El Tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha suspendido este lunes el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer sin hogar por la falta de un examen forense que determine si el investigado posee alguna enfermedad mental.
Tras iniciar la vista oral, la defensa requirió el aplazamiento para poder practicarle la evaluación médico forense a su cliente, extremos a los que no se opuso la fiscal aunque destacó que este examen pudo pedirse durante la instrucción del caso. El magistrado presidente, Emilio Moya, acordó la suspensión de la vista y la realización de la prueba pericial.
Hechos
La Fiscalía Provincial de Las Palmas acusa a David G., de 35 años, de haber acudido al cajero de una entidad bancaria situada en la calle Luis Morote, de la capital grancanaria, sobre las 4.30 horas del 4 de agosto de 2016. Allí pernoctaba la víctima quien conminó al procesado a abandonar el lugar después de que este comenzara a masturbarse guiado por "el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales". Sin embargo, el investigado pese a la negativa de la afectada a tener relaciones sexuales, "la agarró del brazo y la empujó al suelo". Una vez que consiguió bajarle el pantalón y las bragas, la sentó sobre él de espaldas y la agredió sexualmente.
El escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública destaca, además, que ante los gritos de la afectada, el procesado le dijo a que se callara porque si no lo hacía "le tendría que pegar", esto "mientras tenía el puño en alto".
El investigado tiene varios antecedentes penales por tres delitos de quebrantamiento de condena y uno de maltrato habitual de los que ha sido condenado en sentencia firme.
Calificación
La Fiscalía califica estos hechos como un delito de agresión sexual, por lo que pide una pena de prisión de nueve años para David G., además requiere que el encausado indemnice a la víctima con 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil. También interesa que se le imponga la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la afectada y comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años, así como la medida de libertad vigilada por diez años.
