Opinión | Entre líneas

Alfonso González Jerez

El desafío de la productividad (I)

Fernando Clavijo, en el acto del Día de la Constitucion.

Fernando Clavijo, en el acto del Día de la Constitucion. / LA PROVINCIA / DLP

Supone un alivio, desde luego, que por fin un presidente del Gobierno de Canarias señale el primer verdadero problema económico que padece crónicamente el país: la productividad. El fracaso incuestionable de Canarias en materia de productividad denuncia y explica la sintomatología de una economía con crecimientos generalmente modestos, tremendamente frágil ante cualquier crisis externa, financiera, energética o sanitaria, con un desempleo estructural altísimo, salarios bajos, desigualdad creciente y una pobreza cada vez más ampliada, a los que se suma, de manera intrigante, un enorme gasto público en sanidad y educación que no sirve ni para ser debidamente atendidos en los centros sanitarios ni para aumentar la formación académica y profesional de las nuevas generaciones. No es momento de frivolidades ni mentecateces. Nos estamos jugando –simplemente –tener un futuro habitable. El PIB per cápita no aumentará ni el desempleo conseguirá bajar del 10% de la población activa ni dispondremos de empresas regionales ni de salarios decentes hasta que no aumente la productividad de nuestra economía, es decir, hasta que seamos más productivos para crecer mejor. La productividad no recuperará su crecimiento con otro millón más de visitantes turísticos o una nueva autopista. En España la productividad dejó de crecer a mediados de los años ochenta nada menos. De hecho en 2018 –antes de la pandemia – la productividad de la economía española era un 5% más baja que en 1996. En Canarias, específicamente, en los últimos años del siglo pasado. En 2018 significaba casi un 8% menos que en 1998. Es bastante terrorífico.

En el año 2021 Canarias acumuló un PIB de unos 42.600 millones de euros, frente a su máximo histórico, los aproximadamente 47.190 millones de 2019. Este año alcanzaremos por fin, después de cuatro años, un PIB similar, con un PIB per cápita que arañará los 21.000 euros. Todavía ligeramente inferior al PIB per càpita de 2007 o 2008 –ante de la brutal crisis financiera internacional – que llegó a los 21.050 euros. En los últimos 22 años –con las dos crisis graves sufridas – la tasa de crecimiento del PIB canario apenas sobrepasó el 1,5% anual de media. Algo va mal. Muy mal. Pero las élites políticas y empresariales de las islas se han dedicado a practicar un estúpido avestrucismo cortoplacista que nos ha abocado a un entramado sistémico de problemas y, a la vuelta de la esquina, a un crisis que pondrá en cuestión la viabilidad misma de una Canarias democrática, estable, próspera y cohesionada territorial y socialmente. Y no es fácil. Vivimos del sector servicios, y muy particularmente del turismo, sobre el que los economistas subrayan dudas teóricas sobre su capacidad de tracción sobre la productividad total de factores, inferior a la de la industria, el transporte o la logística.

La llamada de atención del presidente Clavijo es atinada y correcta. Pero en mi opinión la actitud del gobierno autónomo debería ser más proactiva desde un concepto estratégico multinivel sobre el que basar un liderazgo de las reformas necesarias. Para la situación actual de la comunidad hubiera sido más conveniente diseñar una Oficina de Prospectiva y Estrategia, emulando el centro de estudios dependiente de la Presidencia del Gobierno español, que un Comisionado del Régimen Económico y Fiscal. El Gobierno debe empezar para mejorar la productividad de la economía con la propia administración autonómica. Es imprescindible una reforma jurídica y operativa para conseguir unas administraciones públicas más profesionalizada, más ágiles y rápidas, más informatizadas y menos burocratizadas, así como de eliminar de una vez superposiciones competenciales que no redundan en un servicio público, sino todo lo contrario, y cumplir con la dichosa simplificación de trámites y procedimientos que no acaba de llegar nunca. Más de una tercera parte de los ayuntamientos canarios deberían ser suprimidos para una gobernanza más eficiente y eficaz de los territorios. La gestión del suelo en Canarias es una chapuza caótica y la planificación de la ordenación urbana una pesadilla recurrente. Pues bien: no existe una productividad sostenida son marcos regulatorios estables y eficientes.