El Gobierno de Canarias anuncia acciones judiciales contra el Estado si Costas no da marcha atrás en el deslinde de Salinetas

El Gobierno de Canarias anunció este lunes que recurrirá en los tribunales el proyecto de deslinde del dominio público terrestre de Salinetas, en Telde, propuesto por la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de enero si se agota la vía de la negociación administrativa. Por su parte, el Estado publicó el mismo día correcciones materiales del proyecto inicial que modifica los vértices del trazado, si bien no se adjuntan planos. 

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, que afirmó que el Ejecutivo canario "no va a parar" en su intento de defender a las personas afectadas por el trazado diseñado "con prismáticos" desde Madrid que es "un absoluto disparate" y reivindica las competencias de Canarias para establecer el deslinde de la costa, asegura que «la posición del Gobierno será la misma a la espera de que se estudien los cambios» incorporados por Costas y se conozca «si son parciales o si se ajustan a lo solicitado» por Canarias.  

Los vecinos de Clavellinas y Salinetas, con incertidumbre por el deslinde

En ese sentido, apuntó Rodríguez, el deslinde que el Gobierno español quiere fijar como definitivo para los 1.514 metros lineales de esta zona del litoral teldense "invade zonas fuera del dominio marítimo-terrestre, zonas privadas consolidadas y edificios que ya no existen".

Oposición desde el principio

Ya en enero, tras la publicación en el BOE, el director general de Costas de Canarias, Antonio Acosta, mostró la disconformidad del Ejecutivo canario con este deslinde y anunció el inicio de actuaciones para que el Estado diera marcha atrás y propusiera otro trazado, al considerar que se podían mejorar las condiciones de algunas de las viviendas afectadas. De hecho, a finales de 2022 el Gobierno regional había informado negativamente sobre el documento y había propuesto modificaciones que podrían beneficiar a los vecinos de este barrio, pero no obtuvo respuesta de Costas.

Ahora, anunció Pablo Rodríguez, "se da el paso inicial, que es la vía administrativa con un recurso al Ministerio para que corrija el proyecto y abra un proceso de negociación". En caso de que el Estado no escuche las demandas canarias, el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional.

El Gobierno canario, en contra del deslinde marítimo terrestre entre Melenara y Salinetas

Consejo de Gobierno

Para ello, el Consejo de Gobierno autorizó este lunes a sus servicios jurídicos iniciar acciones judiciales contra el Estado "ante la falta de atención al requerimiento formulado el 11 de marzo de 2024 por el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico".

El Gobierno de Canarias considera que este nuevo deslinde no tiene justificación "razonable y suficiente" y que el nuevo expediente "no ha servido para resolver y dar amparo a la situación de algunos afectados en esta zona del litoral".

Las viviendas afectadas por el deslinde quedan fuera de la legalidad, parcial o totalmente, dependiendo el caso. No obstante, aclara Pablo Rodríguez, quedarían sujetas a una moratoria que las salva de la demolición inmediata durante un plazo que los vecinos calculan que ronda los 60 años. Otro de los efectos es la limitación para hacer obras de mejora o ampliaciones, puesto que las licencias de obra deben estar sujetas a este trazado y obligarían al retranqueo o prohibiría los trabajos.