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José Luis Villacañas

Observatorio

José Luis Villacañas

Contribuir al sistema

Contribuir al sistema La Provincia

Cuando se comenzó a ver que los españoles estaban ahorrando durante la pandemia muchos miles de millones de euros (al parecer ya van por unos 90.000, más de la mitad de los fondos europeos), parece que todos los talentos del mundo se pusieron a pensar cómo podría acabar en sus bolsillos la mayor parte de esos ahorros. Es evidente que los más listos de todos son los jefes de eso que se llama las eléctricas, porque tienen el sistema de robo mejor preparado. Esas facilidades de saqueo deben ser mundialmente notorias, o al menos llegaron hasta Australia, porque el fondo IFM se quedó con el 22% de Naturgy. Que el Gobierno haya dado el visto bueno a esta OPA, torna poco probable que ahora altere las condiciones de mercado. Eso es lo que vino a decirnos la ministra Ribera en su comparecencia. Lo acordado entre caballeros, acordado está.

Pero es una broma que los españoles estemos pagando la luz un 25 % más cara, como prevé el Gobierno, para enriquecer a los australianos. Eso se llama patriotismo. El de los accionistas, el del Gobierno, el de la oposición, el de los australianos. Sin embargo, lo más amargo de tragar es que escuchemos del Gobierno que no se puede hacer nada. Que un país entero sea sometido a un robo masivo y que un gobierno de izquierdas diga que no se puede hacer nada al respecto, sugiere la respuesta de que asuman el poder aquellos que realmente puedan hacer algo y se acabe esta broma de impotencia. Y quienes dicen que esto es así porque lo impone Europa, deberían tener la vergüenza de explicar cómo es que lo que se supone legislación europea no produce los mismos males en todos los países miembros.

La sensación de vernos coactivamente obligados a contribuir a una capitalización de esas grandes empresas, pero por la vía ejecutiva y sin formar parte del accionariado, es irremediable. Con ella se abre paso la impresión de que el entramado de gobierno, la verdadera política en este país, consiste en un continuo entre el gabinete de ministros y grandes empresas energéticas. La prima de elección política es ser aceptado a la mesa de los consejos de administración. La elección política como un criterio de selección de futuros prebendados. Dado que el IVA se repercute sobre el precio de consumo, al final este robo tiene dos actores. Uno encubierto, anónimo, tras el título de accionista. El otro, a cara descubierta: el Gobierno que aumenta la recaudación incluso renunciando a una parte de ella. En este sentido, decir que no puede hacer nada es como si el que te apunta con la pistola pidiendo tu bolsa te suplicara disculpas porque no puede evitarlo.

Decía Baldoví el martes por la mañana en RNE que había que formar una comisión parlamentaria para escuchar a los que saben. Es una buena idea escuchar al especialista en saqueos, por si puedes poner una puerta blindada para protegerte. Pero en este asunto, cuanto más escucho a los que saben, más increíble me parece todo, más ineluctable y fatídico. A ver si logro explicarlo. Se trata de que todas las formas de producción de electricidad hacen su oferta al mercado de mayoristas. La hidroeléctrica, la nuclear, la de centrales térmicas a gas, las renovables... todas forman el pool de oferta para atender la demanda del día. Pues bien, al final, el precio lo marca el productor más caro. Se dice que, como ha subido mucho el gas, ahora las centrales a gas o de ciclo combinado marcan lo que se llama el precio marginal. Que las centrales nucleares produzcan a precio mucho más barato, pues tanto más beneficio para ellas. Que las hidroeléctricas no quieran quedarse atrás, también. Así se aprovechan y vacían los pantanos (en la sequía más grave de la década) porque producen más energía a precio más barato y eso, en el momento de mayor diferencial con las térmicas a gas, implica el mayor aumento de los beneficios, pues al final a todas se les paga el precio marginal. El propio Baldoví lo dijo en 2011, cuando esto ya funcionaba: es como si vas a comerte un bocata de calamares y el precio de toda la barra lo fijara el canapé de caviar.

Con o sin comisión parlamentaria, este sistema es insensato. Promueve el mantenimiento de los medios más ineficaces, ofrece un estímulo para mantenerlos dentro del sistema, le otorga una función contraria a lo que parece ser una exigencia del mercado, la renovación y el progreso, y sobre todo impide una política energética razonable. No ofrece el menor estímulo para el cambio hacia nuevos sistemas, porque el más ineficaz fija el margen de beneficio. Es más: tiene un efecto paralizante. Arrastrar lo arcaico es beneficioso para el sistema en su conjunto. ¿Para qué poner en marcha nuevos medios de producción de energía, si el precio lo marcará el que produzca más caro? Esta medida parece diseñada para la protección de intereses corporativos sectoriales, que supone que incluso el más regresivo de los productores es de los nuestros y no puede ser abandonado. La lógica es descaradamente proteccionista. Así la Restauración protegía el mercado de granos imponiendo a la población el precio más caro del pan, fijado por los cerealistas terratenientes y bloqueando la entrada de importación de trigo a precios más baratos.

Por supuesto, los acuerdos de Gobierno entre PSOE y Podemos reclamaban que se pusiera fin a esto. Nada se ha cumplido, ni tiene aspecto de cumplirse. No solo no hay empresa nacional de energía, como reclamaba Podemos, sino que Naturgy cae en manos australianas, un poquito lejos para nacionalizarla. Las explicaciones que dieron los ministros de Podemos sobre su oposición a este hecho tuvieron todo el aspecto de excusas. Pero lo más lamentable de todo es la forma de hacer oposición del PP, que apenas oculta, con su bloqueo de todo cambio legislativo serio y con su política de tierra quemada, que actúa como cómplice de cuantas situaciones de injusticia vemos en nuestro país.

Esto es todavía más evidente porque este sistema se definió en una ley del Gobierno de Aznar de 27 de noviembre de 1997, que se presentó, en un momento de cinismo monumental, como una liberalización del sector. Por lo demás, fue Rajoy quien se inventó en 2013 aquel impuesto al sol que paralizó la implantación de renovables. Este sistema, como es natural, fue sancionado por el Tribunal Supremo con el argumento de que era una «contribución a los costes del sistema». Aquí, como siempre, el Supremo dijo la verdad de España. No hace falta una comisión parlamentaria. El Supremo, que sin duda está compuesto por gente que sabe, ya nos dijo lo que pasaba. Lo que estamos haciendo los españoles no es sino una contribución a los costes del sistema. Coactiva, forzada, violenta, pero contribución al fin y al cabo.

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