Opinión | Editorial

Acuerdo por el clima

Es responsabilidad de la administración, más allá de la buena fe de los contribuyentes, introducir estas variables para aminorar, en lo posible, los efectos negativos de la crisis ambiental

Cientos de líderes mundiales asisten al discurso del presidente Lula da Silva ante la cumbre del clima de Dubái.

Cientos de líderes mundiales asisten al discurso del presidente Lula da Silva ante la cumbre del clima de Dubái. / EUROPA PRESS

Nos equivocaremos si tratamos la Cumbre del Clima que comenzó esta semana en Dubái, la COP28, como una cita en el que pesen más las frases grandilocuentes que los compromisos reales. Es cierto que los retos son mayúsculos, no exentos de grandes dificultades –poner de acuerdo a líderes mundiales con intereses a veces contrapuestos en una resolución común– y que ejemplos del pasado no ayudan a forjarse una idea esperanzadora sobre los resultados que salgan de la cumbre, pero no queda otra alternativa que seguir perseverando en la búsqueda de soluciones para mitigar el cambio climático. O mejor dicho, la alternativa de no actuar aboca a la humanidad a un futuro inconcebible, el famoso punto de no retorno al que aún no hemos llegado pero al que cada vez nos acercamos más. Así pues, la COP28 se presenta como una oportunidad para aquellos que creemos que todavía es posible salvar el planeta.

La cumbre comienza empañada por los recelos que despiertan la propia ubicación (los Emiratos Árabes es uno de los principales países productores de petróleo) y la sospecha de conflicto de intereses de su presidente, el sultán Al Jaber, uno de los máximos responsables de la industria petrolera y gasística. Incluso en este escenario de escepticismo, hay que esperar que los representantes de los gobiernos sepan calibrar la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como advierten repetidamente los científicos.

En Canarias hemos visto en los últimos años la voracidad de los incendios forestales, la prolongada falta de lluvias, el calentamiento del mar, la aparición de especies marinas impropias hasta ahora de nuestro entorno, las frecuentes calimas, las altas temperaturas que nos hacen sentir como en un perpetuo verano más allá de nuestra hasta ahora habitual eterna primavera.

Para avanzar en la lucha contra el cambio climático es necesario implicar a todos, también a los sectores que más contribuyen al calentamiento global. Y convencerlos de que la transición hacia modelos de desarrollo económico sostenible es lo correcto. No es realista pretender que todos los países se pongan de acuerdo en atajar el consumo energético, y en cambio sí que lo es buscar puntos de encuentro para un crecimiento basado en fuentes de energía verdes.

La descarbonización de la economía implica importantes inversiones, y muchos gobiernos han evitado esta costosa factura hasta ahora. Eso era posible mientras los efectos del cambio climático eran un riesgo incierto, pero ahora se han convertido en realidades visibles (fenómenos meteorológicos extremos, la sequía persistente, migraciones) y cuantificables (un reciente estudio, de la Fundación Aón, valoró que los desastres climáticos causaron pérdidas equivalentes a casi 10.000 millones de euros en tan solo siete años en España). Por muy caro –y a veces impopular– que resulte aprobar medidas para la transición ecológica, siempre resultará más barato que no aprobarlas.

La financiación será probablemente el aspecto en el que más cueste que coincidan los gobiernos que se reúnan en Dubái. En concreto, en el apartado referente a quién debe pagar los daños causados por el cambio climático en los países del Sur Global, los más afectados. El mecanismo para recaudar los 100.000 millones de dólares anuales que se calcula que serán necesarios deberá concretarse en esta cumbre.

Por la gravedad de la situación actual, hay quien confía en que de la COP28 salgan resultados equivalentes al que supuso el Acuerdo de París de 2015. Si aquel pacto sirvió para concienciar al mundo de la necesidad de adoptar acciones, ahora hay que dar un paso más y exigir (exigirnos) compromisos más ambiciosos.

A una escala más cercana, a la local, para contribuir a hacer posible grandes transformaciones mundiales, la emergencia climática y la preocupación por el medio ambiente (como decimos, desde el aumento de la temperatura global a la sequía; desde la contaminación a los fenómenos meteorológicos extremos) pasa inevitablemente por un cambio de costumbres y hábitos del ciudadano y por actuaciones que tengan en cuenta tanto la participación y toma de partido, individual y colectiva, como el empleo de medidas coercitivas o el control sobre las empresas más contaminantes.

Es responsabilidad de la administración, más allá de la buena fe de los contribuyentes, introducir estas variables para aminorar, en lo posible, los efectos negativos de la crisis ambiental. Tanto para hacer frente a las necesidades actuales como previendo escenarios futuros, tenemos que tomar conciencia de que más tarde o más temprano se avecina un aumento fiscal que se concretará en los recibos de consumo o a través de los impuestos.