El Pleno ha aprobado la modificación de crédito que permitirá el pago de la deuda con los 18,8 millones de euros de superávit, lo que supone que el Ayuntamiento de Telde se zafe del Plan de Ajustes que impuso en el 2012 el Gobierno estatal. “Pasamos de ser uno de los municipios más endeudados de España a estar totalmente saneados”, expresó con emoción la concejala de Economía y Hacienda, Celeste López, que añadió que además han podido amortizar los créditos bancarios sujetos a este encorsetamiento económico 13 años antes de lo previsto.
El punto salió favorable únicamente con los votos a favor del Gobierno local, mientras que la oposición se dividió entre la abstención y el rechazo. La edil responsable destacó que de los 18.814.267 euros, un total de 8.430.000 euros irán destinados a amortizar la deuda bancaria; mientras que 2.371.931,30 euros se destinarán al pago de facturas a proveedores y 8.012.335,70 euros a cumplir con los compromisos judiciales de sentencias firmes.
La portavoz del Partido Popular, que prefirió no votar el asunto al igual que Unidas Podemos, recordó que hace apenas tres meses sostenían que Telde no estaba preparado para liquidar la deuda y pedían un aplazamiento del pago. “En ese momento mi partido defendió que se debía pagar y me tildaron de extremista; están siendo incoherentes. Por otro lado, subrayó que “el municipio se libra de esta carga gracias a las medidas tomadas por el PP a nivel nacional”.
Por otro lado, Agustín Déniz, concejal del PSOE, señaló por su parte la negativa de su grupo a aprobar el expediente porque “no nos parece bien que todo el dinero del superávit se dedique al pago de deuda; la situación que estamos viviendo requiere del apoyo de la institución y no se están centrando en las personas”, añadió. Ciuca no se manifestó al respecto, pero también votó en contra tras finalizarse las intervenciones.
La amortización de los créditos permitirá la “mejora de los servicios públicos”
La concejala del gobierno respondió sobre la elevación de este asunto al pleno que “se solicitó al Ministerio un aplazamiento, pero no contestaron y nos aconsejó la interventora que siguiésemos con los pagos” y quiso incidir en que desde este momento se “abre un nuevo horizonte”. Además recordó que librarse del Plan de Ajustes permitirá al Gobierno local redactar un “presupuesto expansivo” para el próximo año, centrado en la mejora de servicios públicos y en desarrollar políticas de carácter social que mejoran la vida de los ciudadanos teldenses.
La sesión ordinaria del mes de noviembre se celebró de forma presencial por primera vez desde que se inició el estado de alarma por la pandemia del covid-19. Por motivos de seguridad, los miembros de la Corporación se trasladaron hasta la Casa Condal para efectuar el Pleno, en vez de realizarlo en las Casas Consistoriales como es habitual, por seguridad. Aunque no podía haber público, los ciudadanos pudieron seguir los debates a través de facebook.
Uno de los asuntos que más controversia causó durante la sesión fue la petición del portavoz de Ciuca, Juan Antonio Peña, de cesar a Lidia Mejías como concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Telde. “Le va a traer mucho problemas”, espetó dirigiéndose al alcalde, Héctor Suárez, tras sugerir que en el área que dirige la edil se están produciendo irregularidades y denunciar falta de transparencia.
Peña había pedido semanas antes la comparecencia en esta sesión de la jefe de servicio del departamento para esclarecer ciertos dudas sobre los últimos expedientes de disciplina urbanística. En concreto, Peña esperaba conocer cuántos se han levantado recientemente y de esos cuáles han sido con ánimo sancionador. Sin embargo, la petición fue denegada ya que debe ser imprescindible que la persona que comparezca ante la sala sea miembro de la Corporación o posea un cargo directivo dentro del Ayuntamiento, según informó el secretario general.
El líder de Ciuca solicita el cese de la concejala de Urbanismo por irregularidades
“Nos preguntamos realmente si ser jefa de servicio no es un cargo de dirección”, sostuvo incrédulo Peña durante su turno de ruegos y preguntas y recordó que ante esta negativa, su formación política solicitaba entonces la comparecencia de la propia concejala en el siguiente pleno. “Espero que lo haga”, alertó el concejal, que desde hace algunos meses describe como “oscurantismo” la actitud que han tomado desde esta área de la administración local.
“Hemos solicitado los expedientes de los años 2018 y 2019, pero nos lo han denegado en múltiples ocasiones y eso es sospechoso”, expresó Peña alarmado, a lo que el propio alcalde contestó con pasividad que “no hay ningún afán de esconder nada, pero tiene que ser más específico a la hora de solicitar expedientes porque entregarlos todos es un trabajo muy complicado”. Aún así el portavoz insistió en que se estaba produciendo algún tipo de gestión irregular y manifestó que “vamos a descubrir lo que está pasando detrás de todo esto, lo que se está ocultando”.
HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTROS ASUNTOS
Los trabajadores municipales verán abonadas en las próximas semanas las horas extraordinarias que realizaron durante los meses comprendidos entre noviembre del año pasado y marzo. El Pleno aprobó por urgencia y por unanimidad una modificación de crédito de 129.234,45 euros para este concepto, asunto que pudo elevarse gracias al consenso del grupo de gobierno con los representantes sindicales. La concejala de Recursos Humanos, Celeste López, agradeció la colaboración a los colectivos de trabajadores. Asimismo añadió que se ha dotado al departamento de una partida de 250.000 euros para hacer frente a los gastos derivados en este concepto en 2021. Otro de los asuntos clave que se aprobó en esta sesión fue la aprobación definitiva de ordenanza contra el ruido, que llevaba sin actualizarse desde hacía más de 20 años. Esta documento permite al Consistorio limitar el horario de actividades tales como la de colocar mesas y sillas en la calle por parte de los restaurantes, suspender temporalmente el permiso o instar a reducir los límites de emisión de ruido. Por otro lado, establece multas de un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 15.000. Finalmente, también se aprobó la renovación del convenio con el Gobierno de Canaria para llevar la gestión del Centro de Mayores de San Gregorio. El concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, explicó que con este acuerdo la institución regional aportará 227..371,92 euros | J. P.
