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Seguridad

Darias ve un «problema de salud pública» las muertes por ahogamiento

Pedro Quevedo reclama en el Congreso medidas estatales y campañas

de concienciación y prevención de los accidentes en espacios acuáticos

Carolina Darias, ayer.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se comprometió ayer en el Congreso a abordar con el conjunto de comunidades autónomas en el Sistema Nacional de Salud la siniestralidad en los espacios acuáticos para tratar de reducir la muertes por ahogamiento, así como a tratar de mejorar los sistemas de recopilación de datos a este respecto y las campañas de concienciación y prevención de este tipo de accidentes, causante de más de 500 muertes al año en todo el país, un gran porcentaje de ellas en Canarias. La ministra apeló a la necesaria actuación conjunta de las diferentes administraciones por tratarse de «competencias concurrentes» en esta materia, y aunque aseguró que su departamento «no está parado» y tiene en marcha distintas medidas de prevención y concienciación, reconoció que «hay margen de mejora».

Darias respondía a una interpelación parlamentaria del diputado de NC, Pedro Quevedo, que con su iniciativa propició que el Congreso abordara por primera vez en la historia un problema que el calificó de «epidemia silenciosa y silenciada», y en la que preguntaba al Gobierno central sobre las medidas que se están tomando para tratar de reducir dicha siniestralidad. El diputado nacionalista denunció durante el debate la ausencia de datos y estadísticas oficiales sobre esta cuestión y mencionó algunas de las que tiene elaboradas la asociación isleña Canarias, 1500 kilómetros de Costa, que preside el grancanario Sebastián Quintana.

De hecho, previamente a la interpelación, Quevedo y Quintana, que se reunieron con todos los grupos parlamentarios, presentaron a los medios de comunicación las cifras «oficiosas» sobre esta siniestralidad, destacando que en España se producen unos 1.500 accidentes en las costas, piscinas, pantanos, lagos, ríos o piscinas, y que de los más de 500 fallecidos en ellos, 40 son menores. La cifra pone de manifiesto, según explicó Quevedo, «que España pierden la vida por esta causa que por accidente laborales, y en el caso de Canarias el ahogamiento representa la primera causa de muerte por accidente, duplicando a los fallecidos por accidente de tráfico». También resaltó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la ONU señalan en distintos informes que el ahogamiento representa, con 400.000 víctimas en todo el mundo, la tercera causa de muerte no traumática de todo el planeta y que definen esta causa de muertes como «un problema de salud pública de primer nivel mundial».

Este tipo de siniestros duplica a los accidentes de tráfico en Canarias

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En el debate de ayer, la ministra Darias aseguró que «en España los ahogamientos en estos espacios son la tercera causa de muerte, especialmente entre la población más joven», y que «hay que dar respuesta tanto en el ámbito internacional, como nacional, autonómico y local». Resaltó que «el Ministerio ya está trabajando en alguno de los aspectos sobre los que la ONU insta a actuar», entre ellos la «designación de un punto focal nacional para la prevención de los ahogamientos». En el caso de España, aseguró Darias, esa labor la desarrolla ya la dirección general de Salud Pública a través de la subdirección general de Promoción de Prevención y de Calidad. Pero, según Quevedo y Quintana, es esa instancia oficial «no está dando las respuestas necesarias y no está siendo útil para la prevención».

Otras de las recomendaciones de ONU es el establecimiento de planes nacionales de prevención de los ahogamientos, algo que, según Darias, en España está contemplado en la llamada Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS, «que tiene su importancia pero puede ser actualizada». Eso sí, remitiéndose de nuevo a las competencias que al respecto tienen comunidades autónomas, cabildos y provincias y, sobre todo, ayuntamientos. Las medidas contempladas van desde la instalación de barreras o la capacitación de salvamento, hasta la reanimación, la regulación de las navegaciones de recreo o el establecimientos de medidas de seguridad en el ámbito de las corporaciones locales, a los que corresponde la elaboración de los planes de seguridad y salvamento en cada una de las playas.

Darias aseguró que «hay que desarrollar campañas de concienciación pública» y que «estamos ante la necesidad de una colaboración multisectorial para disponer de datos y estudios que faciliten una prevención precoz», lamentando en materia de seguimiento de esta siniestralidad las comunidades autónomas no están aportando debidamente sus cifras. «Para el Ministerio esta es una cuestión de salud pública prioritaria. Es necesario acometer campañas informativas y de sensibilización, que se podría extender al ámbito educativo», dijo la ministra, quien avanzó que planteará en el SNS «cuáles son las mejoras que podamos implementar, conocer las barreas y dificultades con las que se encuentran para esta notificación de sus datos». «Tenemos que ser capaces de seguir concienciando, también en el ámbito turístico, porque mucha de la siniestralidad tiene que ver con personas extranjeras que se creen que nuestras costas son mansas y desconocen las corrientes y los peligros de las aguas», aseguró la ministra.

Quevedo, por su lado, destacó que sólo Canarias y Baleares tiene regulada esta materia en decretos que no acaban de dar respuesta al problema y dijo que «hay un conjunto de cifras que no nos permiten mirar par a otro lado y es llamativo que en España haya fortísimas campañas de prevención de accidentes de tráfico y de seguridad vial, 90 millones la de este año, o de prevención de los incendios, pero no una de similares características y financiación en materia de ahogamientos». «Creemos que tenemos la oportunidad de que España sea el primer estado de la UE que haga una regulación expresa sobre los muertes por ahogamiento y esto requerirá un conjunto de medidas y herramientas para la prevención», algo que planteará de forma detallada en la moción consecuencia de interpelación que presente en las próximas semanas en el Congreso.

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