Un Libro Blanco para la gestión del Patrimonio Arqueológico

En los últimos años, particularmente en los medios, se viene hablando mucho del patrimonio arqueológico, hay un interés que está en continua progresión y ello se detecta claramente en las redes. Hablamos de un segmento capital dentro de las manifestaciones del patrimonio cultural vinculado al acervo insular y de gran interés para la ciencia (investigación) y para la economía (uso público y difusión). Actualmente, en las Islas se puede calcular que hay en torno a dos centenas de personas que, directa o indirectamente, realizan sus labores profesionales con esta materia como eje principal. Nos referimos a los trabajadores de la administración pública, así como a aquellos vinculados a empresas privadas, a los investigadores de las universidades canarias y otros centros de investigación, etcétera.

Debemos apuntar que las actividades relacionadas con el «Patrimonio» cuentan con una normativa que las regula, quizás no con los éxitos deseados. La Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias define el Patrimonio Arqueológico de Canarias y también articula otros aspectos que le atañen, en particular los referidos a los Museos de Arqueología; a los Bienes de Interés Cultural; etc. En efecto, con este marco legal se vertebran definiciones y parámetros que guían preceptivamente y en teoría al conocimiento, protección, conservación, difusión y todas aquellas otras actividades vinculadas lo que, en definitiva, condiciona su gestión. Somos conscientes de que no es suficiente contar con una legislación para atender las múltiples casuísticas que le rodean e inciden en él. En nuestro caso, hay que afirmar sin ambages que la ley se ha quedado corta y precisa, al menos en lo referido en este campo, una ampliación y el desarrollo de un reglamento que posibilite una mayor eficacia frente a problemas y déficits que se constatan cotidianamente. Temáticas como la investigación, la conservación, la protección, el uso público y la difusión tienen deficiencias en su tratamiento como se puede comprobar con algunos ejemplos que aglutinan lo dicho, léase: Parques Arqueológicos, Museos Arqueológicos Insulares, etcétera. En concreto, a estos temas hay que prestarles una atención especial para no solamente cumplir con la legislación vigente, sino también para dar respuesta, entre otras cuestiones, a las expectativas que al respecto se perciben, v. gr.: bien en aspectos científicos, ya en otros relacionados con el uso público, debiendo entenderse, en cualquier caso, que a este legado no se le puede considerar ligera y simplemente como una pieza más de las ofertas complementarias de la industria turística.

Parece conveniente que como comunidad aspiremos a conocer cómo hemos tratado nuestro patrimonio arqueológico. Este es un aspecto que hay que valorar y entendemos que para ello es clave calibrar cómo ha sido contemplado por la historiografía, por la intellingentsia insular, si bien lo conveniente es saber cómo lo ha hecho y hace la administración que, en sus distintos niveles, cuenta con unos medios incomparables con los que existían hace unas décadas, y que sin embargo, por contra, se muestran insuficientes para atender una gestión cotidiana acorde a lo que puede demandar una sociedad con perfil democrático e interesada por su patrimonio cultural.

En este sentido, debemos también resaltar que, pese a las múltiples acciones realizadas en los últimos años, lo que se ha logrado es insuficiente y mejorable. Se percibe que hay voluntad y predisposición por todas las partes, pero también tenemos que afirmar que en la práctica no hay grandes avances sustanciales. La realidad nos dice que estamos muy lejos de contar con un sector vertebrado, fuerte y competitivo y que no contamos con suficientes herramientas y mecanismos administrativos que permitan implementar nuevas estrategias y actuaciones que sirvan para cumplir adecuadamente las necesidades que precisa el sector.

No obstante lo dicho, obviamente la vigente Ley de Patrimonio Cultural serviría para coadyuvar planteamientos maduros que puede y debe liderar el Gobierno de Canarias y estamos convencidos de la sensibilidad e interés de las administraciones insulares, a todos los niveles, por potenciar el sector, por responder y resolver los problemas que atañen a este apartado definidor del patrimonio cultural de Canarias. Por consiguiente, en base a lo que venimos argumentando, creemos que es pertinente plantear, ante las distintas instancias con competencias, nuevas vías para confeccionar una estrategia compartida con todos los protagonistas que intervienen en este campo. Entendemos que al hilo de la actual situación hay que poner encima de la mesa un diagnóstico fundamentado –eminentemente participativo– para que, de forma paralela y consensuada, se pueda programar una línea de acción sobre la que sustentar a corto y medio plazo una política coherente para con el futuro más inmediato, en lo referido a investigación, protección, conservación y el disfrute ordenado del patrimonio arqueológico. Esta propuesta debe estar incardinada por un acuerdo formal entre las administraciones públicas, otros agentes (públicos y privados), técnicos y profesionales, la sociedad civil,…

A tenor de todo lo planteado, consideramos que con la elaboración de un libro blanco se puede lograr un documento institucional, de carácter público, que sirva de guía para diseñar –con potestad y legitimidad– una política a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de comprender y resolver una temática y que requiere del diseño de una estrategia global que sirva para ayudar en la toma de decisiones, tanto políticas como en la gestión cotidiana. En la Unión Europea los libros blancos son publicados por la administración, gobiernos centrales o regionales, para exponer una política o proponer una línea de acción en un tema que preocupa a la sociedad.

El «Libro Blanco del patrimonio arqueológico de Canarias» se deberá plantear con el fin de activar sus potencialidades y se conformaría como una herramienta de amplio consenso, además de propiciar el impulso y desarrollo de la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias.

El Libro Blanco permitiría disponer de un diagnóstico actualizado, fruto de la elaboración participativa (administraciones, universidades, sector privado) de la situación del Patrimonio Arqueológico de Canarias y facilitaría la elaboración de una hoja de ruta –basada en evidencias y en un alto grado de coordinación interadministrativa– sobre la que sustentar el diseño e implementación de medidas de gobernanza de largo plazo, traducibles en directrices, programas, planes y protocolos en el corto y medio.

En definitiva, entendemos que hay que promover una herramienta ágil, científica y democrática que permita un análisis puesto al día, que sea soporte de unas propuestas de actuación destinadas a fortalecer el desarrollo cultural y económico de Canarias. Para ello serviría el «Libro Blanco del patrimonio arqueológico de Canarias».

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