El niño de Canet de Mar es el paradigma de una sociedad arruinada moralmente que impone un apartheid lingüístico so pena de castigos y humillaciones. Y que la propia administración permite y apoya. Como tal es una imposición que coarta la libertad como Franco coartó a la libertad de expresión en lengua catalana. Resulta surrealista que la misma administración que debería y debe, pues todavía puede, desplegarse y responder a semejante atropello con prontitud tanto más cuando una de las partes es apoyada por las leyes y los tribunales que, como jueces, son la garantía de que la intolerancia, la segregación y la injusticia campe, se extienda e instaure. Pero detrás de este caso se agazapan muchos otros casos a los que se les niegan las horas escolares de lengua española que la ley otorga. Por ello nos parece un caso crucial del hartazgo de una sociedad en una situación crítica.
En la Europa del siglo XVIII, hubo comunidades cuya profesión de fe era tan cruel y lapidaria como la profesión de fe lingüística de ciertos sectores de Cataluña que acosan, con saña, a este niño. Este tipo de intolerancia consiste en negar su libertad de conciencia, el derecho de ejercer la libertad a ser escolarizado como marca la ley. Por contra, mediante el ensañamiento y la asfixia psicológica y ambiental, mediante el hostigamiento y la violencia, pretenden someterlo con el propósito de que, por fin, renuncie a su libertad, a su derecho de elección de las clases de español. Resulta infame que sea la administración la que, con medidas de dudosa legalidad, incite y favorezca el acoso y la delación, como método educativo, cuando antes bien parece un régimen policial de dudosa vitola democrática
Cuando un Estado se da una ley y luego permite que sea burlada las cosas acaban mal, dice Spinoza. Pues equivale a que cada cual juzgue según su superstición e instinto. Esta expresión de intolerancia, ante la que nada ni nadie parece oponerse, corresponde a las autoridades ponerle coto, pero, en cambio, en el mejor de los casos, replican un silencio cómplice o acusan kafkianamente al niño de ser un obstáculo educativo. Esta realidad revela a las claras el clima asfixiante que padecen ciertos sectores sociales educativos.
Pierre Bayle, el filósofo de la tolerancia y personaje preeminente de la primera Ilustración tuvo la osadía (el clima de hostilidad intelectual de aquel momento, por su pensamiento, le puso en la diana de unos poderes dominantes e incontrolados que posteriormente habrían de ser superados no obstante) de separar la moral de la religión y formuló, con otros figuras ilustradas, los cimientos de lo que hoy conocemos como democracia liberal y en cuyo seno la sociedad ha gozado y goza de cotas de libertad y bienestar hasta el presente desconocidas. También España. Como apunte de la amenaza para la libertad y del avance de la intolerancia en esta época, estos últimos meses, aparte del citado caso, por su cercanía, dos diarios hongkoneses, el «Stand News» y el «Apple Daily» fueron clausurados y sus directivos encarcelados, con pretextos que sólo las dictaduras saben encontrar.
Imagino que el consentimiento legislativo ocurre porque cada individuo lo permite. Con la cesión de su partícula de soberanía, según el supuesto contrato social secular que los ciudadanos hemos otorgado al soberano gubernamental, por ello mismo, hemos de preguntarnos si, habida cuenta de que, concedido el otorgamiento y no cumplido el contrato social, debe darse por roto. No me tengo por adivino, aunque es fácil comprender que los ciudadanos no otorgaron al legislativo la soberanía absoluta porque está limitada por el cumplimiento del supuesto contrato. No se otorga de balde; no di mi consentimiento en ese supuesto contrato social para que la arquitectura política administrativa jalee, acose y señale a un niño mediante bullying administrativo y no precisamente por un gamberro, sino por el aparato de la autoridad administrativa que forma parte de la arquitectura del Estado. Esta confesión de fe lingüística de obligado cumplimiento, bajo amenaza de expulsión de la comunidad, no es distinta a la intolerancia, mutatis mutandis, que sufrió Spinoza cuya comunidad lo proscribió y persiguió hasta el exilio en Holanda o la que sufrió Pierre Bayle acosado hasta el exilio en Ginebra. Parece que los años oscuros de la intolerancia vuelven ante la indiferencia y abulia de quienes detentan la responsabilidad de defender el derecho de los ciudadanos a ejercer sus derechos.
