Juan Antonio Peña, concejal y portavoz de Ciuca – Ciudadanos para el Cambio en el Ayuntamiento de Telde, anuncia que la empresa adjudicataria de la construcción y explotación del complejo deportivo de La Barranquera presentó en diciembre de 2021 la reclamación patrimonial del inmueble y sus servicios por un valor superior a los 35 millones de euros. Un escrito presentado a la alcaldesa y a la Junta de Gobierno que “Carmen Hernández ha ocultado durante todo este tiempo a la ciudadanía, al órgano municipal y a sus propios socios de gobierno”, detalla Peña y añade que “se trata de una reclamación que puede perjudicar gravemente a la salud económica del consistorio y por lo tanto a la prestación de los servicios básicos municipales y al bienestar de la ciudadanía”. Entiende que “la alcaldesa debe comparecer de manera urgente y explicar lo que está sucediendo”.
No lo ve así la institución municipal, que rechaza cualquier indemnización y sigue trabajando "para poner en marcha cuanto antes" la instalación deportiva. Los trámites se encuentran ya en sus últimos coletazos, como muestra la cesión de uso de la red de distribución que aprobará la Junta de Gobierno Local este viernes. Por tanto, la parte que depende de la administración queda culminada con la obra eléctrica del ámbito de La Barranquera, añaden.
El consistorio explica que desde que se otorgó la concesión administrativa para la ejecución y explotación del recinto deportivo, han tenido que afrontar diversos problemas como el fallecimiento del técnico redactor del proyecto eléctrico original, cambios normativos, el periodo de pandemia sanitaria y los normales trámites burocráticos que ralentizan las actuaciones públicas.
El Ayuntamiento entiende que en ningún caso tiene razón de ser esta reclamación, toda vez que aún no existe ninguna autorización de la Junta de Gobierno Local para la puesta en funcionamiento de la instalación, pendiente de temas eléctricos –tanto de media como de baja tensión- que dependen, entre otros, de la propia empresa reclamante.
También aclararan que "la empresa no ha expresado intención de renunciar al contrato". Por tanto, agregan, "no parece razonable plantear una indemnización a cargo del futuro periodo de la explotación, lo que se llama lucro cesante, cuando a efectos legales la explotación no ha iniciado su vida administrativamente hablando". Los servicios jurídicos municipales estiman que la concesionaria no tiene derecho a ninguna indemnización puesto que aún no dispone de autorización administrativa para poner en marcha la concesión.
La reclamación de la concesionaria corresponde a su inversión más el supuesto lucro cesante durante los 40 años que dura la propia concesión. Sin embargo, el referido lucro cesante, si procediera, debe empezar a calcularse a partir del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en el que se apruebe la puesta en funcionamiento de las instalaciones, y siempre que, a partir de ahí, el complejo deportivo no se ponga al uso por causas achacables a la administración.
El portavoz de Ciuca, en cambio, considera “inadmisible” que desde diciembre y hasta la actualidad la alcaldesa no haya dado a conocer esta situación a la ciudadanía y a los miembros de la corporación, “siendo más grave que no haya encargado un informe jurídico y técnico al respecto y dado respuesta a la empresa”. Es por ello, que según Ciuca “la empresa ya ha emprendido acciones judiciales y el asunto está en los tribunales desde el pasado mes de junio”.
Una reclamación patrimonial que justifica la empresa por “la falta de palabra y gestión del gobierno municipal, que garantizó la puesta en marcha de la instalación y su correspondiente suministro eléctrico”. Peña recuerda que “el gobierno municipal disponía de fondos del FDCAN para realizar la dotación eléctrica de toda la urbanización de Araúz y no lo ejecutó y a día de hoy el problema eléctrico sigue estando vigente”. Por todo ello se alega el pago de la construcción del inmueble deportivo y las pérdidas económicas desde que se finalizaron las obras hasta la actualidad.
Una apertura que ya no es interesante para la empresa
Juan Antonio Peña pide que la alcaldesa explique el pronunciamiento de la empresa que reclama “el total de la inversión verificada hasta el día de hoy en el centro, pues su apertura retrasada no es ya interés para la empresa”, y que concrete “si significa que la empresa entrega el inmueble al consistorio y desiste de su explotación”.
Entiende que “existen muchos interrogantes en el aire que la primera mandataria debe contestar”, y que “de efectuarse la reclamación patrimonial, que además deberá incluir el tiempo retrasado y los intereses si se sentencia a su favor, supondrá un perjuicio muy grave para las arcas municipales”.
Explica que “todo el procedimiento y la responsabilidad es del gobierno de Carmen Hernández y de Nueva Canarias, quienes han estado al frente de la institución desde la construcción del complejo deportivo”. Argumenta que “la alcaldesa nunca ha sido clara ni transparente con La Barranquera, y más grave aún, siendo conocedora de esta grave reclamación desde diciembre de 2021, hace unas semanas declaró que la apertura del polideportivo se iba a producir de manera inminente, una mentira más de la alcaldesa”.
Muy ocupada en Tenerife
Ciuca sigue sosteniendo que la doble condición de Carmen Hernández de parlamentaria y alcaldesa de Telde está suponiendo “una despreocupación importante por los problemas de la ciudadanía y que desgraciadamente está pasando más tiempo en Tenerife que en el propio municipio” y esto supone “una dejadez en temas tan importantes como los citados”.
Entiende que Carmen Hernández “hará las manifestaciones oportunas” nada más conocer el comunicado de Ciuca, aunque teme que “lo hará por detrás, mandado a sus cargos de confianza a filtrar la información interesada, sin dar la cara, como siempre”. De no ser así, “Ciuca pedirá la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces e iniciará los trámites oportunos para conocer los entresijos de este tema tan grave”.
