La Fiscalía pide 15 años para una mujer por violar a su nietastra con Down en Gran Canaria

La Fiscalía de Las Palmas solicita una condena de 15 años de prisión, libertad vigilada por nueve años y 60.000 euros de indemnización para una mujer a la que acusa de haber violado repetidamente a la que era su nietastra, una joven con síndrome de Down.

La Audiencia de Las Palmas juzgará el próximo 24 de enero a esta mujer, de 73 años, por haber abusado supuestamente de la chica, que en aquellos momentos tenía entre 23 y 24 años, de manera reiterada a partir del año 2018, mientras esta se quedaba a su cuidado en su vivienda de Las Palmas de Gran Canaria.

Según los hechos que describe el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, la mujer -de iniciales M. R. H.- era la madre de la nueva pareja sentimental de la progenitora de la víctima.

El fiscal subraya que la víctima tiene una "dependencia moderada" respecto a terceras personas debido a su enfermedad, por lo que debe estar al cuidado de otra gente, ya que el síndrome de Down le impide consentir de manera válida determinadas situaciones del día a día, por lo que su abuelastra se encargaba de su cuidado en las ocasiones en que su madre y su padrastro no podían hacerlo.

Hechos denunciados

Era en esos momentos, a partir de 2018, cuando supuestamente se producían los hechos denunciados: besos, tocamientos y movimientos coitales sobre la joven, a quien también le introducía los dedos en la vagina.

"Para evitar que la víctima lo contara a su madre, y con el fin de atemorizarla, le advertía que si decía algo la tiraría por el balcón, o que la ingresarían en un centro, consiguiendo así que se plegara a los deseos libidinosos de la procesada", describe la Fiscalía.

Debido a estos hechos, la joven presenta una sintomatología postraumática que se ha traducido además en una importante pérdida de autonomía y funcionamiento cotidiano al que había llegado tras numerosos años de trabajo.

Fiscalía entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de violación continuado por el que debe imponerse a la acusada las penas de 15 años de prisión, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio por tiempo de 20 años y la libertad vigilada por nueve años, así como una indemnización de 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil.