El ruido, provocado por el malestar que generan unas condiciones laborables precarias, crujía desde hace meses al fondo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (IMLCF). Ayer, esa bola se hizo estruendo y emergió a la superficie. Todo el personal del centro -médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales forenses, auxiliares de autopsia y funcionarios judiciales- levantó la voz y mandó parar para solicitar una serie de reivindicaciones con el objetivo de mejorar su situación profesional y, por una simple correlación de los hechos, regenerar el funcionamiento del IMLCF, un centro dependiente de la consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias que presenta listas de espera de hasta un año para la obtención de un informe del psicólogo forense para -por ejemplo- certificar abuso sexual o maltrato a un menor.
Leila Medina, médico forense del IMLCF y portavoz de los trabajadores del centro, subrayó ayer que "este problema nos afecta a nosotros porque las condiciones que nos encontramos a diario no son las idóneas para poder ejercer nuestra profesión", pero también advirtió que "afecta a toda la sociedad". "No es", añadió, "un problema muy particular de un grupo de trabajadores. Abarca a todos porque mucha gente depende de nuestra labor".
Dependientes
La empleada del instituto forense recuerda que "no sólo hacemos autopsias". Medina detalla que "si un anciano quiere optar a una plaza en un centro sociosanitario público debe contar con un informe del centro; si una persona quiere obtener la tutoría de otra con problemas de demencia, también tiene que pasar por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas; si una víctima de violencia de género o abusos necesita un certificado, pasa por nuestras manos; igual que en los casos de menores maltratados".
Frente a ese contexto, Medina pone números -y luz- sobre las listas de espera que sufren los ciudadanos que acuden al IMLCF de Las Palmas en busca de un informe forense. "Lo que es intolerable", argumenta, "es que tengamos listas de espera de hasta un año para el informe de un psicólogo forense en casos de maltrato de menores o que una persona que necesita un documento para certificar su estado mental o una incapacidad laboral tenga que aguardar entre cuatro y cinco meses".
La médico forense reconoce que "hemos tenido casos de dar citas a personas que, en la espera, fallecieron. Eso no se puede permitir, sobre todo cuando hay vías para encontrar una solución para que el instituto funcione de manera correcta". Y, en ese camino, la profesional sanitaria señala a los responsables políticos. "No consideramos", apunta, "responsables a los anteriores directores del IMLCF. Somos conscientes de las limitaciones que se encontraron. Esto sólo se arregla si hay voluntad política por parte del Gobierno de Canarias, de la consejería de Justicia. Y aquí estamos al margen de colores. Estamos todos unidos. No queremos llegar a la situación de tener que ir a la huelga, pero si hace falta, iremos".
Medina lamenta el empeño del Gobierno de Canarias "por externalizar" el servicio. "Por lo que pagan por tres informes privados de accidentes de tráfico", expone, "podrían abonar el sueldo de una persona. No entendemos qué interés hay externalizar nuestro trabajo".
La médico forense también recalca que la edad media de los trabajadores del IMLCF "ronda los 45 años y en el plazo de cinco años varios médicos forenses del centro podrán optar a la jubilación". "Atendemos a tres islas", ilustra, "y si el trabajo sale adelante es porque nosotros nos organizamos y realizamos esfuerzos para que el centro no se colapse del todo". "Muchas veces, en casos de autopsias", prosigue, "hacemos el trabajo burocrático porque somos conscientes que detrás hay una familia que acaba de perder un ser querido. Pero todo tiene un límite. Estamos encadenando guardias sin las 11 horas de descanso que nos corresponden. Y eso no nos los sacamos de la manga, lo marca una directiva europea que ahora mismo no se cumple en un centro del Gobierno de Canarias".
Una máquina de rayos X sin estrenar
- El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas adquirió, en 2007, una máquina de rayos X que, según denuncia Leila Medina -médico forense- "nunca se ha podido poner en marcha". "En su día", añade, "cuando se instaló se anunció a bombo y platillo en todos los medios de comunicación. Pero la realidad es que nunca se ha usado. Y por eso, imagino, el Ministerio de Industria acumulará varios años pagando multas al no hacerla funcionar". La última directora del centro, María José Melián, fue destituida en abril y desde entonces el puesto está vacante. La administración de Justicia justificó el relevo sobre un informe en el que se advertía la existencia de riesgos psicosociales al criticar la gestión y el trato dado por la ejecutiva a los empleados. Una de las protestas de los médicos forenses ante el colapso del IMLCF es no optar a la plaza vacante de director.
