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Trece personas van a juicio por estafar 115.000 euros a compañías de crédito

La Fiscalía pide a los dos cabecillas cinco y seis años de cárcel y devolver el dinero que se quedaron

Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas acogerá la próxima semana el juicio contra una red de trece personas que estafaron a diversas compañías de crédito hasta 114.827 euros en diferentes transacciones comerciales. Los dos cabecillas se pusieron en contacto con otra gente para adquirir productos de diversa índole en establecimientos comerciales mediante financiación, que luego incorporaban a su patrimonio o revendían, obteniendo importantes ganancias y gratificando al resto de acusados. 

Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas de cinco años y medio de cárcel para uno de los cabecillas, Natanael H. C., así como una multa de 3.960 euros. Mientras, para el otro de los líderes, que contaba con antecedentes penales por delito de estafa, interesa una pena de seis años de prisión y multa de 4.320 euros. A ambos se les acusa por un delito continuado de falsedad en documento mercantil -puesto que creaban documentos falsos para engañar a las empresas de crédito sobre sus ingresos reales- en concurso ideal con un delito continuado de estafa. 

Las otras once personas son todas beneficiarias de los créditos fraudulentos, que no llegaron a ser abonados nunca. Para la mayoría de ellas, hasta nueve, el Ministerio público solicita penas de un año de prisión por delitos de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con otros de estafa. Para los otros dos, se interesan penas de dos años de cárcel. 

Responsabilidad civil

Además, todos ellos tendrán que abonar el dinero del que se apropiaron en concepto de responsabilidad civil, tal y como han exigido cada una de las compañías estafadas. 

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se produjeron entre el segundo semestre de 2016 y los primeros meses de 2017, cuando Natanael H. C. y Juan Antonio G. S., «puestos de acuerdo en la acción y el resultado y con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito», elaboraron documentación falsaria con nóminas u otros certificados para obtener los créditos de las compañías. Así compraron desde vehículos a artículos de electrónica y telefonía móvil por un valor total de 114.827 euros.

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