La inacción manifiesta del Gobierno de España con la problemática de la inmigración irregular que afecta a nuestro Archipiélago desde los primeros meses de 2020, es inaudita; impropia de un Ejecutivo y de un Estado que defienda los Derechos Humanos y, en particular, al conjunto de ciudadanos de sus territorios, incluida la Comunidad Autónoma de Canarias. Con un presidente ausente y que sigue la ignominia de campamento levantado en nombre del estado español en el muelle de Arguineguín agazapado tras el Twitter, pues hasta el momento no ha considerado prioritario visitar las Islas, su corte de ministros con competencias en esta materia es incapaz de coordinarse para ofrecer una atención y solución digna a los más de diecisiete mil migrantes que han llegado a nuestras costas en lo que va de año. Y son incapaces también de respetar mínimamente al pueblo canario, con manifestaciones que evidencian el abandono, la desconsideración y el agravio sin precedentes hacia nuestras instituciones y nuestra gente.
Nunca antes, gobernara quien gobernara, Canarias había resultado tan menospreciada como lo estamos siendo por el Gobierno de Pedro Sánchez. Nunca antes, un gobierno español había carecido de la sensibilidad y humanidad que requiere abordar un drama como este. Primero fue el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, quien tardó nada menos que nueve meses en encontrar “hueco suficiente en la agenda” para visitar Canarias en plena reactivación de la ruta Atlántica de la inmigración; y, una vez aquí, para perplejidad de las autoridades con las que mantuvo infructuosas reuniones, debe ser que traspapeló las soluciones que vino a abordar entre las páginas de su apretado cuaderno o en las profundidades de su cartera, precisamente de Migraciones, pues los migrantes a día de hoy siguen durmiendo al raso en un muelle capacitado para cuatrocientas personas donde se superan las dos mil y las condiciones de salubridad son inexistentes. Esos seres humanos que el ministro Fernando Grande-Marlaska aseguró recientemente, sin siquiera ruborizarse, que no superan en estas instalaciones las 72 horas de retención que permite la Ley para registrar la filiación. Y, para demostrarlo, alguien dio la autorización el pasado martes de dejar tirados en la calle a más de doscientos de ellos, sin comida, agua ni lugar donde pasar la noche. Un despropósito e indecencia también inaudita en nuestra tierra.
Lamentablemente y pese a que desde que el señor Marlaska visitara el Campamento de la vergüenza, en Arguineguín, el Gobierno intentó que los medios de comunicación no pudieran testificar cuanto acontece en el interior de las carpas alejándolos de los límites de este refugio hasta un lugar de difícil visibilidad, quizá por rubor o quizá por censura, basta seguir de cerca el número de migrantes que arriban y los que son alojados fuera de estas instalaciones, para saber que el ministro miente descaradamente. Y, aunque quizá pensara que sus declaraciones no trascenderían en Canarias, por considerarnos un territorio lejano, apartado e incomunicado por su Ejecutivo, las ONG, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o los propios abogados que defienden a los migrantes, reprobaron públicamente al señor Marlaska por sus mentiras. Como días antes había alertado también la organización internacional Human Rights Watch, con un demoledor informe en el que denunciaba que en estas dependencias “no se respeta la dignidad de esas personas ni sus derechos básicos; ni representa bien a España”.
En cualquier Estado de derecho estos episodios serían suficientes para dirimir responsabilidades. Son injustificables desde cualquier perspectiva y abocan a nuestro Archipiélago hacia el colapso social, en un momento especialmente delicado a causa de la pandemia de Covid-19. Nuestro pueblo, que mayoritariamente ha vuelto a demostrar ser hospitalario, solidario y paciente, no aguanta más este menosprecio del Gobierno español, que sigue mirando para otro lado. Mientras, aumenta la tensión y se degrada la convivencia dentro y fuera del campamento por las condiciones inhumanas que soportan esas personas y la incomprensible inoperancia de la principal institución responsable. Exigimos soluciones inmediatas que dejen de pisotear la dignidad de Canarias y de los migrantes, seres humanos unos y otros, de quienes se han desentendido por completo. Y el primer paso para reparar tal falta supone, irremediablemente, la dimisión o el cese del ministro Fernando Grande-Marlaska. Basta ya de faltarnos el respeto a los canarios.
