”. Este posicionamiento en contra de los seres humanos que cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos fue anunciado por primera vez en abril de 2018, aunque luego se reveló que el Ejecutivo de EE UU había comenzado las separaciones un año antes, como parte de un programa piloto ejecutado en secreto.
Miles de familias fueron cercenadas hasta que la Casa Blanca, obligada por la enorme indignación ciudadana, suspendió la aberrante práctica. Tan pronto como saltó a la palestra aquella política de migración de “tolerancia cero”, aparecieron imágenes y audios de niños durmiendo en jaulas y clamando por sus padres y madres, lo que suscitó una oleada de críticas no sólo a nivel nacional, sino también internacional. Cuando los asistentes sociales del Departamento de Salud USA comenzaron su esforzada labor de localización de las familias de aquellos pequeños psicológicamente desolados, tal y como corresponde a cualquier procedimiento que involucre a un niño bajo custodia federal, descubrieron que las propias autoridades de Inmigración no habían llevado en muchos casos ningún registro de quiénes eran sus familiares ni de cómo contactar con ellos para proceder al reagrupamiento. Algunos niños entonces eran apenas unos bebés, pero por desgracia llevan años así. Menos mal que en el debate televisivo que puso punto final a la campaña electoral, Donald Trump tranquilizó a la audiencia (no sin cierta sorna), afirmando que las instalaciones de acogida reúnen unas adecuadas condiciones de limpieza e higiene. ¿Cabe mayor ruindad? Pocos escenarios me resultan más repugnantes. Espero que en un futuro próximo este individuo se vea obligado a rendir cuentas por su tamaña falta de humanidad. Y no sólo lo deseo por el hecho de ser madre (que también), sino por mi convencimiento de que a este mundo le sobran gobernantes sin cabeza y sin corazón.
