Un juzgado de Telde investiga un posible delito medioambiental en el vertedero de Hoya Caldereta
El exconcejal de Limpieza, Eloy Santana, y técnicos municipales y de la empresa ya han sido citados como investigados
El alcalde y José Reina, el particular que denunció los hechos, declararon como testigos el 13 de febrero
Imagen de archivo de una parte del vertedero de Hoya Caldereta / LP / DLP
La titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Telde, Cecilia López, ha iniciado una investigación para dirimir si se ha cometido algún delito medioambiental en la gestión del vertedero de Hoya Caldereta, en Jinámar, cuyo cierre definitivo fue ordenado por el Gobierno de Canarias en julio de 2022.
En esta sala se han unificado dos denuncias relacionadas con este planta de procesado de material de obra, una presentada por el propietario de los terrenos aledaños, José Reina, y otra impulsada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a raíz de la denuncia presentada previamente en este organismo y en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por el alcalde, Juan Antonio Peña, cuando era concejal de la oposición.
Precisamente el particular denunciante, José Reina, y Peña declararon como testigos el 13 de febrero en condición de testigos, según han informado algunas fuentes cercanas a esta investigación, mientras que el exconcejal de Limpieza, Eloy Santana, el jefe de servicio municipal y técnicos de la empresa concesionaria del vertedero, fueron citados para el 20 de febrero por el Juzgado número 3, que aplazó sus declaraciones para inhibirse y centrar todo el procedimiento en el 1.
Vertidos ilegales en parcelas privadas de Hoya Caldereta / LP/DLP
2.500 metros cuadrados
La denuncia que inició todo este trámite judicial fue presentada en febrero de 2022 en el Juzgado número 1 por el expropietario del terreno que albergaba este vertedero de residuos inertes de la construcción y dueño de terrenos aledaños, que alegaba que la UTE Reciclaje de Escombros Canarias estaba ocupando suelo de su propiedad, concretamente 2.500 metros cuadrados, acusando a los responsables empresariales y a la persona que ocupaba entonces la Alcaldía, Carmen Hernández. Por su parte, Juan Antonio Peña alertó de este posible hecho a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y del Seprona, organismo este último que trasladó sus pesquisas al Juzgado número 3. Sin embargo, según la información a la que ha tenido acceso este periódico la exregidora no ha sido notificada ni citada aún en ninguno de estos dos procedimientos que ahora se unifican.
Informe de Urbanismo
De hecho un informe elaborado por Disciplina Urbanística en colaboración con la Unidad de Drones de la Policía Local confirmaba que la UTE había ocupado con los vertidos terrenos de Reina, un suelo que, por otro lado, está en un espacio natural protegido.
La Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias remitió el 9 de mayo de 2022 un escrito al Ayuntamiento de Telde ordenando el cese del vertido en el vertedero de Residuos inertes de Hoya Caldereta y a presentar el correspondiente proyecto de sellado y clausura del mismo. Esta instrucción se basaba en un decreto de julio de 2020 que establecía que las explotadoras de los vertederos debían solicitar al órgano competente del Gobierno de Canarias, en un plazo de doce meses, una revisión de su autorización. Después de este plazo, había otro de 36 meses para que el Gobierno respondiera.
El Ayuntamiento contrata un servicio de asesoramiento
El Ayuntamiento de Telde ha contratado un servicio de asesoramiento sobre el expediente del vertedero de Hoya Caldereta. Concretamente, formalizó un contrato menor con Consultoría & Asesoría Canaria S.L., la única empresa que se presento a este procedimiento de contratación, por un total de 4.999 euros, una cifra que coincide con el coste inicial de licitación. Con este servicio el Ayuntamiento quiere estudiar cómo proceder a la reclamación del canon por el uso de las instalaciones que no ha abonado la UTE.
Fuentes municipales explican que según las condiciones del pliego de la concesión a la UTE formada por Construcciones Rodríguez Luján, Transportes Cerrillal y Félix Santiago Melián era la entidad encargada de solicitar cuantos permisos y autorizaciones administrativas fueran necesarias, pero no lo hizo, por lo que la prórroga de ocho años concedida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en 2018 dejaba de estar vigente.
El vertedero de Hoya Caldereta logró una autorización del Gobierno de Canarias para gestionar escombros y deshechos de la construcción en un suelo que fue expropiado a Reina y que albergó hace dos décadas una planta de extracción de áridos. Con la gestión de estos residuos se pretendía restaurar, en parte, el paisaje del entorno rellenando las oquedades existentes.
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