La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros en el marco de varias actuaciones desarrolladas en 17 provincias españolas de mayo a agosto que han dado como resultado 33 detenidos y 40 investigados, informa este cuerpo. Una de estas operaciones tuvo lugar en Maspalomas, donde los agentes arrestaron a nueve personas que se beneficiaron de prestaciones por desempleo o periodos de cotización a través de trabajos ficticios.

Los investigadores han revisado 22 expedientes en los que han descubierto delitos como fraude de cotizaciones y prestaciones, falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado siendo los responsables principalmente empresarios pero también sus testaferros, algunos de ellos familiares. Se trata de la Operación Pandora, llevada a cabo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.

Para eludir el pago de cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro de la Seguridad Social los detenidos y demás investigados creaban entramados empresariales con los que ocultaban bienes a través de sucesivas transmisiones. Asimismo, rompían precintos de bienes embargados, formulaban denuncias falsas relacionadas con robos de los mismos y los vendían, y además falsificaban certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. Así podían continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones y acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la cuota de autónomo o en las cotizaciones de trabajadores.

Uno de los casos más característicos según la Policía Nacional se produjo en Maspalomas, donde a través de una serie de investigaciones policiales se comprobó cómo dos ciudadanos españoles suplantaron la personalidad de administradores y representados de dos empresas con actividad real y sede en Gran Canaria. Estos se atribuyeron los poderes con los que no contaban y, de esta forma, obtuvieron autorizaciones para así poder tramitar el alta de trabajadores de manera ilícita y quedar indemnes en el caso de que fuera detectada tal simulación.

Los legítimos representantes de estas empresas, las cuales se dedicaban a la asesoría online y al asesoramiento técnico de arquitectura e ingeniería, y sus administradores de derecho no fueron realmente quienes realizaron y materializaron la trama fraudulenta ni quienes convinieron la simulación laboral con los supuestos trabajadores.

Según la policía, los dos supuestos empresarios realizaban las gestiones de alta en el sistema de la Seguridad Social mediante precio acordado previamente con los trabajadores ficticios. El único fin de éstos era la obtención de beneficios económicos y sociales.

Los falsos trabajadores se lucraron económicamente de forma directa o indirecta. Los investigadores acreditaron que obtuvieron indebidamente prestaciones por desempleo, periodos de cotización no basados en actividad laboral real y acceso indebido al Sistema Sanitario Público. Con todo esto consumaron un importante quebranto económico.

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas por la comisión de varios delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social y se ha investigado por los mismos hechos a otras once personas que no se encontraban en España, de las cuales se ha dado cuenta al Juzgado correspondiente. Asimismo, los investigadores han solicitado la cuantificación del fraude a los servicios de salud canario, ya que algunas de estas "altas ficticias" se realizaron para evitar la obligación de contratación de seguro médico obligatorio en extranjeros.