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José María Asencio Mellado

Vuelva usted mañana

José María Asencio Mellado

Responsabilidades políticas e inquisición rediviva

El Ayuntamiento, a propuesta de PP y CS y con el voto en contra de UP y Compromis, ha decidido suspender la comisión en la que la izquierda teórica, que dice serlo y así se viste, quería depurar responsabilidades políticas en el caso del PGOU. Hay que agradecer la iniciativa porque responsabilidades políticas quiere decir, viniendo de quien viene la petición, imponer una suerte de ética política, de moral política y que sea esa, la definida por las mayorías en cada momento y lugar, la que determine la honestidad de los adversarios y la legalidad administrativa. Mucho es lo que se pide.

Yo suelo referirme normalmente al derecho, dejando la aplicación de la ética a quienes manosean esta última, que consideran de su propiedad exclusiva, se refiera al hoy o al pasado, a la realidad o a la historia y que imponen sobre la visión pobre que todos los demás tenemos de la virtud. Esa indisoluble unión entre moral y potestad para declararla negándola a los que no comparten su concepto uno, grande y libre les ata y les hace aparecer siempre como plañideras que lloran cuando el mundo no les complace y asume sus verdades.

Porque hablar de ética política, como es sabido, es un oxímoron y creer que existe o, peor aún, que existe solo en la derecha o la izquierda –una forma como otra de ser un imbécil decía Ortega y Gasset–, es expresión de complacencia y ausencia de crítica y de la neutralidad indisolublemente ligada, si existiera, a la ética política.

«A buenas horas mangas verdes». Y es que, después de haber llevado sus ataques éticos frente a la derecha en su conjunto (olvidando, qué curioso, todo lo que la izquierda hizo en tiempos no tan remotos) a un proceso penal interminable que, como siempre, imputan a la defensa en esa deriva inquisitiva de la nueva izquierda autocrática, consideran que la culpa de que no avanzara el PGOU era de quienes han sido declarados inocentes de los delitos mal imputados y peor acusados y no de quienes decidieron que los inculpados no solo eran malos, sino delincuentes. Bien está que te sometan a un proceso sin causa cierta penal, pero que te imputen los que erraron en las acusaciones de los efectos de sus derivas inquisidoras es un exceso. Pedir años de cárcel a quien no es responsable de delito alguno, lo que sabían a ciencia cierta, es peor que lo que hacía la Inquisición. Es confundir el pecado, de existir éste en el caso, con el delito, lo que esta izquierda ramplona, de tendencias autoritarias –qué tiempos los del pasado en los que luchaba por la libertad y el respeto–, y de pluma facilona en el demérito ajeno, hace y eleva incluso a la ley, tan inmoral la que redactan, como escasamente coherente con los límites del derecho penal. Encarcelar a los adversarios es una buena solución para que la gente entienda y acepte las verdades reveladas sin ponerlas en duda, ni siquiera intelectualmente. Ya se encarga la escuela de formar en el espíritu libertador del pensamiento único. El delito de apología de la libertad es lo que necesitan para culminar su obra redentora. Y están en el camino.

Si hubo responsabilidades políticas, que es lo que buscaban, ya se dirimieron en forma de dimisiones. Pero parece que quieren más, que esperan un acto de contrición público a pesar de la absolución, un paseo con el sambenito a cuestas o un auto de fe colectivo. En suma, que a pesar de no existir delito, los absueltos, todos en la provincia, pues las acusaciones y la UDEF no han conseguido ni una sola condena, paguen como si hubieran sido condenados. Que acepten sus culpas y reconozcan sus pecados; ellos y todos los que hemos sostenido lo contrario desde el comienzo. No hubo delitos y el proceso en sí mismo se utilizó como castigo. Propio de la llamada judicialización de la política tan del gusto de las democracias populares.

Los jueces de la ética inconcreta, parcial, absoluta y que ven solo con un ojo, cerrando el otro del lado de sus propios, abominan del derecho penal y procesal cuando éste les cierra el paso y entonces se erigen en tribunales de honor, de responsabilidades políticas cual los franquistas de 1939, que aparecen como respuesta salvífica a sus excesos. Siempre ganan: o delincuentes o pecadores, merecidamente señalados y obligados a purgar sus penas. Y ellos, héroes de la virtud.

No confían en la Justicia, a la cual menosprecian cuando no se somete a sus pretensiones u osa aplicarles la ley, pero no hay semana en la que no acudan a fiscalía a denunciar delitos. Curiosa conducta que explica que solo les interesa el proceso por sus efectos extraprocesales para, una vez culminado, lanzar dardos contra esa Justicia que, desgraciadamente para ellos, es independiente. Qué lástima que los tribunales apliquen la ley y no los dogmas de su ética.

Todo es lo que es: apariencia ante una realidad judicialmente establecida. No hubo delitos y no hubo ilegalidades urbanísticas. Todos los informes técnicos avalaban la legalidad de la propuesta. Y ese dato es tan esencial que cierra la puerta a cualquier recurso. No es que no hubiera delito, sino que no hubo siquiera irregularidades urbanísticas según la sentencia. Lo otro, tan del gusto de la izquierda represiva de hoy, la de la buena conducta, no tiene más interés que el de llenar titulares y ocupar espacios en programas ejemplares de las televisiones o las redes sociales. Puede no gustar una versión del urbanismo, pero no es delito preferir otra distinta.

Depurar responsabilidades políticas quiere decir, por tanto, ignorar las resoluciones judiciales y declarar otra verdad distinta a la de las sentencias definitivas. Una verdad paralela y política que vender en los medios y que sea la auténtica verdad.

Con base en la declaración judicial, la única verdad en un Estado de derecho, si hay que purgar responsabilidades por los efectos del proceso, deberían exigirse a quienes los instaron, los mantuvieron y hoy siguen empecinados en que el Ayuntamiento adopte decisiones contrarias a la cosa juzgada. Se equivocaron conforme a la verdad procesal, vinculante, frente a la que las propias de cada cual carecen de valor alguno una vez los mismos que ahora quieren desatenderla, la han propiciado y utilizado.

Hágase la comisión en su caso y exíjase la responsabilidad a los que, con sus querellas infundadas han paralizado la ciudad. A lo mejor es llegada la hora de poner remedio a la judicialización de la política y a la ética de quienes la quieren imponer por encima de las instituciones básicas del Estado de derecho.

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