El servicio no llega al 1% de los menores que la necesitan en el Archipiélago
La Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional (Patdi) señala que en Canarias la cobertura no llega al 1% de la población que la requiere. Según este colectivo, se estima que, al menos, uno de cada diez menores de seis años necesita de dicha prestación; eso supone alrededor de 255.000 menores en toda España y en el caso de Canarias rondan los 9.000, en base a las estimaciones de dicha organización. Señala Patdi que las diferentes comunidades autónomas dan respuesta a unos 100.000 pequeños.
El 16 de junio del 2000 se presentó en Madrid el Libro Blanco sobre dicha prestación, que se considera un hito en la historia de los servicios a la infancia en el país. Para la Plataforma, existe una gran diferencia entre autonomías a la hora de regular este servicio, su organización administrativa o los recursos disponibles, entre otras cosas, por lo que se generan situaciones de desigualdad.
El colectivo indica que «el acceso realmente precoz y continuado con una atención integral de calidad depende de la región donde resida el niño o la capacidad económica de sus padres». Los integrantes de Patdi señalan que, pese a los avances registrados en el último año, «queda mucho camino que recorrer para que la atención temprana sea una realidad que abarque a toda la población que la necesita y para que la Ley sea cumplida en su totalidad».
A juicio de la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional, en todas las unidades de atención temprana, a pesar de los esfuerzos del personal, «existen largas listas de espera, con escasez de material y recursos humanos para poder atender la demanda existente, lo que conlleva que se priorice la atención a los menores de hasta tres años, con lo que quedan excluidos en casi todas las unidades aquellos niños de tres a seis años».
El mencionado colectivo manifiesta que en todas las instalaciones se incumple con la dotación mínima de personal, pues falta el psicomotricista y, en algunos casos, el psicólogo clínico. En la Plataforma siguen a la espera de la aprobación del Plan Integral, que, según la legislación, tuvo que ser presentado en noviembre del 2020, así como la necesaria coordinación entre las consejerías implicadas en la atención a los menores, ya que hay todavía desconocimiento por parte de muchos pediatras y maestros de la existencia de la Atención Temprana.
La organización mantuvo el pasado 26 de abril una reunión con el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres; el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y las consejeras de Políticas Sociales y de Educación, Noemí Santana y Manuela de Armas, respectivamente. Ante el incumplimiento del artículo 11, (derivación y seguimientos en las Unidades de Atención Temprana, dichas autoridades se comprometieron a cumplir con el protocolo establecido por la norma, que establece que serán los pediatras de Atención Primaria o de los Servicios Especializados de Pediatría quienes deriven directamente a las unidades, lo que solo se hace en La Palma y Fuerteventura, según Patdi. «En dicha reunión mostramos nuestra disconformidad a que las UAT, en el organigrama de la Consejería de Sanidad, dependan de Salud Mental, instando el presidente del Gobierno a que el consejero de Sanidad designe a una persona de su área para que de manera exclusiva dedique su tiempo a la coordinación entre las tres consejerías y a la mejora de las unidades», señala el colectivo. Patdi-Canarias sugirió que dicho cargo sea ocupado por una persona que ya forme parte de la Comisión Técnica.
Y, ante el incumplimiento del artículo 12, (la composición y funciones de las UAT), el colectivo planteó la posibilidad de hacer una convocatoria específica para cubrir las plazas mediante decreto, convocatoria abierta y no vinculada a la Gerencia de los hospitales de referencia. La titular de Políticas Sociales se comprometió a hacer un borrador de convocatoria para someterlo a la consideración de Presidencia, señala Patdi.
Respecto al incumplimiento del artículo 16, relativo a la Comisión Técnica de Atención Temprana, que entre sus funciones tiene la de proponer la aprobación del Plan Integral a la Consejería de Sanidad, se adquirió el compromiso de que dicho proyecto recoja la ficha financiera necesaria para crear la Red Pública que las familias y profesionales demandan.