El BOE de este sábado, 28 de marzo, publica una orden del Ministerio de Sanidad en la que solicita a la Secretaría de Digitalización que implemente una aplicación para ayudar a los afectados por el coronavirus con información sobre cómo actuar y consejos varios para pasar el trance de la mejor manera posible.
Esta app, además, permitirá localizar al paciente, "a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en la que dice estar". Y no solo eso, sino que también se analizará en qué lugares ha estado "en los días previos y durante el confinamiento", para crear un mapa que refleje la movilidad de grupos de personas "a través del cruce de datos de los operadores de móviles, de manera agregada y anonimizada"; recalcando ese carácter anónimo bajo la tutela de la legislación vigente.
En Corea del Sur una aplicación similar, pero a lo bestia, traza con precisión milimétrica con quién has estado, y si apuran, a cuántos metros, lo que de lejos les ha redundado en un férreo control de la propagación.
Lo hizo desde el minuto uno. Desde el primer caso, escarmentados por el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio de 2015, que, si bien tuvo una afección ridícula si se compara con las cifras actuales, les quedó meridianamente claro que para evitar la propagación de una afección respiratoria había que confinar al personal antes de decir achís.
Así fue como, tras detectar que un 60 por ciento de los primeros afectados pertenecían a un grupo religioso liderado por Lee Man-Hee, que se presenta este hombre como la segunda reencarnación de Cristo, se activa la aplicación Self-Quarantine Safety Protection, que vigila a toda la población para que cumpla el confinamiento a rajatabla. También ofrece consejos y recomendaciones, además de informarle de nuevos casos en su área, pero se chiva al instante si una persona no autorizada sale de su vivienda y envía a uno de los vigilantes dispuestos en cada una de las zonas para tirarle de las orejas.
China va aún más allá, como es de todos conocido, con su Gran Hermano capaz de observar al microscopio a sus casi 1.400 millones de habitantes, con un sistema de puntuación social que deja corto a George Orwell.
Aquí en España, y Europa, ese colectivismo asiático está muy lejos de calar, de momento. El primer registro estatal de ciudadanos en nuestro país, Iglesia aparte, comienza en 1951, con el DNI cuyo número 1 es para? Francisco Franco. Y los primeros en acceder al documento forman parte de la población penitenciaria, para ir luego ampliándose a todos los españoles, ellos, porque ellas son las últimas en ser dignas de un carné, según la particular mirada del régimen. Esa cartulina primigenia marcaba también cuatro estados económicos de sus portadores, la cuarta para los pobres de solemnidad. Hoy en día incluye datos que también te geolocalizan porque aparece el domicilio en toda su extensión, el nombre de tu padre y de tu madre, y una serie de inquietantes números que te quedas marcado de por vida como una vaca de granja.
Pero así como en España se ve de natural portarlo a diario, como ocurre en Bélgica, en Francia no es ni siquiera obligatorio, y en Estados Unidos solo hace falta el de conducir, por si vas a conducir, si bien el Passport Card, con el tamaño de una tarjeta de crédito, facilita el tránsito entre sus distintos estados.
Esto, por un lado, porque por el otro, el del ciberespacio, ahí afuera sí que saben dónde usted vive, de qué color es el cuarto de estar, qué marisquea en la red y habrá incluso notado que es pensar en calamares y salirle un anuncio de viajes a Roma, porque el algoritmo en su incipiente imperfección entiende una libre interpretación de los calamares a la romana.
En la red se vuelcan todos los datos de uno sin darse cuenta. Números de teléfonos, de tarjetas, la foto del coche, del perro y hasta del pato, si lo tuviera. Alarmarse porque un gobierno quiera conocer cuáles son los flujos de movilidad de una masa sin identificar a cada uno de los que forman parte de ella es como toser y rascarse los cataplines.
