Llevar palos, bengalas y puños americanos para amedrentar o pegar al que no este de acuerdo con ellos no es motivo para suspender una manifestación de bronquistas neonazis que buscan maricas y que no quieren «sidosos» en Madrid. Así lo dice la delegada del Gobierno, que considera que todas las opciones pueden disfrutar del derecho de manifestación. “No teníamos ningún argumento legal. Tenga la trayectoria que tengan los manifestantes (...) No se puede detener a nadie por sus cánticos”, aseguró la representante del Estado sobre la protesta en Chueca. A lo largo de varias semanas los delitos de odio, con especial énfasis los que afectan al colectivo LGTBI, han ocupado la actualidad por agresiones de carácter homófobo. La demanda de una mayor protección jurídica para los afectados, la necesidad de poner límites a los insultos y de trabajar la igualdad en el sistema educativo son, entre otros, asuntos considerados efectivos para hacer frente a los episodios. Pese a ello, la delegada del Gobierno en Madrid, socialista para más señas y no de Vox, argumenta que carecía de herramientas para frenar la manifestación homófoba. ¿Pero hace falta algo más que voluntad política para frenar a unos radicales que empuñan artilugios (si se me permite la expresión) para atemorizar a familias y vecinos? En su justificación, donde adelanta -claro está- que no va a dimitir, asegura que la engañaron y que los manifestantes pidieron autorización para ir contra la Agenda 2030 y no para montarse una exhibición neofacista. Si le dieron gato por liebre no tiene más opción que irse a su casa, una decisión más loable que la de seguir adelante con pretextos que no sólo perjudican a los derechos de otras personas, sino que acaban envalentonando a los convocantes, en sus guaridas celebrando la negra que le pegaron a la responsable de la seguridad de la capital de España, nada menos. Es lamentable que el sistema democrático permita que haya ciudadanos inseguros por su opción sexual, al estilo de lo que ocurre en Rusia, Hungría o Polonia.
