Una de las principales quejas que la bancada popular hizo llegar ayer al consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, es el exceso de normativa a la que se enfrenta el sector turístico. Esta nueva ley sería la quinta en vigor que regula el principal sector de la economía canaria. "El resultado para cualquier inversor es que, con tantas pegas, se llevan su dinero a otro lado", señaló el diputado autonómico Miguel Jorge Blanco.
El propio Pedro Martín, que fijó la posición del Grupo Socialista en el debate de ayer sobre la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra el Proyecto de Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, coincidió al analizar el panorama de exceso legislativo. "Podríamos aprovechar la ley de directrices para refundirlas" en una única norma, señaló el parlamentario del PSC.
La Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias es la que cuenta con más años en este ámbito. A ella siguió la Ley 6/2001 de 23 de julio de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias y dos años más tarde la Ley 19/2003 de 14 de abril de Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. Hace tres años, se sumó a la panoplia la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo. Cuatro y una por llegar.
Hay más
El recuento es generoso porque excluye otras normas como la Ley 6/2002 de 12 de junio sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, y la 2/2012 de 8 de mayo que ampliaba el periodo de vigencia de la 6/2009.
El propio Berriel no descartó acometer un proceso para refundir varias normas. "Primero hay que hacer las normas y luego se refunden", señaló el consejero y explicó que no supone ningún problema añadir una disposición final para habilitar al Gobierno a iniciar ese proceso. Sobre cómo podría abordarse dicha cuestión, Domingo Berriel estimó como "lo más adecuado" hacerlo mediante la Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente que en breve remitirá el Ejecutivo al Parlamento."Es una ley que contempla que se refunda todo este marco normativo", explicó el consejero.
Otro de los aspectos criticados por el PP es la "tabla rasa" que establece la nueva normativa. "No es lógico medir a todas las islas por el mismo rasero cuando algunas tienen su desarrollo turístico ya completado", explicó el parlamentario regional del PP Miguel Jorge Blanco desde la tribuna de oradores de la Cámara regional.
