Opinión | Editorial

Pobre balance de la gestión poscovid

Un hospital durante la pandemia.

Un hospital durante la pandemia. / Ferran Nadeu

Se han cumplido cuatro años del inicio de la pandemia del covid que solo en España provocó 121.760 muertos y millones de contagiados. Según los datos del último informe epidemiológico publicado por el Ministerio de Sanidad el 30 de junio de 2023, en Canarias se habían registrado 474.780 casos de coronavirus, de ellos, 2.344 fueron fallecimientos. El Archipiélago contaba, en ese mismo informe, con la tasa de fallecimientos más baja de todo el país, con 107,64 muertes por cada 100.000 habitantes. Muchas de las personas que se contagiaron padecen aún secuelas y se sienten poco amparadas.

Las dificultades vividas hicieron emerger un conjunto de déficits del sistema sanitario español, algunos de carácter coyuntural y otros más de estructura, de los que la opinión pública adquirió conciencia, obligando a las administraciones a asumir unos compromisos, el balance de cuyo cumplimiento resulta poco alentador.

El sistema de detección y gestión de emergencias sanitarias falló estrepitosamente y aunque se han producido avances en este campo, algunos ya en plena pandemia contribuyendo a minimizar el desastre, se está lejos de haber dotado a España y a Canarias de las estructuras necesarias para hacer posible la anticipación de situaciones de riesgo. Todavía no se ha aprobado la legislación que ha de permitir la creación de una Red Estatal de Vigilancia de la Salud Pública, ni la Agencia Estatal de Salud Pública, ni tampoco una ley de pandemias que debería facilitar la gestión de dichas situaciones.

A nivel estatal, tampoco el reforzamiento del sistema público de salud a partir del dictamen de medidas sobre el covid que aprobó el Congreso de los Diputados arroja un balance demasiado optimista, ya que ni han aumentado los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, con el consiguiente descenso de la valoración que hacen de él los ciudadanos, ni se ha reforzado la Atención Primaria, ni ha aumentado el número de camas, ni se han mejorado los modelos retributivos del personal sanitario, ni las medidas para luchar contra el síndrome de ‘burnout’ (de estar quemado) del personal sanitario, incrementando así su sensación de frustración y de abandono tras los aplausos pandémicos.

En Canarias, la Consejería de Sanidad ha elevado sus presupuestos, impulsado procesos de estabilización del personal para reducir la temporalidad de las plantillas o aprobado una oferta pública de empleo. Es el caso de la estrategia integral de atención primaria prevé para los centros de salud un refuerzo de plantillas, mejoras en las condiciones laborales, y más desburocratización y digitalización. También se han creado hospitales polivalentes anexos a los grandes centros para tratar patologías infecciosas o epidémicas y se trabaja en una estrategia sociosanitaria conjunta con la Consejería de Derechos Sociales. Y se potencian los recursos y servicios domiciliarios para dar asistencia a los pacientes crónicos. Efectivamente, hay procesos, planes y estrategias, pero aún están por ver su aplicación y sus resultados.

Por ejemplo, el Plan Activa Salud para reducir los tiempos de demora y el número de personas en espera de una intervención quirúrgica, de consultas y de pruebas diagnósticas. Sus actuaciones para reducir las listas de espera parece que comienzan a dar frutos. Sin embargo, desde colectivos de defensa de la sanidad pública critican la falta de transparencia en los datos y estiman que en la información sobre las listas de espera falta un 30% de pacientes. Creen además que no hay mejoras reales en el sistema sanitario tras la irrupción de la pandemia. «Se ofrecen muchas actuaciones sobre el papel, pero no se ponen en práctica», cuestionan.

En el conjunto del país tampoco se ha atendido suficientemente la herida emocional causada por la pandemia a pesar de la puesta en marcha del Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental y Covid-19 y de iniciativas autonómicas, como las llevadas a cabo en Canarias, que, si bien han permitido aumentar la dotación de psicólogos, no han evitado que las cifras se sitúen lejos de la media europea. El aumento de suicidios, por ejemplo, la causa de muerte no natural más frecuente en el Archipiélago, no se ha contenido. Todo lo contrario. Del mismo modo, aunque han mejorado los protocolos de actuación de las residencias, lo cierto es que el sistema sigue infrafinanciado y no afronta el reto demográfico.

Por todo ello, a día de hoy, el balance de la gestión pospandemia registra tímidos avances en Canarias a pesar del importante esfuerzo de gestores y profesionales. Y es muy pobre en España. Sigue sin existir una legislación básica que permita anticiparse y gestionar una nueva pandemia sin incurrir en una excepcionalidad lesiva con los derechos fundamentales y sin tener que forjar acuerdos políticos contra reloj para hacer frente a situaciones que, cuando tarde o temprano haya otra pandemia, ya no se podrán volver a considerar imprevisibles. De las compras de material ya se ha escrito desde esta tribuna en otra ocasión y en muchas más en las páginas de información regional y nacional. Por desgracia, pero con total seguridad, habrá que seguir haciéndolo.