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Juan Fernando López Aguilar

Reflexión

Juan Fernando López Aguilar

Político, catedrático de Derecho Constitucional, eurodiputado socialista y presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo

Canarias, UE: resonando en Bruselas

Lunes, 1 de marzo de 2021: la ruta migratoria atlántica a la UE a través de Canarias, en el orden del día de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo (PE). Comparecen la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, el Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la Presidenta de CEAR, Estrella Galán.

La Comisión LIBE –la de mayor espectro de competencias legislativas del PE– se ocupa, entre otras materias, de legislar sobre migraciones y asilo. El Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad de la UE (ELSJ, arts. 67 a 89 TFUE, que es un pilar esencial del Tratado de Lisboa, TL, en vigor desde 2009 junto a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, CDFUE) se funda sobre los principios de confianza mutua y reconocimiento mutuo, solidaridad vinculante y responsabilidad compartida (arts. 67 y 80 TFUE).

Descansando en esos principios, la Comisión LIBE y el PE han legislado un extenso Paquete de Migraciones (ocho actos legislativos, leyes europeas) y un Paquete de Asilo (nueve actos legislativos, cuyo nudo gordiano se cifra en el Reglamento de Dublín, que asigna la responsabilidad de gestionar las demandas de asilo y la protección humanitaria al país de primera entrada, lo que sobrecarga a los Estados Miembro con fronteras exteriores, singularmente a los que las tienen marítimas en el Mediterráneo y, caso de España, terrestres con África en Ceuta y Melilla, y atlánticas con África occidental en Canarias).

Pese a estar desde hace tiempo vigentes, la aplicación y rendimiento de estos dos paquetes legislativos sobre Migraciones y Asilo padecen dos deficiencias persistentes: a) Injusto reparto de responsabilidades, con saturación de las capacidades de acogida de los Estados Miembro del sur con fronteras marítimas vulnerables al influjo de migración irregular ; b) Incumplimientos clamorosos del Derecho europeo legislado por parte de un número creciente de Estados de la UE (a la cabeza de los cuales, de nuevo Hungría, Polonia, el grupo de visegrado, indiscutibles campeones de la insolidaridad, en abierta deriva a la eurofobia).

A fines de 2018, la Asamblea General de ONU adoptó en Nueva York el UN Global Compact on Migrations & Asylum, posteriormente complementado por las conclusiones adoptadas en la Conferencia de Ginebra de diciembre de 2019. Su filosofía coincide con las resoluciones del PE desde 2016, y con la legislación aprobada por el PE. De modo que de ahí arranca el debate en el que nos encontramos, sobre la necesidad y/o oportunidad de alcanzar un ‘nuevo Pacto’ que incorpore de una vez de forma tan terminante como suficientemente clara esa visión en torno al hecho migratorio y la demanda de asilo que sepa ser, al mismo tiempo, global, comprensiva y ‘holística’.

¡Esa mirada holística (holistic approach) es la que el PE reclama y sostiene desde hace ya largos años en sus resoluciones y votos legislativos!: Lo que implica comprender y manejar al mismo tiempo todas las piezas de un puzzle de enorme complejidad y alcance geográfico y temporal: a) desde la cooperación con los países de origen y tránsito, a, sumatoriamente, todos los demás aspectos: b) la apertura y refuerzo de vías legales y regulares de acceso a la UE; c) el establecimiento de un marco confiable y estable de Salvamento & Rescate reglado por el Derecho europeo; d) el compromiso en la lucha transnacional contra los tráficos ilícitos y de explotación de personas y sus terminales en la UE (THB), con la cooperación policial y judicial que reduzca su actual margen de impunidad; e) la protección de los refugiados y asilados conforme al Derecho internacional humanitario; f) el refuerzo de los retornos con repatriaciones dignas mediante una estructura robusta de acuerdos internacionales de partenariado que complemente los negociados suscritos por los Estados Miembro; g) y, en definitiva, el aseguramiento de una respuesta común europea que sea eficaz, europea y cumplidora de su Derecho legislado y del Derecho internacional.

Para reparar tantos problemas de mejor tratamiento y gestión, tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su debate de investidura ante el PE (julio 2019) como la comisaria de Interior Ylva Johansson comprometieron presentar en marzo de 2020 un New Migration & Asylum Pact para ofrecer una actualización de la respuesta europea, esperablemente más equilibrada y desde luego más eficaz.

La pandemia de la covid forzó un inevitable retraso en el cumplimiento del calendario inicialmente previsto: la presentación de la iniciativa tuvo lugar finalmente en septiembre de 2020. Consiste en cinco reglamentos (leyes europeas) y cuatro guidelines & recommendations (incluyendo éstas las vías humanitarias y el S&R EU Framework por el que vengo peleando en el PE durante años).

Soy el ponente del Reglamento de Crisis & Force Majeure: la única oportunidad que tiene la solidaridad de concretarse en algo significativo, a la vista de la propuesta de la Comisión de una ‘solidaridad flexible’ (releída por algunos como ‘solidaridad a la carta’: en modo que los Estados Miembro puedan optar entre aceptar programas de realojamientos para migrantes vulnerables (relocations) o financiar vuelos de retorno (return sponsorships), con un desdoblamiento todavía por aclarar en capacity building. Las definiciones claras son por tanto la primera ecuación a despejar en un procedimiento legislativo europeo de largo alcance, que tiene mucho por delante. Por el package approach, por la envergadura y dificultad de las leyes europeas en tramitación, por su interrelación, y por la estructura del iter legiferante en el PE: primero el PE aprueba por mayoría, después ‘posición común’ en el Consejo (que debería ser por mayoría cualificada, no por ‘consenso’, que siempre resulta en bloqueo y parálisis) y luego trílogo a cara de perro. Si se supera, habrá nueva legislación europea y nuevo ‘Pacto’. Pero mientras no sea así no será un ‘Pacto’ sino una mera iniciativa de la Comisión VDL.

La Comisión LIBE del PE ha debatido –como no podía ser de otro modo– la situación en Grecia (Mar Egeo, Islas Griegas, Lesbos, Samos), la situación en Chipre, Malta, Italia (Islas Eólicas, Lampedusa). En el momento presente, Canarias es el punto más caliente de la ruta migratoria a la UE: ¿cómo no íbamos a debatirlo? Y del mismo modo en que, en ocasiones anteriores, hemos escuchado los testimonios relevantes de responsables locales (alcaldes de Moria y Lampedusa, para empezar) ¿Cómo no íbamos a escuchar el testimonio del responsable del Gobierno regional en Canarias?

En un documento conjunto, los jefes de Gobierno de España (Pedro Sánchez), Italia (entonces todavía Giuseppe Conte), Grecia (Kyriakos Mistsotakis) y Malta (Robert Abella), procediendo cada uno de distintas familias políticas, pusieron en común su objeción principal y frontal contra la formulación del New Migration & Asylum Pact propuesto por la Comisión Europea.

El testimonio del presidente del Gobierno de Canarias, en una intervención bien medida y aún mejor argumentada, acreditó su coherencia coherente con la posición fijada por los gobiernos de los Estados Miembro con fronteras ante el Mediterráneo: ¡Por la ruta atlántica a la UE que pasa por las Islas Canarias han llegado 26.000 personas en los últimos 14 meses! El Sistema Europeo Común de Asilo mandatado por el TL (SECA) debe aprender a responder, y a hacerlo no sólo Canarias con el debido back up del Gobierno de España. Pero lo cierto y real es que se han sucedido hasta ahora respuestas repentizadas al hilo de la presión, provisionales, por tanto, y todas insatisfactorias, con el inevitable coste de una creciente tensión social y política alrededor.

Es cierto que la situación en Canarias no es ni remotamente comparable –ni en lo cuantitativo (las cifras) ni en lo cualitativo (el nivel de dramatismo de la tragedia humanitaria)– con el ‘infierno’ de Moria o el hacinamiento registrado en Lampedusa. Pero también que no procede tantear como horizonte posible una deriva de empeoramiento. ¡Hay que cuadrar, por el contrario, la respuesta de mejora en un contexto de coherencia con los valores y el Derecho europeo, y de sostenibilidad!

Una conclusión es meridana: ¡Canarias no puede por sí sola –como tampoco desde luego Lesbos ni ninguna otra isla griega, ni Lampedusa ni ninguna otra isla italiana– almacenar ni encajonar a quienes, rescatados en la mar, sobreviven a la pesadilla de una travesía de días o de semanas para alcanzar ese suelo canario que, por serlo, es ya suelo español y por consiguiente europeo! Es preciso asegurar una solidaridad efectiva, eficaz, normalizada, no extraordinaria ni escasa, ni fragmentaria ni insuficiente, ni expuesta a los recurrentes debates de su revisión a la baja.

Tres acotaciones adicionales resultan todavía imprescindibles. a) La primera, es imperioso combatir en toda la UE contra los bulos, las fake news & distorsiones falaces de los hechos empíricamente contrastados, que empecen una percepción adecuada de la realidad, y conjurar el poder movilizador del prejuicio y la mentira propalada por las redes que alientan el discurso del odio y la explotación del miedo; b) A todo lo largo del debate es preciso distinguir la política y la legislación sobre migraciones de la legislación que protege el Derecho de Asilo (Convención de Ginebra de 1951, art. 18 CDFUE y transposición del Derecho internacional en la legislación de los Estados Miembro.), aun cuando no sea sencillo –al contrario, son muchas las dificultades prácticas– distinguir en breves plazos los ‘migrantes económicos’ (personas con dignidad y derechos inviolables, no se pierda de vista) de los demandantes de asilo y refugio que huyen de la persecución con riesgo para sus vidas y su integridad personal; c) y una tercera, pendiente, tal y como reclama una y otra vez la comisaria Johansson: combatir la idea de “migración como problema, crisis, desafío inasumible”. Es un hecho, siempre lo ha sido. Y puede ser gestionado a condición de que lo hagamos juntos en coherencia con nuestros valores proclamados y nuestro Derecho legislado.

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