Un reciente estudio sobre la necesidad legal de cifrar la información y los datos personales revela que nueve de cada 10 ayuntamientos en España son vulnerables a los ciberataques. Las medidas de seguridad son insuficientes a pesar de que se cumple la normativa vigente. Ahora se estudian las soluciones que podrían mitigar estos riesgos para los ciudadanos y para las instituciones.