No, no puede ser. Frótese los ojos con lentitud, no se haga daño... Pero es cierto, tanto como el abismo que hay montado en Ucrania. España vive estos días bajo su Gobierno de izquierdas el rearme del nacional-catolicismo: la Iglesia abre la gaveta de la Conferencia Episcopal para exhibir su voracidad como terrateniente, a la par (o quizás más) del ducado de Alba o de un fondo buitre que acapara y liquida sin escrúpulos. Lo siento por los sacerdotes que predican la humildad en sus púlpitos dominicales, pero pertenecen a un ente depredador que desde 1998 a 2015 registró (inmatriculó) 34.000 bienes de toda calaña (muchas hectáreas y hectáreas sobre todo). El método fue legal, amparado por un privilegio feudal que les dio Franco en 1946 y que perfeccionó Aznar consistente en el valor supremo de la palabra del obispo para proceder a la inscripción. Al contrario que el resto de las personas, cualquier prelado podía ir al registrador y hacer suya una propiedad sin demostrarlo, aparte de donaciones o testamentarías. El presidente Sánchez llevaba años detrás de la curia para que le presentase un estado de la cuestión, como consecuencia de las protestas de colectivos indignados por el expolio vivido en comunidades como Castilla y León. El informe final se reafirma, no es un mea culpa: de las miles de propiedades legalizadas, solamente unas 1.000 se encuentran bajo lupa. En Canarias, todas en Tenerife, circunscripción del polémico obispo Bernardo Álvarez Afonso (homosexuales en pecado mortal), con el registro sospechoso de unos 50 bienes. En 17 años desde la reforma de Aznar de la Ley Hipotecaria la Iglesia ha llevado a cabo una desamortización a la inversa, bien ordeñada si se contabilizan (un enigma) las propiedades con las que se hizo durante la dictadura por el mismo método, aunque también los hubo más expeditivos. En el grueso inventario hay de todo, más allá de catedrales o parroquias. Se trata de un inmenso caudal de la más variada tipología catastral. No fue ilegal, pero a un católico se le atraganta.
