Las investigadoras de Cunina II, Begoña Vera y Carla Zabaleta, presentaron ayer, en la Casa de Colón, el informe Cunina II. Geografía de un abandono. Sombras que deslumbran en el que daban visibilidad al drama de la explotación sexual de niños y niñas, con una pauta de cinco propuestas para atajarlo. Durante el evento, que se enmarcaba en los actos con motivo de la celebración hoy del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, ambas investigadoras desarrollaron las claves de un proyecto pionero en Canarias con el objetivo de que llegue a convertirse con urgencia en uno de los primeros puntos de las agendas políticas y sociales.
Los objetivos de la investigación consistieron en detectar las variables que interseccionan y posicionan a menores y adolescentes, especialmente niñas y mujeres jóvenes en riesgo de explotación sexual o entornos de prostitución ocasional, y contribuir al diseño de herramientas de detección y medidas de protección y atención integral de las víctimas de violencia sexual.
Para Zabaleta y Vera, quien ayer participó en el VIII Congreso del Observatorio contra la violencia de género en representación del Programa Daniela Oblatas en el Senado para tratar la situación de violencia y trata de mujeres en Canarias, el camino que se debe trazar para mejorar en nuestras respuestas a la infancia, adolescencia y juventud de nuestra comunidad, consiste en que la infancia tenga un lugar prioritario en la agenda política y en el debate social. «La protección de los menores tiene que estar en las prioridades del Estado en todos los ámbitos, ejecutivo, legislativo y judicial y a todos los niveles estatal, autonómico y local», señalaron. En base al Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia, las investigadoras proponen cinco puntos.
«La protección tiene que ser en todos los ámbitos y niveles del Estado», señalaron las investigadoras
El primero es la necesidad de estadísticas y estudio de datos con perspectiva de género ya que solo así podrá realizarse una intervención con perspectiva de género.
Asimismo, el segundo consistiría en el refuerzo de la coordinación institucional y respuesta multiagencia, y el necesario establecimiento de protocolos, de indicadores y criterios básicos. El tercero sería la creación de mesas de trabajo que contribuyan a transformar los modelos de acción e influyan en el diseño político-administrativo del sistema de protección con espacios de interacción entre actores públicos y privados.
El cuarto se centraría en el refuerzo de servicios especializados para el acompañamiento y recuperación psicosocial de niñas, niños y adolescentes. Y el quinto la puesta en marcha de un acompañamiento real e integral de jóvenes que provienen del sistema de protección para el desarrollo de vidas autónomas.
