La Fiscalía achaca el retraso en el caso Romina a los "continuos recursos" de la defensa

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha negado este jueves que trate de demorar el procedimiento judicial en el caso Romina, la joven que fue, presuntamente, asesinada, descuartizada y quemada por su marido la madrugada de Año Nuevo de 2019 en su vivienda de Costa Teguise, Lanzarote. El acusado podría abandonar el centro penitenciario de Tahíche el 16 de enero, ya que se cumplen cuatro años desde que se le dictó la primera orden de prisión provisional, que se prorrogó en 2021. Una situación que denunció esta semana la propia familia de la víctima, quien se mostró preocupada por el riesgo de fuga que existe.

Fuentes del Ministerio fiscal explicaron a este periódico que el principal problema para que continúe la tramitación de la causa están siendo los recursos que presenta la defensa, porque mientras que estos movimientos no se resuelvan, no se puede convocar al jurado y señalar fecha para el juicio. Algo que también reconoció la abogada de la acusación particular, Emilia Zaballos, quien, no obstante, también criticó que lleva tratando de mantener una reunión con el fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer, Jesús Lomba, "más de dos meses" sin éxito. "No hay forma de conseguir hablar con él, ni que nos devuelva llamadas, ni que se pronuncie al respecto", censuró.

Zaballos explicó que la familia ha querido llegar a un acuerdo con el abogado del acusado, Raúl D. C., para evitar el juicio y que este no salga de prisión cuando se cumplan los cuatro años de medida cautelar en su contra. En virtud del mismo, el hombre estaría en la cárcel nueve años, con atenuantes de confesión y dilaciones indebidas en el procedimiento. Una opción que la Fiscalía descarta completamente: "Rebajar la pena de veinte años de prisión a los nueve con unos atenuantes que no aparecen en nuestro escrito de conclusiones provisionales no cabe. Y si, una vez practicado el juicio, el Ministerio fiscal entiende que sí se producen esas dilaciones y esa confesión, pues lo propondremos en las conclusiones que elevemos a definitivas, pero no antes".

Imposible convocar

La Fiscalía insistió en mantener el tempo en el proceso judicial, en no adelantar los pasos a dar. "Se tienen que resolver esos recursos, por lo que ya es imposible que se celebre el juicio antes del 16 de enero por los plazos para convocar el jurado", apuntaron las fuentes consultadas, que agregaron que el Ministerio fiscal espera "que haya medidas cautelares, de control, que sean lo suficientemente restrictivas para evitar la fuga". En ese sentido se pronunciaría el fiscal del caso de convocar el juez de instrucción a las partes para que elaboren informes al respecto de la situación en que quede el acusado.

La abogada de la familia, no obstante, dijo que su incomodidad es "bastante grande", tanto con la actitud del fiscal como con el proceder de la Audiencia Provincial, una vez el caso Romina dejó la fase de instrucción en Arrecife. "Yo voy a presentar las quejas que sean necesarias porque creo que las dilaciones y retrasos que se han producido en este proceso en el último año y medio han llevado a esta situación tan grave, se podían haber agilizado mucho más", asestó.

Fiscalía solicita una pena de 20 años y dos meses de cárcel contra Raúl D. C., por los delitos de homicidio -con las agravantes de parentesco y por razones de género-, maltrato habitual, dos de lesiones en el ámbito de la violencia de género, y de profanación de cadáver. Asimismo, interesa una multa de 3.240 euros, por el tipo penal de simulación de delito. También pide una indemnización a los hijos de la víctima por valor de 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Un crimen que conmocionó Lanzarote

La madrugada del primer día del año 2019, el principal acusado encontró el cadáver de su mujer en la vivienda que compartían, según la versión que ha dado durante la fase de instrucción. Raúl D. C. contó a las autoridades judiciales que esa noche había consumido drogas tras discutir con Romina porque le había pedido dinero para traer a su hijo desde Paraguay, fruto de una relación anterior. El principal acusado por la muerte de la mujer admitió que quemó el cadáver en una barbacoa para luego tirarlo al mar.

También admitió que había tirado la ropa ensangrentada de su esposa en un contenedor de basura en la localidad de Los Lirios, en Tías, aunque los investigadores nunca pudieron encontrarla. Según lo que consideró probado el Ministerio público en su escrito de acusación, Raúl D. C. desmembró el cadáver y lo introdujo en bolsas de plástico que fue tirando al mar en distintos puntos, de tal manera que lo único que pudo hallarse, el 5 de enero de 2019, fue un pulmón de la víctima en la playa de Las Cucharas, en Costa Teguise.

El mismo día 8 de enero, y aun conociendo perfectamente que no existía tal hecho, el principal acusado presentó una denuncia ante la Guardia Civil por la desaparición de su esposa. Algo que la Fiscalía resaltó en su escrito de acusación. Desde el mismo 16 de enero de ese año, Raúl D. C. ingresó en prisión preventiva con cargos de homicidio, maltrato habitual y profanación de cadáver, una medida cautelar que fue prorrogada dos años después, en 2021, y que podría terminar en unas semanas, al cumplirse los cuatro años que la ley establece como máximo si no hay fecha de juicio señalada.