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Pobreza

Un juez de Barcelona investiga a una empresa de recobro por coacciones y estafa a familias vulnerables

Una empleada de DPS Consulting se hizo pasar como funcionaria amenazó a una familia vulnerable con cortar la luz y embargar las cuentas si no pagaba las facturas atrasadas

Así coacciona y engaña una empresa de recobro a familias con pobreza energética

Así coacciona y engaña una empresa de recobro a familias con pobreza energética ZML / Foto: Carlos Montañés

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Así coacciona y engaña una empresa de recobro a familias con pobreza energética Elisenda Colell

"Buenos días, le llamo del juzgado de Barcelona. Le adelanto que tiene un grave problema judicial". Así empezaba la llamada que Yolanda recibía el mediodía del tres de julio del año pasado. En realidad no era ningún juzgado quien la llamaba, era una empresa de recobro de facturas impagadas de Endesa, DPS Consulting que, según está investigando un juzgado de Barcelona, coaccionaba y amenazaba con falsedades para cobrar esas deudas. Sin empleo, y con un niño a su cargo, Yolanda tenía derecho a tener corriente en casa porque está protegida por ley. Endesa dice que si el caso termina con condena, y se demuestra que esta mala praxis era un 'modus operandi', dejarán de colaborar con ellos.

"- Le llamamos para informar que el miércoles en su casa, cortan la luz, bloquean las cuentas y sus ingresos, y le ponen un precintado judicial al contador, para que ninguna compañía le de luz.

- ¿Y que se tiene que hacer para poderlo solventar?

- Cuando intervenimos en juzgados o se paga todo o se procede.

- Yo no tengo…

- Necesitamos el documento de pago de la totalidad."

Así es como Yolanda entró en pánico y en una crisis de ansiedad. Al ser avisada que, o pagaba los más de 2.300 euros que debía a Endesa, o le bloqueaban las cuentas y se quedaba sin luz en casa. Dos días después, en la Oficina de Atención Ciudadana de la Ciudad de la Justicia descubrió que aquello no era cierto. Que ningún juzgado iba a cortarle la luz ni embargarle las cuentas, y que además, al ser cliente vulnerable acreditada por servicios sociales, tenía derecho al suministro.

Trabajando con Endesa

Cuando Endesa se enteró del caso, denunciaron a la trabajadora que había hecho aquellas llamadas. "Es un caso de mala praxis que no compartimos", dicen desde la empresa. Aseguran que ellos se querellaron contra esta trabajadora que hizo esta llamada y abrieron una auditoría para depurar responsabilidades. El primer procedimiento se archivó por falta de pruebas. Tras la auditoría, la trabajadora fue despedida y Endesa siguió trabajando con DPS Consulting. "Se tomaron las medidas oportunas para que no se repitiera nunca más", dicen desde la compañía.

En diciembre del mismo año, la Alianza Contra la Pobreza Energética ayudó a Yolanda a llevar este asunto a los juzgados. El juzgado 5 de Barcelona admitió el caso, e inició una investigación dónde han participado los Mossos d'Esquadra y dónde se citó como investigados a la trabajadora que hizo la llamada y a dos directivos de la empresa: Ricard Parés y Giorgia de la Mata.

Departamento de llamadas especiales

Según fuentes de la acusación particular, que ha tenido acceso al sumario de la causa, la trabajadora que hizo la llamada desveló en sede judicial que la llamada de Yolanda formaba parte de un modus operando habitual. Un "departamento de llamadas especiales" , según se aporta en el sumario. La trabajadora también aportó un documento en el que se mostraba como debían de proceder cuando llamaban a las familias como Yolanda. Debían hacerse pasar por el juzgado, amenazar con el corte de los suministros si no se paga en un día establecido.

Documento aportado por la trabajadora, en el sumario de la causa.

El juez ha cerrado la investigación y está pendiente que la fiscalía haga el escrito de acusaciones o pida que el caso se archive. Los abogados de Iolanda acusan a los dos directivos y la trabajadora de usurpación de funciones públicas, coacciones y tentativa de amenazas. Endesa insiste que DPS Consulting ni ninguna empresa de recobro puede exigir el pago de las facturas atrasadas de ningún cliente vulnerable, y más después de firmar el convenio con la Generalitat cuya deuda ha sido condonada, o abonada por la administración.

"No es un caso aislado"

"El caso de Yolanda no es aislado, si no que forma parte de un conjunto de estrategias variadas desplegadas de forma habitual por las empresas suministradoras de electricidad y luz", afirman desde la Alianza contra la Pobreza Energética, que está ayudando a Yolanda a pagar las costas judiciales. Denuncian que hace cinco años que atienden a familias vulnerables que reciben esta llamadas. "El poder judicial tiene el poder de establecer un precedente que frene las prácticas deliberadas y sistemáticas de acoso y contra la impunidad del oligopolio energético", insisten los activistas, que esperan que el caso termine en juicio y con sentencia favorable.

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