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Oposiciones

Educación obliga a los opositores a autorizar el acceso a su historial clínico

El TSJC delibera estos días la posible suspensión cautelar de las pruebas del profesorado este fin de semana tras la demanda interpuesta por el STEC-IC

Jornada de oposiciones a Educación el pasado 2019, en la capital grancanaria. | | ANDRÉS CRUZ

Jornada de oposiciones a Educación el pasado 2019, en la capital grancanaria. | | ANDRÉS CRUZ

La Consejería de Educación mantiene su determinación de celebrar las oposiciones al cuerpo de profesorado de Secundaria, FP y Escuelas de Idiomas en Canarias este fin de semana, así como las condiciones de desarrollo dentro de las restricciones impuestas por la pandemia y a la espera de que, en estos días, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resuelva el recurso interpuesto por el STEC-IC para la suspensión cautelar del procedimiento.

Entre las medidas del protocolo para la realización de dichas pruebas se encuentra la obligatoriedad de que los docentes firmen una declaración responsable en la que aseguren que no presentan ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 y que, además, permite al Servicio Canario de Salud el acceso al historial clínico de cada opositor para informar a la Consejería de Educación sobre la certeza de dichos datos.

Esta imposición -puesto que, en caso de no firmar dicha declaración, se pierde el derecho al examen- vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Derecho a la Intimidad [art. 18 de la C. E.], que se suma a su vez a numerosas presuntas irregularidades que han sido objeto de la demanda interpuesta por el STEC-IC para la suspensión cautelar del proceso, y que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admitió a trámite a comienzos de este mes de junio.

La declaración es condición ineludible para examinarse y no permite la negativa a dar los datos

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«Desde el STEC-IC presentamos una demanda contra el TSJC con fundamentos jurídicos sobrados, más allá de la situación sanitaria y de la escasa pertinencia de celebrar un procedimiento selectivo durante este curso excepcional», sostiene Fernando Pellicer, portavoz del sindicato. «Por eso, solicitamos, además de la propia impugnación de las oposiciones, la suspensión cautelar de las mismas, dado que entendemos que esta convocatoria, que está plagada de irregularidades e incongruencias legales, pueda incluso ser impugnadas a posteriori, con unas consecuencias catastróficas para aquellos aspirantes que hayan obtenido plaza».

Después de que el TSJC apreciara motivaciones jurídicas suficientes en la demanda y la admitiese a trámite, así como la valoración de su suspensión cautelar, el plazo de audiencia para las alegaciones culminó el pasado martes y, desde entonces, sigue la espera del pronunciamiento por parte del TSJC, antes del inicio previsto para las pruebas el sábado 19 de junio. Por su parte, desde la Consejería de Educación defienden que los protocolos y el plan de contingencia diseñados para la celebración de las pruebas es «seguro» y que la declaración responsable constituye «una medida de seguridad más dentro del plan».

La Consejería defiende la «seguridad» de los protocolos y planes de contingencia

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En los últimos meses, el STEC-IC ha desarrollado una intensa campaña de presión, incluida la convocatoria de una jornada de huelga el pasado 15 de marzo, para solicitar el aplazamiento de las oposiciones o que, al menos, estas no fueran obligatorias para los integrantes de las listas de empleo. A este respecto, el sindicato subraya que «este curso tan atípico y agotador no se corresponde ni mucho menos con el año adecuado para celebrar oposiciones, teniendo en cuenta que el 30% o más de la plantilla es profesorado interino y se vería obligado a presentarse a las mismas».

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