Una veintena de ciudadanos secundaron en la capital grancanaria, ante las escaleras de la sede del Patronato de Turismo en la calle Triana, las concentraciones convocadas este martes en 35 ciudadades españolas por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) para denunciar la discriminación sufrida por el colectivo a causa de la presencia generalizada de barreras.
Alrededor del 10% de los canarios sufren alguna discapacidad, estimó el presidente de Cocemfe en Canarias, Juan Carlos Hernández, antes de subrayar que, aunque el Archipiélago padece una inaccesibilidad similar a la Península, la situación empeora en las islas periféricas y tampoco el sector turístico muestra especial sensibilidad para atender al colectivo
El 70% de los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad en España sufre problemas de movilidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2008, que cuatro años después cifró en el 69% del colectivo las dificultades para acceder a actividades de ocio y cultura.
Bajo el lema #AccesibilidadYA: Por la accesibilidad de productos, entornos, bienes y servicios, las protestas simultáneas pretenden concienciar a la sociedad y reivindicar medidas para eliminar los obstáculos vulneradores de los derechos, libertades y vida independiente de las personas con discapacidad, según informaron desde la organización, que prevé la participación de más de 2.500 personas en lugares inaccesibles.
Tambien Facua-Consumidores en Acción participó en las concentraciones organizadas por Cocemfe e instó a a los ayuntamientos españoles a "tomarse en serio" la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas mediante la adopción de urgentes, al tiempo que recordó que el plazo recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para que todos los edificios fueran completamente accesibles a las personas con discapacidad finaliza el 4 de diciembre próximo.
A falta de un mes para que expire el plazo, "no existe posibilidad alguna" de que las diferentes administraciones cumplan, en su conjunto, el mandato de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, según lamentó Facua antes de considerar que se debería haber hecho "mucho más" de lo que "realmente se ha hecho" a la vista de la cantidad de barreras que "aún existen en casi todas las ciudades".
