Una reunión, otra cita aparentemente más para organizar el cierre del curso escolar, ha destapado una crisis que se cuece desde hace meses en la Consejería de Educación y que deja en una delicada posición a su titular, María José Guerra.
Pongámonos en situación para entender el pulso interno. Los principales sindicatos educativos son convocados , desde la Dirección General de Centros -con Laly González al frente-, para participar en un encuentro en el que se pondrán sobre la mesa diferentes temas ligados al cierre del curso. Ni la consejera ni la directora general de Personal -Marisol Collado- son informadas sobre la celebración de la reunión. Al tener conocimiento del movimiento a su espalda, María José Guerra anula la cita y, como se apunta desde su propio equipo "a riesgo de si se puede estropear aún más la imagen de la consejería", reconduce el asunto hasta la siguiente Mesa Sectorial de la propia Consejería de Educación, un órgano que preside Marisol Collado.
Este capítulo, escenificado en los últimos días, representa un detalle más dentro de un desencuentro mayor y que ha tomado forma durante casi un año en el seno de la consejería. De un lado sobresale María José Guerra y su grupo de confianza dentro del departamento, formado por la propia Marisol Collado y Gregorio Cabrera -director general de Ordenación, Innovación y Calidad; en el otro margen destacan Loli Rodríguez, viceconsejera, y la propia Laly González.
Sin comunicación
La situación ha llegado a tal punto dentro de Educación que la comunicación entre la consejera y la viceconsejera es nula justo en medio de la crisis provocada por el coronavirus y que ha trastocado los planes escolares para el ejercicio 2019-2020.
A 14 de mayo, Canarias aún no ha definido cómo cerrará el curso. Desde los sindicatos se recalca que "lo único que está claro es que finaliza el 30 de junio y que el proceso de evaluación se realizará a partir del trabajo de cada alumnos durante los dos primeros trimestres". A partir de ahí, apuntan, "estamos a la espera de que se tomen el resto de decisiones en base a lo que dictamine en Ministerio de Educación y cada consejería autonómica".
Pese a ser "conscientes de la dificultad que entraña decidir en una situación de tanta incertidumbre, en la que también se depende de lo que recomienden las autoridades sanitarias", desde los principales sindicatos educativos canarios se lamenta que la Consejería de Educación "se tracen cambios constantes, con ideas que se las lleva el viento y sin nada concreto".
Mesa sectorial
El departamento del Gobierno de Canarias y los principales agentes educativos de las Islas mantuvieron una reunión este martes, en la que la consejería planteó un borrador al que los sindicatos deben incorporar ahora sus propuestas. La idea es que ese proyecto conjunto se convierta en un documento oficial la próxima semana.
Según avanzó Canarias7 ayer, en plan presentado por el equipo de María José Guerra propone no abrir los centros del Archipiélago durante el verano -salvo casos concretos como experiencia piloto- e iniciar el próximo curso en octubre.
Ambas partes se volverán a sentar mañana, en otra mesa sectorial y, además de lo que allí puedan acordar, sus conclusiones estarán supeditadas a la conferencia que el domingo mantendrá Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. En ese cónclave, en principio, uno de los puntos dentro del orden del día orbitará alrededor de Educación con el objetivo de intentar alcanzar un acuerdo en común para cerrar el curso escolar actual.
Para despejar el camino a Sánchez, la ministra de Educación, Isabel Celaá, se reúne hoy con los consejeros educativos para debatir cómo acabar el curso de acuerdo a las fases de desescalada del estado de alarma a las que están optando las comunidades.
Los colegios pudieron abrir desde este lunes 11 de mayo, con el inicio de la fase 1 de la desescalada, para la desinfección de los centros así como para tareas administrativas. La fase 2 de desescalada, prevista a partir del 25 de mayo, incluye la vuelta voluntaria a clase de alumnos de cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato, segundo de Formación Profesional e Infantil hasta seis años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización.
