Opinión | Editorial

La ruta canaria de la migración debe estar en la agenda española europea

La autonomía canaria tiene ante sí el reto de asistir a los migrantes con todas las garantías para la protección de la vida de las personas y los derechos

Llegada de migrantes a Gran Canaria

Llegada de migrantes a Gran Canaria / BORJA SUÁREZ (REUTERS)

Canarias vuelve a estar en el ojo del huracán del movimiento migratorio, con un repunte en las llegadas debido a la confluencia de factores geopolíticos como la inestabilidad en el África occidental y el Magreb, la sequía, el colapso de las economías familiares o la ausencia de los alisios con un mar en calma. El miedo a un desbordamiento ha abierto una nueva negociación con el Gobierno en funciones de la nación con el objetivo de obtener, por una parte, más recursos humanitarios, y por otra, la reclamación de un mando único para la migración donde el Archipiélago tenga una representación acorde dada su condición de territorio más afectado junto a las ciudades de Ceuta y Melilla.

La incertidumbre de la investidura o, en su defecto, la convocatoria de nuevas elecciones generales, no debe ser, en modo alguno, un pretexto para mantener en un compás de espera el rediseño de la estrategia de Canarias frente a la migración. El golpe de Estado en Níger, los violentos disturbios en las calles de Senegal, o el mismo terremoto ocurrido en el reino de Marruecos, hacen temer por una escalada migratoria que coja a las Islas Canarias desprovistas del operativo necesario.

El Gobierno regional no puede bajar la guardia. Países como Italia, Francia o Alemania defienden a cara de perro sus prioridades en el seno de la Unión Europea, donde la situación crítica de la isla de Lampedusa tensiona las relaciones internacionales en cuanto a la asunción de los costes y asistencia de la ruta migratoria mediterránea.

La presidencia española del Consejo de la UE va a resultar clave para acelerar el cierre de una política común migratoria entre los veintisiete, en un contexto difícil, por no decir pesimista, dado los discursos xenófobos. También por la normalización de un pragmatismo que se refleja, sin ir más lejos, en el acuerdo de la alemana Úrsula von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con el régimen político de Túnez, cuestionado por las organizaciones humanitarias. El peso geoestratégico europeo frente al movimiento migratorio está centrado, por tanto, en el Mediterráneo.

El problema de Canarias como territorio de recepción del flujo de la zona del Sahel carece de protagonismo debido a no ser que los negociadores españoles ejerzan presión en el foro de la UE. El reconocimiento de la ruta atlántica de las pateras y los cayucos es el gran problema del Estado español en el apartado migratorio, por lo que no acaba de entenderse la apatía e indolencia que afecta a los responsables ministeriales, solo alterable bajo la presión que apliquen los negociadores canarios.

La migración africana no tiene un horizonte previsible, una fecha de caducidad, por decirlo gráficamente. Lejos de vislumbrarse un futuro apacible en África, los últimos acontecimientos políticos hablan por sí solos de la necesidad de estar preparados. España tiene que incrustar beneficios para Canarias en los mecanismos de solidaridad de la UE. Y debe hacer otro tanto de lo mismo en lo que se refiere al reparto de carga entre las autonomías, una corresponsabilidad humanitaria no cumplida en las acogida de los menores no acompañados.

La autonomía canaria tiene ante sí el reto de asistir a los migrantes con todas las garantías para la protección de la vida de las personas y los derechos. La misión encierra grandes dificultades, sobre todo cuando los medios resultan insuficientes y se corre el riesgo de caer en el hacinamiento. La repetición de una circunstancia como la de 2020 en el muelle de Arguineguín no sólo sería el reflejo de una deshumanización devastadora, sino además una irresponsabilidad sin paliativos por parte de los poderes estatales. La Fiscalía General del Estado, en su memoria, acaba de alertar al respecto, lo mismo que un acuerdo en este sentido alcanzado por todo los presidentes de Cabildos.

España no tiene más remedio que introducir a Canarias en la negociación de la política común migratoria. Sánchez y su ministro Albares, unilateralmente, negociaron con Marruecos el polémico reconocimiento de la autonomía para el Sáhara a cambio de mayor control migratorio. El resultado no ha sido el esperado, y la lección es que Europa al completo, tanto por el Mediterráneo como el Atlántico, afronta una situación que requiere un esfuerzo humanitario, político, social y económico sin precedentes.

El agobio para Canarias tampoco es menor: la imagen de su economía principal, el turismo, no puede verse dañada por la dejadez de un gobierno, ya sea por el que está en funciones o por el que está por venir, incapaz de darle a la migración el rango que le corresponde en su agenda de prioridades más candentes.