La vida de Luz Marina Hernández Santana entró en pendiente, en caída libre, hace unos años. Después de su divorcio, la marcha de sus hijos con su exmarido a Fuerteventura, regentó un bar en Lomo Los Frailes, en el distrito capitalino de Tamaraceite. "Allí trabajaba yo sola, pero la crisis económica hizo bajar la clientela y no pude hacer frente a todos los gastos. Pagaba puntualmente a la Seguridad Social, a los proveedores, el alquiler y me fui dejando parte de mi salud, hasta que no pude más". También tuvo que dejar su casa por no pagar lo que adeudaba.
Y se vino abajo. Con su furgoneta de color blanco y de matrícula de dos letras, Hernández Santana se fue a la playa de Arinaga. Allí, cuenta, "en 2008 me concedieron la discapacidad, primero al 80% y ahora al 100%, pero lo fijado en la ley de la dependencia no lo han cumplido, no recibo la ayuda prevista y sufro diversas patologías".
Recibía una paga de 300 euros de Asuntos Sociales y con ella se decidió a comprar una pequeña casita en Arinaga, "pero el retraso en una semana del pago de las últimas cantidades me obligó a dejar la casa y quedarme en la calle. Me fui luego de alquiler, pero con lo que cobraba apenas me daba para vivir y dejé a deber dos meses al arrendador. Le dije que se los pagaría cuando cambiara mi suerte, pero cada vez lo veo más difícil".
Al Ayuntamiento de Agüimes le pidió ayuda para un alquiler social, "pero solo abonaron los dos primeros meses, solicité una vivienda social y nunca tramitaron los papeles, aunque me aseguraban que sí lo hicieron. No lo hicieron y me empadroné en casa de una amiga en Las Palmas de Gran Canaria porque es necesario para solicitar la vivienda, según me dijeron, pero tampoco he recibido respuesta". Así las cosas, lo dice claro: "Las administraciones me quitan la vida". Desde hace cuatro años vive, come, se asea y espera, cada vez más desesperanzada, que su situación cambie. Una vecina le permite ducharse y le guarda los congelados.
Mientras habla, su amiga, a la que conoce desde hace 40 años, pasea en torno a la furgoneta. Antes había mostrado su preocupación por la salud de Luz Marina y muestra su pesar por no poder ayudarla más, ella tampoco nada en la abundancia y comprende su sufrimiento y su desencanto.
Luz Marina Hernández, a la que le han ofrecido ingresar en un asilo, es firme en su negativa: "A mí nadie me jubila y me mete en un asilo, yo solo quiero que la Constitución de la que tanto hablan los políticos se emplee a ayudar a los pobres, no a ellos". Apesadumbrada y con el espíritu de lucha más menguado, sentencia: "Mi vida es cobrar 360 euros y vivir en la calle".
