Visocan y Gesplan

Si un consejero del Gobierno de Canarias, en este caso Pablo Rodríguez, titular de Obras Públicas, afirma tajantemente en sede parlamentaria que una empresa pública integrada en su departamento, Visocan, no desahuciará a familias en situación de vulnerabilidad, y el mismo día le llega a una de las familias que okupa un apartamento en los dos bloques que Viviendas Sociales de Canarias tiene en Añaza una citación a juicio que no tiene otro objeto que obligarles a entregar la vivienda, ocurre algo. O una de dos: o no existe ni unidad de acción ni de estrategia entre la Consejería y Visocan o simplemente los responsables de Visocan actúan motu proprio sin prestar mayor atención al consejero, como, por supuesto, tampoco lo hacen con el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Servidor se inclina –reconozco que un poco intuitivamente– por la segunda explicación.

Desde Visocan se ha insistido en que media docena de familias del doble bloque de Añaza son okupas, es decir, han invadido las viviendas sin contar con autorización o título para ello, y que por tanto lo que procede es echarlos. De acuerdo: es inaceptable que irrumpas en una casa que no es tuya. No deben seguir ahí. Pero Visocan no es una puñetera inmobiliaria. Es una sociedad pública que trabaja bajo principios explícitos de interés social. Es como si la situación de los okupantes no fuera de su incumbencia, aunque obviamente las familias implicadas estén en condiciones de vulnerabilidad o fragilidad económica. Visocan, sea todo dicho, tampoco se ha mostrado especialmente sensible con las familias que sí tenían los papeles en orden, pero que no podían enfrentarse a los pagos a los que se habían comprometido contractualmente. Ha sido el ayuntamiento de Santa Cruz, bajo la dirección del alcalde, José Manuel Bermúdez, quien hasta cierto punto ha debido de ejercer como mediador frente a Visocan, en defensa de los vecinos. Viviendas Sociales de Canarias se porta como si fuera Coral Homes, Vía Célere o Metrovasesa. El resto de las administraciones públicas tienen que acercarse, intermediar, solicitar paciencia u ofrecer soluciones parciales, estimular, digamos, la generosidad de los altísimos señores visocaneros. Es realmente asombroso. En realidad es bastante indignante.

La actitud de Visocan –su enrrocamiento en sí misma, su visión mercantilizante y su libérrima autonomía– recuerda mucho el reciente desarrollo de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, empresa pública constituida en 1991 y hoy adscrita a la Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial del Gobierno autonómico. Gesplan no obedece a nada y a nadie y se ha embarcado en una expansión abiertamente dañina para el tejido empresarial isleño y para la calidad constructiva y planificadora en Canarias. Los ayuntamientos, para sortear intrincados y lentos laberintos burocráticos, llevan años encargando directamente a Gesplan planes urbanísticos y construcciones, creando un mercado intervenido de facto del que son expulsadas las empresas dedicadas a la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo, la ecología o la construcción. Arquitectos urbanistas en Canarias deben quedar media docena. O menos. Para ejecutar tantas felices adjudicaciones, Gesplan contrata bueno, bonito y barato a arquitectos, aparejadores o ingenieros. Recientemente ha tenido la osadía de presentar un nuevo plan estratégico para los próximos años tal vez con el objetivo que no quede abierto un estudio de arquitectura en Canarias o que los ingenieros emigren en masa o que los urbanistas se suiciden en las rotondas.

Tanto Visocan como Gesplan deberían ser evaluadas y reconducidas políticamente. Su rol es el de empresas instrumentales sin olvidar su misión social y sin pretender controlar o desbaratar un mercado profesional. Casualmente las dos empresas tienen como máximos responsables a individuos propuestos por la Agrupación Socialista Gomera; aunque en Gesplan Agoney Piñero haya sido sustituido por Miguel Ángel Pérez, fue con el nihil obstat de los casimiristas. Quizás no sea una casualidad, sino una cultura política compartida. Tal vez no sea pura coincidencia, sino todo lo contrario.

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