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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El decreto de ahorro energético

Hoy, jueves, llega al Congreso para su convalidación el decreto-ley de medidas de ahorro energético que se publicó en el BOE el 2 de agosto y que es inusitadamente extenso y farragoso (83 páginas, de las que 33 son de una interminable introducción). El título completo es Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Como se deduce del enunciado, contiene una variedad compleja de medias, algunas limitativas, otras tendentes al ahorro energético y otras facilitadoras de la movilidad.

Este RDL fue instado por la Comisión Europea a raíz de la guerra de Ucrania y de la amenaza nada teórica de que Rusia interrumpa el suministro de hidrocarburos a occidente. Como es sabido, varios países de Europa central, Alemania entre ellos, están a merced del gas ruso, y aunque ello es consecuencia de un gravísimo error que la historia atribuirá en gran parte a Merkel, no es este el momento de lamentaciones sino de decisiones operativas, y es razonable que toda la Unión sea solidaria internamente, cualquiera que sea la posición de cada país. España ha cuidado mejor que Centroeuropa la diversificación de sus fuentes de suministro, pero a pesar de ello, aunque se opuso a la propuesta inicial de un ahorro energético del 15%, sí contribuirá en la medida de lo posible, además de servir de puente al abastecimiento de gas a Europa por el Sur.

Para ello, el RDL amplía las obligaciones que ya existían en cuanto a temperaturas máximas y mínimas que pueden alcanzar determinados locales gracias a calefacciones y aires acondicionados. El RITE (Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios) ya marcaba desde hace años umbrales para diversos tipos de edificios. Además, se ordena el apagado nocturno de escaparates y se otorga un variado abanico de subvenciones para facilitar la movilidad en transporte público a corta y media distancia, se amplía la cuantía de las becas de mayores de 16 años, y se incluyen algunas medidas coyunturales que nada tienen que ver con lo anterior, como el fin de las obligaciones covid en aeropuertos.

No estamos, pues, en presencia de una norma de naturaleza ideológica sino de una serie de reglas de sentido común que forman parte de la respuesta de emergencia que ha dado la Unión Europea a la imprevista agresión rusa a Ucrania, con las graves consecuencias que afectan sobre todo al suministro energético de Europa.

Hoy, sin embargo, el gobierno necesita sacar adelante este decreto ley por votación en el Congreso para cumplir con los requisitos indispensables que marca la Constitución para legislar sin cumplir el estricto procedimiento establecido. Y como viene siendo habitual en los últimos tiempos, la insuficiente mayoría gubernamental se ve obligada a recabar in extremis otros apoyos que le otorgan la necesaria mayoría. En ocasiones parecidas, la coalición de gobierno acaba consiguiendo casi siempre el respaldo suficiente de las minorías que se asociaron a la investidura de Sánchez, pero casi siempre tales apoyos llegan a desgana porque el gobierno no ha tenido la delicadeza de recabarlos al redactar la norma y no cuando esta ya está publicada en el BOE. Para evitar este riesgo, el Gobierno ha ofrecido ya tramitar el RDL como proyecto de ley, una concesión innecesariamente tardía.

La oposición conservadora, por su parte, tiene seguramente poco que objetar al contenido del decreto, y no hubiera sido difícil conseguir su apoyo. Pero si el gobierno no ha consultado con sus socios, aún menos lo ha hecho con sus adversarios. Con lo que la principal oposición se ve atada de pies y manos y no apoyará la norma.

A todas luces, algo falla en este planteamiento. Las discrepancias de fondo entre la derecha y la izquierda son, al parecer, mayúsculas, pero ello no justifica que ambos interlocutores no consigan ponerse de acuerdo en asuntos de Estado y en temas de interés general, como es el caso. Y ambas partes tienen la misma culpa de que esta sea la penosa situación.

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