Las escuelas infantiles privadas sólo sobrevivirán, de aquí al mes de septiembre, si reciben un apoyo económico por la Cosejería de Educación del Gobierno de Canarias, como ha sucedido en otras comunidades como Baleares, Galicia, Valencia o Andalucía. Así lo han reconocido los representantes de la Asociación Canaria de Escuelas Infantiles Privadas (Aceip) -a la cual pertenecen las asociaciones de centros de educación infantil Aceilas, Educando y Ansite- mediante un escrito a la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra Palmero, en el que expone la situación económica límite que están viviendo ante la pandemia del Covid-19 y su especial vulnerabilidad con respecto a la educación pública o concertada. En la actualidad hay 164 centro autorizados con un total de 8.124 plazas.
"Nuestros centros pasan un momento muy delicado y no nos sentimos respaldados por la Administración a la que pertenecemos", asegura. "Ante el cierre estuvimos obligados a realizar Ertes en nuestras pequeñas empresas, que cuando la crisis sanitaria pase, se verán obligadas a abrir sus puertas, con el mismo personal y servicios, teniendo en cuenta que podría ser de cara al verano cuando muchas familias no podrán volver a ella, o bien por no tener un trabajo o por vacaciones familiares o por recortes en la economía, por lo que necesitamos el respaldo de la Consejería para hacer frente a los meses duros que le depara a nuestro sector", añade.
El presidente de la asociación Educando, Gustavo Hernández Medina, asegura que hay que reivindicar la etapa de 0 a 3 años como educativa. "La sociedad con el paso del tiempo ha ido tomando cada vez más conciencia de la educación temprana". Y recuerda que "desde el cierre el 12 de marzo, no hemos podido facturar, aunque buscamos fórmulas para compensar servicios que no hemos dado como comedores, pero somos microempresas que tenemos una estructura de gastos bastante elevada y el 85 % de los ingresos se nos va en gastos de personal, seguros sociales, etc. y el resto en pago de inmuebles, hipoteca, seguros, intereses bancarios, asesoramientos laborales, planes sanitarios, etc. Y toda esa estructura tenemos que seguir manteniéndola con la incógnita de si vamos a poder abrir en septiembre". Aunque asegura que "no volverán alumnos porque muchos padres estarán después en paro". Pero "si queremos que existan estos centros con calidad, es fundamental recibir las ayudas de otras comunidades".
Por su parte, la presidenta de la asociación Ansite, Marina Amador, recuerda que "vivimos de las cuotas de los padres y si no pagan no podemos sobrevivir". Y recuerda que mientras los centros públicos y concertados no tiene problemas "los privados reciben una asignación mínima, ya que la mayor parte de los ingresos son de las familias, pero ante la ausencia de los mismos a ver cómo sobrevivimos", añade.
La presidenta asegura que "tenemos el mismos derecho que un colegio concertado y vamos a tener que seguir afrontando una serie de gastos", por lo que "es necesario resolver la situación como ha sucedido en la mayoría de las zonas del resto de España". Amador subraya que "vamos a perder la mitad de los alumnos y sólo pedimos lo justo para mantener abiertos los centros".