Canarias estudia la implantación del uso del certificado covid digital para acceder a espacios públicos en los que haya alguna relación social. El documento será necesario para entrar en establecimientos como bares, restaurantes, salas de conciertos o museos. Si bien, el Gobierno regional todavía no ha perfilado cuándo y cómo se pondrá en marcha la medida y en los próximos días debatirá con los sectores afectado las vías para activar este control.
“Hay más de medio millón de canarios que se han descargado el certificado y se trata de ampliar su uso, porque es algo que ya se venía haciendo en los establecimientos turísticos de la comunidad autónoma”, apuntó el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Esta decisión ya se ha implantado en Portugal y Francia, donde es necesario presentar el pasaporte covid para acceder a la hostelería y a los centros culturales y de ocio e Italia estudia seguir los pasos de estos países.
Para contener el avance de la pandemia en las Islas, que desde hace más de una semana registra cifras récord, a la propuesta del Ejecutivo autonómico de ampliar el uso del certificado covid se suma la autorización por parte del Consejo de Ministros de la venta de test de antígenos sin receta en las farmacias, que se podrán adquirir por unos diez o doce euros, según detalló Pérez. Además, se intensificarán los cribados selectivos y la campaña de vacunación, con la que se pretende que cuando acabe el verano el 70% de la población diana de Canarias esté vacunada, un objetivo que ya roza el 50%.
A pesar de los datos preocupantes que se han notificado en Gran Canaria y Tenerife durante los últimos siete días, los indicadores epidemiológicos no han sufrido la variación suficiente como para cambiar de nivel. De este modo, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, confirmó que las dos islas capitalinas se mantienen en nivel 2 de alerta, en el caso de Gran Canaria, y 3 en Tenerife. No obstante, advirtió que ambas islas están al límite para subir de nivel, lo que implica un endurecimiento de las restricciones.
La escalada de contagios y el incremento de la incidencia acumulada en Fuerteventura ha llevado a la isla a subir al nivel 3. Una situación que se replica en La Palma, que pasa a nivel 2. El resto de islas, El Hierro, La Gomera y Lanzarote, se mantienen una semana más en el nivel 1.
Puede ver aquí la retransmisión de la rueda de prensa del Ejecutivo tras el Consejo de Gobierno:
Presión asistencial
Trujillo hizo hincapié en que el mayor número de infecciones se está produciendo en la población de entre 20 y 39 años y destacó la alta contagiosidad de la variante Delta. Dos factores que han influido en el rápido avance del virus. El consejero quiso desmentir el discurso de que los contagios en los jóvenes y con la nueva cepa ocasionan cuadros clínicos más leves. “El 16% de las camas de UCI de Tenerife están ocupadas por pacientes con la covid-19, lo que ya supone un riesgo alto, y la media de edad de los enfermos hospitalizados en intensivos ha bajado a 50 años”, afirmó.
La presión asistencial en esta quinta ola de la pandemia se está notando especialmente en la Atención Primaria. La Consejería ha reforzado el personal a lo largo del último año y medio, con la contratación de más de 3.500 sanitarios, pero ha llegado a un punto en el que no pueden ampliar la plantilla porque no hay más profesionales a los que contratar, según apuntó Trujillo.
Pérez anunció también que el Gobierno de Canarias presentará el lunes un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que deniega la activación del toque de queda en las islas en nivel 3 y 4. “Creemos que sí existe un peligro grave e inminente para la población canaria y confiamos en que nuestros argumentos sean escuchados”, señaló Pérez.
El portavoz destacó que el auto del tribunal autonómico alega que existen leyes que dan potestad a las fuerzas y cuerpos de Seguridad para controlar y sancionar los botellones. Si bien, el portavoz del Gobierno apuntó que lo más deseable y efectivo es que esas concentraciones no se produzcan, porque hay un toque de queda que prohíbe estar en la calle entre las 00.30 y las 6 horas, “una franja horaria en el que no hay demasiada actividad económica que se pueda ver afectada”. El Ejecutivo regional considera que el toque de queda ha sido una media que ha demostrado su efectividad a lo largo de los 17 meses de pandemia.
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