Miguel Ángel Ramírez: «He sufrido persecución, pero no es el momento de señalar a nadie, todo llegará»

¿Qué consecuencias ha tenido para usted permanecer una década imputado por el presunto fraude de Seguridad Integral Canaria?

Las consecuencias son irreversibles. Hay una pena de telediario innecesaria, han asesinado mi imagen, y han angustiado a mi familia, a mis amigos... En definitiva, mi entorno lo ha pasado muy mal durante todos estos años. Mis proyectos empresariales se han visto truncados por problemas reputacionales. Ha sido un calvario emocional. 

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Le llegaron a exigir el pago de una fianza de 35 millones, la más alta de Canarias hasta la fecha, y tuvo que coger un vuelo desde Miami para acudir a una citación judicial. ¿Por qué cree que se tomaron tantas precauciones?

Me sentí extorsionado con la imposición de esa fianza. El juez que me la exigió se encuentra en prisión por haber prevaricado con el fin de obtener por mi parte declaraciones falsas para incriminar a otra magistrada. Por no hablar de lo del regreso desde Miami por la orden de busca y captura a instancia de la fiscal Evangelina Ríos por no acudir a una cita judicial a la que nunca me citaron oficialmente. Ahora esta sentencia deja bien claro que los motivos por los que se ordenó mi busca y captura no son constitutivos de delito. Fue un sinsentido.

Ha escuchado en tres semanas de juicio a algunos empleados de la empresa que criticaban las condiciones laborales y las remuneraciones que recibían por su trabajo. ¿Qué conclusión saca después de oír sus testimonios?

Son personas que llevaban de media más de 10 años trabajando en la empresa. Es muy difícil dar credibilidad a esos testimonios cuando aguantas tantos años trabajando para la misma mercantil. Sus declaraciones obedecen a una estrategia sindical para incriminarme, aunque reconocían que la empresa no les adeudaba cantidad alguna pendiente de cobro y también reconocían que denunciaban a la empresa por las horas extras y nosotros se las pagábamos sin descontar las dietas que ya se les habían pagado, por lo tanto las dietas que pagábamos eran correctas. También reconocieron todos que nunca declararon ante la agencia tributaria en su declaración personal de la renta las dietas como horas extras, otra prueba más de que eran dietas. La mayoría de esos trabajadores pertenecen a un mismo sindicato. Tiene que tener en cuenta que declararon aproximadamente una veintena de trabajadores, cuando, por ponerle solo un ejemplo, SIC tenía una plantilla de más de 4.000 trabajadores.

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Hizo referencia, nada más conocerse su absolución, a que este procedimiento ha dañado la imagen de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cree que ha sido algo intencionado para perjudicar al club?

Todos los medios de comunicación, cuando se refieren a mi, siempre señalan que soy el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. La propia fiscal Evangelina Ríos siempre hace alusión a ese cargo aún cuando son asuntos que nada tienen que ver con el club; eso es lo que daña la imagen y la reputación del club y por eso decidimos enviar mi vídeo, que publiqué en mi cuenta de la red social X, a través también de los medios del club, con el fin de restituir en la manera que fuera posible la imagen de la entidad con esta absolución. 

Ha hecho referencia a una «persecución» y un «ensañamiento» en su contra. ¿Por parte de quién o de quienes?

No tengo ninguna duda de que he sufrido una campaña de persecución y ensañamiento, pero no es el momento de señalar a nadie, todo llegará. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que un grupo empresarial que paga en torno a 90 millones de euros al año entre Seguridad Social y Hacienda, ponga en riesgo su propia continuidad empresarial decidiendo defraudar un millón y medio de euros al año, cuando tenía un ebitda en torno a ocho millones de euros al año. Para mí está claro, pretendían sacarme del mercado y forzar el cierre patronal. Y lo que me sorprende es que Hacienda y la fiscal les compraron la leyenda urbana.

Seguridad Integral Canaria no es la única empresa que ha gestionado. ¿Cómo ha repercutido este procedimiento judicial en el resto de sus negocios?

Como podrá comprender, no ha sido nada fácil. Pero, afortunadamente, he tenido la solvencia económica necesaria para seguir adelante con mis otras empresas, pero es obvio que si hubiese tenido el apoyo financiero que me daban antes los bancos tanto mi proyección como mi dimensión empresarial actuales serían muy superiores.

Esta no fue la primera vez que pisaba los juzgados. En 2011 fue condenado a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, recibió un indulto que fue anulado, se declaró que las obras eran legalizables y, finalmente, la pena quedó prescrita. Parece que siempre termina absuelto.

Le faltó decir, si quiere ser tan precisa, que el plan general por el que se me condenó no existía, estaba anulado, por lo tanto, se me condenó por un delito que nunca cometí y es de justicia también salir absuelto. Pero he tenido que pisar más veces los juzgados y he salido absuelto también. Vivimos en un país donde la justicia es muy garantista y si no has cometido ningún delito es lógico que te absuelvan. Lo contrario sería injusto.

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La última sentencia anula gran parte de la Instrucción por las maniobras del magistrado Salvador Alba. ¿Cree que si no hubiera interferido en la instrucción del caso habría tenido el mismo desenlace? ¿O ni siquiera habría llegado a juicio?

El magistrado Salvador Alba dijo, y está en la grabación, que yo no había cometido ningún delito y que esta era una causa inventada. El fin era acabar con la carrera judicial de la magistrada Victoria Rosell. Alba me dijo, tal y como consta en la grabación, que la fiscal Evangelina Ríos estaba informada de todo y estaba de acuerdo en pedir el archivo de la causa si yo colaboraba declarando cosas que, aunque no fuesen verdad, a ellos les valía mi testimonio. No lo iban a comprobar. Alba solo actuó de 2010 al 2013, pero la causa abarca desde el 2008 hasta el 2017. La Audiencia no apreció en todos estos años que hubiésemos cometido delito alguno, por lo tanto, no teníamos que haber llegado a juicio.

¿Se considera una víctima secundaria de las actuaciones de Alba para perjudicar a Victoria Rosell?

Evidentemente, querían que yo fuese el brazo ejecutor que acabase con Rosell.

A raíz de este procedimiento, el magistrado fue condenado a seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y revelación de secretos, pero los audios que aportó usted a la causa desempeñaron un papel fundamental. ¿Por qué decidió grabar la conversación?

Era víctima de una extorsión, donde se me estaba obligando a cometer un delito para perjudicar a Rosell. No me quedó otro remedio que demostrar y denunciar lo que estaba ocurriendo. Lo sorprendente es que no juzgaran junto a él a la fiscal Evangelina Ríos, porque para mí, ambos, como dije en el juicio, prostituyeron la causa.

En los audios se le escucha interactuar, con confianza, con magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas como Emilio Moya, ahora recusado de un procedimiento judicial en su contra por su aparente relación de amistad. ¿Cree que es normal que un imputado se reúna en el despacho de un magistrado sin la presencia de un abogado?

Esta grabación se produjo en 2016. Emilio Moya y Carlos Vielba, magistrados de la sección sexta, han emitido más de diez resoluciones en mi contra desde esa fecha hasta la actualidad, a ninguna de las cuales, curiosamente, la fiscal Evangelina Ríos presentó recusación alguna porque le beneficiaban a ella. Lo hace ahora, en esta última resolución dictada por los magistrados Moya y Vielba, porque le perjudicaba a ella en su estrategia procesal contra mi persona ya que los magistrados ahora recusados consideraron que yo no era administrador de hecho de SIC. Pero la prueba de que estaban en lo cierto es que hoy tenemos una sentencia de la sección primera que llega a la misma conclusión que esos magistrados. En mi opinión, es una recusación a la carta, si me interesa no recuso, y si no me interesa, recuso. Es un uso cuanto menos curioso de la justicia. También quiero aclarar que las dos informaciones revelando las dos recusaciones de los citados magistrados pertenecen a una misma causa y no, como se ha pretendido dar a entender, a dos causas distintas. No tiene ningún sentido relacionar el conocer a personas por el cargo que ostento, con una amistad íntima, que según el Tribunal Supremo para que esas amistades se califiquen como tal, tienen que rozar una familiaridad que en este caso no se da. Y, por supuesto, que no es normal que se me cite en el despacho de un magistrado sin la presencia de mi abogado. Pero para poder cometer los delitos que Alba cometió me necesitaba solo con el fin de amedrentarme y pactar las ilegalidades que me propuso. 

¿Y que hablen de forma desenfadada sobre casos mediáticos que siguen en marcha?

Salvador Alba afortunadamente ya no representa a la justicia. Como en todos los órdenes de la vida siempre se cuelan personas que no son merecedoras de tan ilustres y destacados cargos. 

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Volviendo a su absolución, le he escuchado decir en una entrevista que relaciona el voto particular de una magistrada con que su marido es inspector de Hacienda y había revisado con anterioridad su empresa. ¿Solicitó su recusación? ¿Y cuál fue la respuesta, en ese caso?

Efectivamente, casualmente el marido de la magistrada que formó parte del tribunal y que ha emitido un voto particular, es inspector de la agencia tributaria e inspeccionó anteriormente a la empresa Ralons por los mismos motivos que se me estaba enjuiciando en esta causa con Seguridad Integral Canaria. Entonces ese señor me imputó dos delitos fiscales. Cuando declaramos durante la instrucción en el juzgado demostramos en aquel momento, como ahora, que la cuota estaba mal calculada porque nos había imputado dietas y liquidaciones de trabajadores como cuotas defraudadas, exactamente como sucedió en el juicio de SIC. En ese momento demostramos a ese inspector, esposo de la magistrada Herreras, que estaba en un error y tuvo que revisar su informe, concluyendo que no habíamos cometido delito alguno, por lo que la fiscal Evangelina Ríos no tuvo más remedio que retirar las acusaciones. Lo que me sorprende es que además de este hecho muy relevante, no es menos relevante que la magistrada haya tenido que tomar declaración en el desempeño de sus funciones en el plenario a dos peritos de la agencia tributaria, jefes de su marido o cuanto menos compañeros de su marido. Más que solicitar nosotros su recusación, que es opcional por mi parte, y que no la pedimos porque creíamos entonces en su independencia y profesionalidad, era ella la que habría tenido que valorar su deber de abstención por su relación directa o indirecta con su marido y los peritos de la agencia tributaria. 

La Sección Primera de la Audiencia Provincial determina que no hay indicios de que usted siguiera ejerciendo como administrador de hecho de SIC a partir de 2011. ¿Cree que esto va a suponer el archivo de la otra causa que se sigue en su contra y que hace referencia a la gestión de la entidad entre 2014 y 2016?

Sin duda alguna, estoy en esa causa solo como administrador de hecho. Si ya tengo una sentencia que deja claro que no lo era, no tengo que estar en esa causa. 

La Unión Sindical Obrera ya ha anunciado que va a recurrir la resolución al Tribunal Supremo. ¿Confía en que la respuesta sea la misma?

Es normal que mis acusadores recurran la sentencia. Nosotros estamos muy tranquilos y confiados que el TS ratifique el fallo, ya que los hechos probados y la valoración de la prueba que consta en la sentencia son irrefutables.

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¿Cree que con esta sentencia va a cambiar su imagen pública?

Creo que esta sentencia proyecta a la opinión pública el calvario que me ha tocado vivir esta última década. Y, lógicamente, habrá gente que siempre me ha prejuzgado y siempre me prejuzgará. Pero contra los prejuicios no hay razón ni argumento que valga.

Aún queda por resolverse un presunto fraude de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novo Segur Seguridad Privada, por el que le piden otros seis años de cárcel. ¿Defiende que su gestión fue la correcta?

No puedo defender ninguna gestión porque nunca tuve nada que ver con esas empresas. Estoy en esa causa porque, según la fiscal Evangelina Ríos, existen rumores extendidos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de que esas empresas eran mías y para ella es suficiente para imputarme como administrador de hecho. Nunca fui accionista, nunca fui administrador ni apoderado de esas empresas. Un prejuicio más que no atiende a razones.

El último procedimiento en el que aparece su nombre es en el caso Damco, que hace referencia a un supuesto fraude fiscal con los beneficios de la venta de material sanitario durante la pandemia. ¿Se enriqueció como comisionista?

Tengo una empresa que está dada de alta en el impuesto de actividades económicas, entre otras actividades, como intermediación del comercio. Esa empresa firmó un contrato con Damco como intermediario de comercio, con el fin de realizar las gestiones necesarias de logística, comprobación y calidad de las mercancías que se vendían en Canarias. Yo jamás le vendí nada al Servicio Canario de Salud. De hecho, ni me comunicaba con ellos. Ni siquiera hay un email o wasap mío o de mi empresa con el SCS. Por lo tanto, mi papel fue el de cualquier intermediario y cobré por ello. Es Damco el único proveedor directo con el SCS, y no mi empresa. Damco cumplió escrupulosamente con el SCS, satisfaciendo los pedidos que le realizaba y prueba de ello es que se cobraron todas las facturas, una vez que se entregaron las mercancías. Mis beneficios fueron tributados correctamente, según mis asesores. Por lo tanto, cuando tenga que declarar ante su señoría y la fiscal Evangelina Ríos estoy convencido de que quedará todo aclarado con las pruebas que aportaré.

¿Qué va a pasar ahora, señor Ramírez?

Seguiré confiando en la Justicia. Seguiré tomando decisiones empresariales desde la rectitud de intención, asesorado por mis equipos de trabajo. Quiero seguir generando empleo y creando riqueza. Si no me dejan seguir haciéndolo aquí, lo haré en otro lugar. Y no querría acabar sin hacer un llamamiento a los responsables de que no se permita el uso del aparato del Estado para destruir a un contribuyente, porque en mi caso he podido contratar un buen despacho de abogados para demostrar mi inocencia, pero la gran mayoría de ciudadanos no tiene esa posibilidad a su alcance.

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