No es igual bajar impuestos a los que tienen mucho que bajárselos a los que tienen muchísimo menos. Unos ponen el aliento especialmente en la primera opción. Otros lo sitúan en la segunda posibilidad. Es público y notorio lo que defiende cada grupo político. Quieren hacernos creer que mimando a los de arriba se beneficia a los de abajo. Pero no es así. Lo único que consigue eso es lo que todo el mundo conoce muy bien. Consolidar más aún el poder de unos pocos en claro perjuicio de muchos, que recogen las sobras, por decirlo de alguna manera, de quienes las tiran a la calle.
No es preciso repetir que los impuestos financian lo que se llama «estado de bienestar». O sea, cubrir los derechos sociales de la ciudadanía. Educación, sanidad, pensiones y trabajo, cuyas cifras mejoran. Cuatro pilares con goteras que mojan a la mayoría y que deben mejorar en la medida de lo necesario. Dependiendo de quién maneje la batuta, la orquesta suena más o menos afinada. Las manos privadas velan por sus réditos, y las manos públicas, pese a todo, son el ángel de la guarda de la población.
Sale todo esto a colación por la entrevista a Díaz Ayuso. El dogma de fe es que la eliminación del impuesto de patrimonio a los privilegiados favorece a las rentas bajas porque estimula la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Así que, nada, vía libre a los regalos fiscales para los ricos en Madrid, Andalucía… Los servicios públicos se deterioran y se estafa a las familias al mismo tiempo que las rentas más altas prosperan a costa de los demás. O la multimillonaria defraudación fiscal en nuestro país, en Europa y en el mundo.
El impuesto de solidaridad, anunciado por el Ejecutivo, «expulsa patrimonio», según la presidenta madrileña. Excusa perfecta para rendir pleitesía a los de siempre y que nada cambie nunca. «Es absolutamente falso que bajando los impuestos perjudiques la sanidad o la educación», afirma Ayuso con su proverbial lucidez. El deterioro de la calidad de vida en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, ese nuevo «motor económico», es evidente. Y no pasa nada. Obtienen el apoyo en las urnas, se crecen y adelante. La ruina es la que traen los demás. Incluso el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional alertan contra la bajada de impuestos.
¿Es coherente recibir 140 000 millones por los fondos europeos y que existan bajadas fiscales o que haya comunidades autónomas que luego pidan más recursos al Gobierno? Pedro Sánchez defiende los impuestos a las empresas energéticas y a la banca con carácter temporal y extraordinario, cosa que actualmente se tramita en el Congreso, y la Comisión Europea plantea un impuesto a los superbeneficios de estas compañías. Naturalmente, el PP registra una enmienda a la totalidad para pedir que no se aplique ninguno de los dos y se espere a la decisión de Bruselas respecto a las eléctricas. ¿Impuesto sobre ventas o sobre beneficios? Ese es el dilema.
La defensora de la Constitución, Díaz Ayuso, lamenta la erosión de la imagen de la justicia y de todas las instituciones por parte del Gobierno. Lo dice desde el partido que no quiere la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque no le interesa, y que ha manchado con todo tipo de corrupciones los organismos donde anidó. Hasta el «felón» Sánchez deslegitima la Corona y la hace desaparecer. ¡No, hombre, no! Para eso están los líos que colean del rey emérito, no el presidente.
Pues bien, Ayuso y Bonilla conforman quizás el preludio de lo que le espera al resto de España con Feijóo, el Robin Hood de los grupos de personas influyentes, organizados para presionar en favor de ciertos intereses. Es decir, otro fraude democrático.