Pascual Ortuño Muñoz (Yecla, Murcia, 1951) es un magistrado especializado en familia, ya jubilado y referente en la materia. Su etapa profesional la concluyó en la Audiencia Provincial de Barcelona, ciudad en la que también fue profesor universitario. Ahora, en su faceta de escritor, ya ha publicado varias obras y sigue participando en ponencias, como las que organiza la próxima semana el Centro de Orientación Familiar (COF).
Participará en estas jornadas del Centro de Orientación Familiar (COF) conversando sobre la violencia en las rupturas familiares. ¿Puede adelantar algunas pinceladas de lo que pondrá sobre la mesa?
La verdad es que estamos viviendo un momento muy importante, difícil, por una parte, dentro del ámbito de las relaciones sociales, y eso repercute también en la familia. Hay un nuevo modelo de familia, y se está produciendo también una serie de modificaciones en la materia de derecho de la familia que es importantísima, similar a las que hubo en la década de los 80, cuando se introdujo el principio del interés del menor, o el divorcio, entre otras cuestiones. Los tiempos cambian y en la actualidad, la sociedad necesita nuevos instrumentos normativos, y sobre todo, necesita también especialización de todas las profesionales que intervienen en los conflictos familiares. Y en medio de esto hay también un aspecto importante, que la educación de los hijos también ha cambiado fruto de la transformación de la familia, y por tanto el principio de paternidad rígida que impregnaba la mayoría de relaciones familiares ha decaído.
¿Qué importancia tienen este tipo de congresos para los operadores jurídicos que intervienen en conflictos familiares?
En primer lugar, analizar los instrumentos legales y procesales que tenemos a nuestro alcance. En segundo lugar, la concienciación de ese nuevo tribunal de familia, que creemos que necesita nuestra sociedad. Para hacer este cambio, que es de alguna manera revolucionario, necesitamos formación todos los operadores jurídicos y sociales.
¿Qué valores introduce la nueva Ley de Eficiencia Procesal en materia de derecho de familia?
En familia tiene una repercusión bastante positiva. En primer lugar, se introduce un elemento importantísimo, que es que antes de ir al juzgado, antes de presentar una demanda, se va a tener la obligación de intentar una negociación previa. La ley establece no solo la mediación -que tendrá mucha importancia- sino también intentos de conciliación ante un tercero neutral. La ley exige que a esa negociación previa no se vaya exclusivamente de forma burocrática, sino que sea de verdad de buena fe llegar a esos acuerdos. En familia, por el bien de los menores, debía ser obligatorio buscar otros medios, y eso lo incluye esta nueva ley. Pero además, el juez deberá hacer una evaluación durante el juicio para dar otra oportunidad para que puedan hablar las partes, de manera confidencial, con un mediador y puedan llegar a un acuerdo. Cuando se dicten las sentencias, y esa es una importante novedad, se tiene que hacer un seguimiento para que se cumplan.
¿Sigue habiendo necesidades que no se hayan cubierto con esta nueva legislación?
Yo creo que el principal fallo que todavía nos quedaría es la especialización de los jueces, que sigue sin contemplarse en esta ley, ni en ninguna otra. Es un paso muy importante, hay una plataforma por la especialización que se ha reunido con todos los partidos políticos del arco parlamentario, todos les han dicho que sí, pero ninguno lo ha presentado. Y lo verdaderamente trascendental serían las asignaciones presupuestarias a las previsiones legales que ya están en vigor, pero a las que no se les ha dotado de la financiación necesaria.
La reivindicación para crear una jurisdicción especializada en derecho de familia es un clamor cada vez mayor, ¿hay avances en ese sentido?
Ahora mismo no se puede decir que esté próxima. Es un buen momento en el sentido que en los programas políticos de diversos partidos se incluya esta materia de cara a las próximas elecciones. Aquí se trata de concitar un acuerdo de Estado para crear esta jurisdicción de familia. Pero hoy por hoy no está en ningún programa electoral.
¿Cuál es el valor que puede tener una jurisdicción propia para el derecho de familia?
El propio sistema de justicia es coercitivo, otro de los ámbitos al que nos vamos a referir en las jornadas, y es necesario cambiar los principios de la justicia de familia. Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista procesal y penal, lo que conocemos y estudiamos en las facultades es sobre todo la pugna, la lucha ante los tribunales. Si estamos trabajando en un ámbito de familia donde lo que pretendemos, de alguna manera, es superar y ayudar a gestionar de otra manera un conflicto, no nos sirven los principios del derecho penal, ni del derecho patrimonial. Tenemos que buscar otros principios, cambiar de chip, y lograr una especialización.
En Las Palmas de Gran Canaria se ha creado un juzgado pionero de menores que busca mejorar su experiencia en los juzgados, y que de hecho ha ganado un reciente reconocimiento por el CGPJ, ¿lo conoce? ¿Qué opinión le merece?
Lo conozco perfectamente, así como al juez titular, que es un magnífico profesional, y es una suerte para Canarias que se haya creado este juzgado. La pena es que sea solo uno, ojalá este modelo se pueda extender y llegue a toda España. Como experiencia piloto es muy importante, y el propio Tomás Martín va a participar en las jornadas y nos explicará cómo está funcionando.
Mucho se está hablando sobre la denominada Ley del 'Solo sí es sí' en estos días, ¿qué opinión le merece la polémica que se ha creado en torno a ella?
El eslogan es llamativo, necesario además, pero luego, cuando tratas de darle un armazón jurídico, hay que pensarlo muy bien, y esto es lo que no ha ocurrido en este caso. Se ha querido ir demasiado deprisa, los mecanismos de codificación para analizar las leyes aquí se han obviado. En los medios ha salido estos días la petición de rebaja de condena para la Manada... Si en lugar de 24 años, se les condena a 22 años en virtud de una reforma legal que ha tenido esos problemas, no es como para echarse las manos a la cabeza... Estamos viendo en los maltratadores que no les importa su vida, hay un porcentaje bastante alto que se suicidan después de cometer estos hechos, no les va a parar el hecho de decir que en lugar de 24 años, serán 22. No soy partidario de que se bajen penas, no creo que sea el camino. Pero estamos luchando contra la violencia de género de manera exclusivamente represiva, que es necesario insisto, pero fundamentalmente hay que prevenir.
También persiste el bloqueo institucional en el CGPJ, que está afectando negativamente a la imagen de la justicia. ¿Cree que la ciudadanía muestra cierta apatía hacia el poder judicial con estas últimas polémicas?
La verdad que la ciudadanía está haciendo gala de un respeto hacia las instituciones enorme. Creo que debería haber salido ya en manifestación diaria hasta que esto se solucionara. No hay razón alguna para este bloqueo institucional, porque está perjudicando a miles de ciudadanos. Y claro, el hecho de que las razones políticas imperen sobre el bien común, que han de garantizar los políticos, es asombroso. En eso soy muy radical, si los partidos políticos que están representados cuando se constituyen las Cortes no son capaces de ponerse de acuerdo en uno o dos meses, los diputados que están ahí no sirven, deberían dimitir y que entraran otros. O se ponen de acuerdo, o se van. Lo que no puede ser es que las elites de los partidos hayan asumido estas funciones que corresponden a los parlamentos.
