La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria publica aproximadamente 850 artículos por año, “lo que supone un 0,53 por profesor/año”, y para llegar a la exigencia del nuevo real decreto habría que alcanzar unos 1.100 artículos por año, en torno a 250 más. Así lo señaló la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Marisol Izquierdo durante el pleno de Consejo Social de la ULPGC celebrado el pasado jueves, y en el que se abordó el borrador del real decreto que prepara el Ministerio de Universidades sobre los requisitos imprescindibles en la creación, reconocimiento y autorización de las universidades en España, y que tiene previsto sustituir al real decreto que actualmente está en vigor, aprobado en 2015.
Durante la sesión extraordinaria, en la que el Consejo Social ha mostrado su apoyo y colaboración al nuevo equipo rectoral para alcanzar las exigencias de la futura normativa, el rector Lluís Serra, ha manifestado que el proyecto de real decreto establece un período de cinco años para cumplir los nuevos requisitos exigidos y que las deficiencias detectadas en la ULPGC y en la mayoría de las universidades españolas respecto a la plantilla del personal, es consecuencia de la política de recortes que se ha aplicado a las universidades, que ha afectado a las tasas de reposición de las plantillas de personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS).
Lluis Serra señala la necesidad de revertir el nivel de temporalidad de las plantillas
“Estoy seguro de que en cinco años la ULPGC cumplirá los requisitos”, señaló el rector que mostró la voluntad de su equipo para revertir algunos indicadores que considera importantes, “como la temporalidad de la plantilla, que para generar investigación necesita de estabilidad laboral”.
Asimismo informó al pleno del Consejo Social que “la ULPGC debe marcar el cambio social a una economía del conocimiento y, por tanto, eso pasa por unas plantillas universitarias productivas, y sé que son objetivos que vamos a poder alcanzar”, concluyó.
El secretario del Consejo Social, Miguel Ángel Acosta, informó que la Conferencia de Consejo Sociales de las Universidades Españolas, considera que este real decreto tiene algunos puntos mejorables, “como el no tener en cuenta la posibilidad de que existen universidades politécnicas o especializadas, los procedimientos de transparencia o control interno de la gestión, o la obligación de que las universidades dispongan de planes de investigación con alrededor de un 5% de su presupuesto, cuando a día de hoy la financiación de las universidades públicas está prefijada por las comunidades autónomas”.
Acosta informó que la ULPGC cumple los nuevos requisitos de la futura normativa salvo lo que se refiere al personal laboral temporal, que supera el 40% estipulado, “si bien habría que analizar si en los datos que maneja el Observatorio Universitario se está incluyendo el personal docente vinculado de Ciencias de la Salud”, que cuenta con otra consideración laboral.
Finalmente, el pleno mostró su absoluto apoyo y colaboración para que la ULPGC alcance en estos años los objetivos de profesorado e investigación requeridos en el borrador del nuevo real decreto.
