Tres silencios

Definitivamente hay cosas de las que no se debe hablar y no se habla. Por ejemplo, del incremento de la inseguridad en las calles y plazas y extrarradios de Canarias. Los ayuntamientos están extenuados de solicitar más apoyo a sus – por lo general -- exigüas plantillas policiales sin demasiado resultados. Han repetido sus exigencias y la consejera de Política Territorial y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha prometido en esta ocasión que la mayoría de los 141 nuevos efectivos de la Policía Canaria servirán como refuerzo a la seguridad municipal. Las previsiones de la consejera apuntan a nuevas oposiciones el próximo año, con lo que la Policía Canaria, a finales de 2025, superaría los 550 agentes. Poca cosa, si por ejemplo el municipio de Santa Cruz de Tenerife necesita con urgencia 150 más. La combinación de las crisis de 2008 y 20120, la ley de estabilidad presupuestaria y los sucesivos fracasos de la nueva ley de coordinación de policías locales – la hoy vigente data de 1997 – explican en buena parte la situación. Aumentan los hurtos, aumentan las peleas y grescas, aumentan los abusos sexuales, particularmente en zona turísticas, pero aquí seguimos anclados en la imagen entre idílica y pachorruda de nosotros mismos y lo buena gente que somos y toda esas necedades contemplativas. Particularmente no se habla, no debe hablarse, de la participación de migrantes en comportamientos violentos o, crecientemente, en actividades como el menudeo con las drogas.

Tampoco se puede hablar del saneado negocio de la prostitución en las islas, particularmente en las grandes conurbaciones urbanas y -- de nuevo – en los sures turísticos. Jamás se había practicado tanto la prostitución en Canarias – con un imparable flujo de carne femenina semiesclavizada desde la Europa central y Latinoamérica -- y jamás se había prestado menos atención pública – desde la política, desde los medios sociales, desde los centros académicos – porque las putas ni están sindicalizadas ni suelen votar ni quieren ni pueden denunciar casi nunca su situación. Y porque su clientela masculina es transversal e incluye toda la tipología de la clase media – los muy pobres no pueden pagar y los muy ricos tienen sus propios espacios y especialidades, también fuera de Canarias, pero por definición constituyen una minoría. En las capitales de la comunidad autonómica son cientos los apartamentos dedicados discretamente a la prostitución mientras los espacios urbanos donde se practicaba tradicionalmente se degradan, y cada vez, en resumen, son menos activos. En las islas menores y menos turistificadas – llamarlas aquí islas verdes parece un chiste – es habitual que grupos de prostitutas cojan el ferry o el avión y trabajen dos o tres días para luego regresar a su base de operaciones: así de segura y estable es la demanda.

Y por último ya tampoco se suele hablar de drogodependencias. Qué tiempos aquellos en los que se consideró necesaria una Dirección General de Drogodependencia en el Gobierno autonómico, que el primero en ocupar fue Guillermo Guigou en la segunda mitad de los noventa. Por entonces en Canarias –como en España y en otros países europeos – se llegó a calificar el fenómeno de las drogodependencias como «el primer problema de salud pública». Pues, bien, casi ha desaparecido. Ya nadie consume cocaína, ni heroína, ni pastillas de diseño, ni barbitúricos, ni mucho menos alcohol. Ya no existe ni el consumo ni por lo tanto su impacto social, familiar y educativo. Preocupa más la aterradora tortícolis que pilla el adolescente leyendo en el móvil que lo que se toma en los baretos y terrazas. Al parecer – caso único en el planeta – las asociaciones no gubernamentales que desintoxican a los drogodependientes han solucionado solitas el problema. Ah, vergel de belleza sin par que hacen despierto soñar. Y sin fentanilo.

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